Por Tulio Ramírez
Introducción
El tema de la igualdad
de oportunidades vuelve a la mesa de discusión de los profesionales de las
ciencias sociales. La irrupción del igualitarismo en la retórica de los
enemigos de las sociedades de libre mercado y democráticas, ha arrinconado bajo
el remoquete de neoliberal excluyente, a uno de los principios constitutivos
del ethos de las sociedades capitalistas, como lo es, el de la
igualdad de oportunidades.
La narrativa
anticapitalista ha intentado restarle fuerza progresista al término que señala
la obligación por parte de las sociedades, de garantizar las libertades y
condiciones que hagan posible el desarrollo del potencial de los ciudadanos,
para lograr por sí mismos los niveles de bienestar y progreso que sean capaces
de lograr, sin más limitaciones que sus actitudes, aptitudes y las regulaciones
que evitan el atropello a terceros en esa carrera hacia la prosperidad.
Al imponerse en esta
narrativa lo colectivo sobre lo individual, se supedita toda iniciativa al
logro del bien común. Así, la educación, mecanismo clásico y efectivo de
movilidad social ascendente, se le asigna la misión de formar ideológicamente a
las nuevas generaciones en valores que garanticen el apoyo a un proyecto
político con vocación de mantener a perpetuidad el poder político.
Uno de estos valores es
el del “igualitarismo”. Más que un valor sería la eterna promesa que saldaría
las desigualdades generadas por el sistema capitalista.
Ahora bien esta
retórica no es exclusiva de los socialismos ortodoxos. Ella ha trasvasado esas
fronteras y se ha enquistado en los proyectos populistas como una de sus
insignias más eficaces para lograr la simpatía y apoyo de las masas.
En este escrito
analizaremos el caso venezolano, con la idea de hacer seguimiento a la
transición de lo que podríamos denominar un modelo político con vocación de
bienestar social e impulsor de la igualdad de oportunidades a un modelo
político socialista con ingredientes populistas, que ha hecho que la educación
haya dejado de ser el mecanismo más eficiente de ascenso social en Venezuela.
Igualdad de
oportunidades. Diferentes enfoques
La sociología no
marxista ha desarrollado de manera muy abundante el concepto de igualdad de
oportunidades. El desarrollo conceptual de esta noción en el ámbito de las
ciencias sociales se originó por la evidente situación de desigualdad que trajo
aparejado desde sus orígenes, el sistema capitalista de producción.
La desigualdad se ha
abordado desde diferentes ópticas. Autores como Weber[1], la estudiaron desde el punto de vista
del estatus que ocupa la persona en la sociedad, Parsons[2] por su parte la abordó desde
el prestigio, Dahrendorf[3] desde la desigualdad generada por
el poder y la autoridad y Lensky[4] desde el concepto de privilegio.
Por su parte Marx[5], analiza el tema como una consecuencia
de la propiedad o no de los medios de producción.
Con independencia del
abordaje teórico, lo que está en claro es que la presencia de la desigualdad
entre los hombres obliga, bien por razones económicas, éticas, o políticas, a
pensar en las compensaciones necesarias para minimizar o eliminar
definitivamente la enorme brecha entre los que tienen y los que no tienen como
procurarse un ciertos niveles adecuados de vida..
Dependiendo del enfoque
y el diagnóstico sobre las causas de la desigualdad, se racionalizaron y
propusieron soluciones de diferente tenor. Por ejemplo, los marxistas ortodoxos
proponen que la solución pasa por la extinción de aquello que provoca la desigualdad,
vale decir, eliminar el régimen de propiedad de los medios de producción. De
esta manera se socializa la propiedad, administrándose la riqueza a través del
Estado “una vez se apoderado por la clase históricamente oprimida”. Por
supuesto, esta situación se mantendrá hasta la llegada del comunismo cuando
desaparecerá el Estado y la igualdad entre los hombres sea la norma y no la
excepción.
Un enfoque más
compensatorio asume que las desigualdades son efectos colaterales de un sistema
social y económico que privilegia el libre albedrío y la libre competencia,
sobreviviendo aquél que posea mejores aptitudes y actitudes para ser exitoso.
Desde este enfoque, la lucha contra la desigualdad se emprende desde la
generación de igualdad de oportunidades para que todos, con independencia del
lugar que ocupen en la escala social, pueden acceder con base a su esfuerzo, a
la riqueza y al bienestar. Vale decir, que el lugar que ocupa hoy, no determine
el que ocupará mañana.
Así entonces, el
binomio desigualdad-igualdad ha ocupado el pensamiento y la acción política. Un
dato importante es que a pesar de que los diagnósticos son diferentes y las
alternativas de solución por consiguiente, también diferentes, hay un elemento
en común, a saber, el reconocimiento de la existencia de la desigualdad y la
necesidad de revertirla o minimizarla.
Nos centraremos, por
ahora, en la óptica marxista. Es evidente que el socialismo real, inspirado en
el marxismo-leninismo, más que hacer desaparecer la desigualdad ha generado
otro tipo de desigualdades tan perversas como las que generó el liberalismo
capitalista más radical. Las evidencias históricas han demostrado que en ese
tipo de regímenes se crea una Nomenclatura Parasitaria del Estado que
usufructúa las riquezas generadas por una población que está muy alejada de las
mismas.
Así, tras una retórica
que justifica la desaparición de las clases sociales en aras de la igualdad
entre los hombres, se esconde un modelo político que se perpetúa en el tiempo,
gracias al cercenamiento de las libertades y la dependencia a un Estado que
distribuye la pobreza y alimenta la dependencia de los individuos, al gobierno.
Esa propaganda
igualitarista que genera en las masas una ilusión de mejor porvenir, luego se
mantiene en impecable y afinado uso. Los argumentos para justificar la no
concreción de la igualdad giran en torno a dos ideas siempre presentes en los
discursos oficiales: a) se logrará la igualdad una vez concluido el eterno
proceso de “construcción del socialismo”; b) no se ha logrado la igualdad debido
a “los ataques generados por los enemigos de la revolución”. Esta profecía
nunca cumplida es lo que he dado en llamar el “igualitarismo retórico y
utópico”. Es una suerte de promesa eternamente incumplida, que ha servido como
chispa para tumbar regímenes y, una vez derrocados, como combustible para
mantener la esperanza de los que menos tienen.
Desde otra óptica, la
democracia como modelo político ha supuesto una variedad de posiciones en torno
al tema. Estas van desde el liberalismo más radical hasta las recientes
corrientes más asistencialistas.
La tradición liberal
sostiene que el tema de la desigualdad es naturalmente consustancial al modelo
de sociedad basado en el libre mercado. En un mundo donde impera la libre
competencia, la supervivencia del más apto es lo que determina la desigualdad.
En su esfera de libertad los individuos optan o no por competir. Así, los que
compiten contribuyen al progreso de la sociedad, amén de su progreso
individual. Los que no compiten o no tienen las aptitudes para ello, pasarán a
formar parte de la rémora natural de un sistema que no les negó la libertad de
competir.
Posiciones menos
radicales sostienen que la igualdad social en un sistema de mercado se logra
cuando las oportunidades, en principio, están abiertas a todos. Así, se
introduce junto al concepto de igualdad social, el concepto de igualdad de
oportunidades, aludiendo éste, a la libertad que la sociedad le brinda al
individuo para desarrollar todo su potencial para insertarse en el circuito
económico y lograr riqueza y bienestar social[6],
Desde esta mirada la
sociedad de mercado garantizaría el desarrollo individual desde el paraguas de
la libertad. El éxito estaría basado en la acción individual y en la
desregulación de todo lo que podría impedir el desarrollo de ese potencial.
Desde esta lógica todos salen a competir en las mismas condiciones, siendo las
diferencias individuales las que determinaran el éxito de unos y el fracaso de
otros. La desigualdad seria el efecto naturalmente colateral de esta dinámica
de ejercicio de la libertad.
Frente a esta clásica
visión se encuentran en el otro extremo, las fórmulas populistas que han
azotado en gran medida a los países latinoamericanos. Para los regímenes
marcados por el populismo el asunto de la igualdad social es el centro del
discurso político. Para Bobbio[7] las fórmulas políticas populistas
son aquellas que consideran al pueblo como un conjunto social homogéneo y como
depositario exclusivo de valores positivos, específicos y permanentes, siendo
fuente principal de inspiración y objeto constante de referencia por parte del
líder. El discurso populista no necesita como intermediario a las
organizaciones políticas, aunque ellas existan y sean la base organizativa del
líder carismático.
América Latina fue en
su conjunto un caldo de cultivo para el desarrollo del populismo. Países cuyas
guerras de independencia, se forjaron por ejércitos improvisados al mando de
Generales provenientes de las clases oligárquicas, quienes, para atraer a sus filas
a campesinos sin tierras, prometieron tierra, pan y trabajo. La esperanza de
lograr la tierra más que la independencia, fue lo que configuró un esquema
populista de hacer política desde los primeros momentos de las nacientes
repúblicas.
Esta cultura política se extendió por todo el siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX cuando fueron derrocadas las Dictaduras Militares y se instauraron regímenes democráticos en toda la región. Este cambio del modelo político no supuso la desaparición del populismo como estrategia para captar voluntades. Por el contrario, se exacerbó como consecuencia de la necesidad de cautivar a las masas para hacerse de sus votos en las nacientes contiendas electorales.
Ahora bien, el
populismo debe ir acompañado, además de la retórica llena de promesas de
redención social, de un mecanismo de distribución para mantener la ilusión de
cumplimiento de lo prometido a “las masas desheredadas”. Se echa mano al
precario tesoro público para la repartición de dádivas sin exigir compensación alguna,
más allá de la fidelidad al líder y al Partido, creándose una vinculación de
dependencia de las mayorías empobrecidas con respecto al gobierno.
Los modelos populistas
tienden a ser de frágil sostenibilidad ya que su gobernabilidad reside en una
política distributivista que no incentiva la emprendeduría individual ni la
inversión de capitales. Esta estrategia unida a eventuales expropiaciones para
satisfacer la promesa de “dar duro a los explotadores”, crean un ambiente de
inseguridad jurídica que ahuyenta cualquier posibilidad de inyección de
capitales nacionales o extranjeros.
Para los regímenes
populistas la desigualdad social se combate distribuyendo entre los que no
tienen, la riqueza generada por la explotación de los recursos naturales que
están en manos del Estado, por la imposición de impuestos exagerados a los que
generan riquezas o la confiscación de bienes y propiedades para luego ser
repartidas de manera graciosa. El resultado, son sociedades empobrecidas, con
altos niveles de desempleo y deficientes servicios públicos. Estos regímenes
cuando no pueden satisfacer sus promesas por falta de recursos, tienen que
recurrir a la represión para sortear los reclamos y protestas de una ciudadanía
acostumbrada a recibir todo de parte del Estado.
Ahora bien, el
populismo desarrollado en el marco de sociedades con regímenes democráticos
caracterizados por la alternabilidad pacífica del poder, es otra variante. Es
el caso de algunos países centroamericanos que aun no siendo eficientes en la
generación de riquezas ni en el mantenimiento de buenas condiciones de vida de
la población, han podido persistir porque los partidos que han monopolizado la
simpatía de las grandes masas empobrecidas, comparten las mismas prácticas
políticas populistas.
Una tercera perspectiva
es la derivada de los modelos democráticos con enfoque de Bienestar Social. Sus
orígenes se remontan a la explosión de la productividad gracias a las técnicas
tyloristas y fordistas y a la automatización creciente de la industria. El
aumento de la productividad en los Estados Unidos supuso el mejoramiento
sustancial de los salarios, incorporando al consumo a la masa de trabajadores,
con el consabido mejoramiento de la calidad de vida.
Ante el crecimiento de
la riqueza producto del trabajo, se disparó un sinnúmero de demandas sociales
en materia de salud, educación, servicios sociales. En los últimos decenios los
ciudadanos dejaron de demandar únicamente al Estado por la protección de sus
libertades, para exigir garantías de una mayor igualdad social y disfrute de
oportunidades para mejorar la calidad de vida.
La política
distributivista se afianzó en la inversión social más que en el subsidio
directo. Esta es una de las diferencias con el populismo. Se invierte recursos
del Estado para generar condiciones de igualdad dentro de un marco de
libertades que incentiva la iniciativa privada y el desarrollo potencialmente
productivo de los individuos.
Al implementarse
políticas de aseguramiento de servicios sociales universales, se igualan las
oportunidades reduciéndose considerablemente las causas que pudiesen originar
conflictos laborales y sociales por el mejoramiento de las condiciones de vida.
Por supuesto, como en
toda sociedad cuyo Estado debe disponer de suficientes recursos para lograr
ciertos estándares universales de vida, cualquier situación de crisis económica
que reduzca el PIB y por ende la cantidad de recursos gubernamentales por vía
de impuestos, provocará colapsos de estos servicios alterando la paz social en
reclamo de derechos adquiridos interrumpidos o minimizados de manera abrupta.
En estos casos, la
solidez de las instituciones para realizar los ajustes correspondientes y la
madurez de la ciudadanía serán elementos claves para sortear las dificultades
sin que se generen cataclismos políticos importantes.
La democracia
prechavista: apertura y agotamiento de un abanico de oportunidades
Luego de una larga
tradición de gobiernos militares, con una muy breve experiencia de gobierno
civil en 1945, Venezuela arriba a un modelo político democrático a partir de
1958. Una coalición de partidos políticos junto al apoyo de sectores de las
Fuerzas Armadas, lograron desalojar del poder al General Marcos Pérez Jiménez.
Esta coalición una vez caída la Dictadura, organizó elecciones democráticas en
un marco de libertades, progreso e inversión social que se mantuvo en
crecimiento constante durante las primeras dos décadas de gobierno
democráticos.
Durante ese período se
incrementó la tasa de empleo por el surgimiento de nuevas industrias creadas
con la ayuda y auxilio financiero del Estado venezolano. Esto trajo como
consecuencia la migración de la población campesina a las urbes y regiones
industriales, aumentando la demanda de vivienda, salud y educación.
El empleo se dinamizó
gracias a la construcción de carreteras, viviendas e industrias. En materia de
salud, se crea el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, como mecanismo
para atender la salud de los trabajadores, sus pensiones por incapacidad y
jubilación. De igual manera se construyeron escuelas en todo el país para
saldar la deuda de atención educativa a las mayorías que se mantenía desde la
guerra independentista hasta mediados del siglo XX.
Los recursos derivados
de los royalties petroleros apuntalaron el gasto social en la creación de
servicios universales. Para un politólogo como Juan Carlos Rey más que la
instauración de un Estado de Bienestar, se organizó en el país lo que denomina
como un Sistema Populista de Conciliación constituido por “un
complejo sistema de negociación y acomodación de intereses heterogéneos, en el
que los mecanismos de tipo utilitario iban a desempeñar un papel central en la
generación de apoyos al régimen y, por consiguiente, en el mantenimiento del
mismo”[8].
Sin desmerecer tan
interesante apreciación, más bien creemos que se trató de una modesta pero
efectiva política económica de Bienestar Social, implementada en el contexto de
una dinámica política populista como medio para captar el apoyo de sectores
sociales mayoritariamente populares, pero a la vez policlasista por las
alianzas con influyentes elites económicas e intelectuales, para acceder al
poder por la vía democrática.
A nuestro entender se
obtuvieron importantes logros en materia de política social gracias a la renta
petrolera. Los primeros 20 años de democracia post dictadura consolidaron una
clase media robusta y un sector sindical que si bien no era totalmente
independiente de los partidos políticos, desarrollaron una acción
reivindicativa que garantizó condiciones laborales aceptables para la mayoría
de los trabajadores.
Quizás el mayor logro
se obtuvo en materia educativa. Con la democracia se construyó la
infraestructura escolar que todavía hoy persiste en todo el territorio
nacional. En los rincones más remotos se construyó una escuela y en las
ciudades se construyeron los Liceos que permitieron la continuidad de los
estudios de esa gran masa de niños que se incorporó al sistema escolar desde
los primeros años de la década del 60. Para 1958 había poco más de 850.000
estudiantes matriculados en todos los niveles del sistema educativo, esta cifra
aumento en un 496% para 1978, ubicándose en más de 4 millones.
La Fundación Gran
Mariscal de Ayacucho creada en 1975, envió a miles de venezolanos a las mejores
universidades del mundo para estudiar carreras de pregrado y postgrado. Esos
profesionales luego regresaron para dar lo mejor de sí al país.
A la caída de la
Dictadura en 1958 había solo tres universidades públicas (UCV, ULA y LUZ) y dos
universidades privadas (USM y UCAB). Veinte años después las autónomas se
elevaron de tres a cinco con la Universidad de Carabobo y la Universidad de
Oriente. Las universidades privadas aumentaron de dos a quince para 1999 y la
nueva categoría de universidades experimentales dependientes del Ministerio de
Educación, para la misma fecha ascendían a 16[9].
Esta política de
inversión social fue restringiéndose en la medida en que la renta petrolera fue
disminuyendo. A partir del famoso Viernes Negro de febrero de 1983 cuando se
devaluó el Bolívar, moneda que hasta ese momento se encontraba entre las más
fuertes de Latinoamérica, comenzó una prolongada crisis económica que se unió a
una crisis política de legitimidad de los partidos que hasta ese momento se
habían rotado el poder en Venezuela.
La corrupción
generalizada, la pérdida de liderazgo de los grandes partidos, la reducción del
gasto social, el aumento del desempleo, la inflación, el aumento de la
delincuencia y el deterioro progresivo de la calidad de vida fueron, entre
otros factores, los que abonaron el terreno para que buena parte de la
población, viera con buenos ojos los intentos frustrados de Golpes de Estado
protagonizados por Hugo Chávez y luego aportaran los votos suficientes para
llevarlo a la Presidencia de la República en 1998.
Una campaña electoral
con un lenguaje populista, reivindicador y justiciero, cautivó a poco más de
30% de votantes que, ante candidaturas dispersas y un alto porcentaje de
abstención, llevaron al Teniente Coronel retirado Hugo Chávez a la presidencia
de la república. La promesa de “destruir las Cúpulas corruptas”, “freír en
aceite la cabeza de los adecos” y “pagar la deuda social contraída por los
pobres”, abrió un ciclo de luna de miel entre Chávez y los pobres que le
permitió sobrevivir al llamado paro petrolero de finales de 2002, a los sucesos
del 11 de abril de 2002 y al revocatorio de 2004.
Así, Chávez desplegó
una serie de políticas populistas que desde los primeros momentos encendieron
las alarmas a los sectores productivos del país y a la clase política
desplazada del poder. Sin embargo, gracias a la renta petrolera recuperada por
el alza de los precios del crudo, el chavismo pudo capitalizar a los sectores
más empobrecidos gracias a programas sociales en materia de educación,
vivienda, salud y variados subsidios, solo sostenibles gracias a lo generado
por la comercialización del crudo.
En medio de la
distribución populista de la renta petrolera, se implementaron unas
desacertadas políticas económicas que desestimularon la inversión en las áreas
productivas e hicieron migrar capitales a otros países generándose el cierre de
empresas. Las expropiaciones de comercios, fábricas y tierras productivas, la
inamovilidad laboral, el control de los precios y la prevalencia de un discurso
presidencial cada vez más amenazador en contra de la empresa privada, generaron
un clima de inseguridad jurídica y de creciente desinversión, lo que trajo como
consecuencia una prolongada contracción económica.
El período chavista:
¿educar para progresa o para reproducir la pobreza?.
A la muerte de Chávez y
el ascenso de Nicolás Maduro a través de unas elecciones severamente
cuestionadas, la situación económica del país no había mejorado. Por el
contrario, la persistente caída de los precios del petróleo aunado a la
desinversión en la industria petrolera, y la profundización de la política
populista de subsidios y dádivas para mantener el control de la ciudadanía, no
atrajeron capitales para dinamizar una economía que se hundía por el peso de la
corrupción, la deficiente gestión, la hiperinflación y el populismo desangrante
del precario erario nacional.
Para 2017 el salario
mínimo había dejado atrás a los pagados por Cuba y Haití. Para el 2018 los
venezolanos recibían apenas 15,96 dólares al mes por concepto de salario
mínimo, ya era el más bajo de la región, Para enero de 2021 el salario mínimo
ni siquiera llega a pasar de 1 dólar mensual. La encuesta ENCOVI[10] realizada en 2019 revelaba niveles
de pobreza que rondaban el 80% de la población.
El PIB ha venido en
caída libre desde el año 2016. La desaceleración de la economía representaba en
ese año un 44,3% menos que el PIB de 2013[11]. Según cifras del Banco Central de
Venezuela para 2018 la economía venezolana se había contraído en un 15%, por
quinto año consecutivo. Para 2021 se prevé un descenso de 2 dígitos.
Las tasas de inflación
venían creciendo como un tsunami desde 2017. Tal incremento era mayor al 50%
mensual, cerrando cada final de año con un porcentaje mayor al 160%. Esa enorme
ola inflacionaria convirtió a Venezuela en uno de los 3 países con mayores
índices a nivel mundial. Para 2021 se prevé una inflación de 100000%.
En cuanto a la tasas de
desempleo el Banco Mundial señala que el gobierno para 2015 declaró que la
desocupación se encontraba en un 14,02%, El cierre de empresas, las
expropiaciones y la baja productividad aumentó el paro para 2018, en 33,3%. El
Fondo Monetario Internacional[12] por su parte proyectaba en 2019 que
para 2021 Venezuela tendría la tasa de desempleo de 52%. Es de hacer notar que
estas cifras no incluyen el subempleo o los trabajadores temporales e
informales quienes para las estadísticas gubernamentales se encuentran en
condición de empleados.
En cuanto a los
servicios públicos, ya desde el año 2017 comenzaba a escasear el agua, los
apagones se hicieron moneda corriente y el servicio de comunicaciones
telefónicas comenzó a hacer aguas. Es de destacar que para marzo de 2019
Venezuela vivió el apagón más largo de su historia. Fueron entre 5 y 7 días
continuos, dependiendo de las regiones. La falta de mantenimiento e inversión
en nuevas tecnologías hicieron que las fallas en las hidroeléctricas no se
hicieran esperar. En materia de conectividad, nuestro país se ubica en los
últimos 11 países del mundo.
El deterioro de la
educación ya se avisaba desde mediados de la segunda década del año 2000.
Después de una explosión matricular en todos los niveles educativos a partir
del año 2003 por las misiones educativas y el anuncio de una supuesta victoria
temprana en materia de alfabetización de adultos, se verifica que, desde el año
2007, ha descendido de manera considerable la matrícula escolar. El descenso
más grave fue en los grados iniciales donde, según las cifras que aporta la
Memoria Educativa de Venezuela, para 2018[13] se mantuvo un promedio de 3
millones de estudiantes fuera de las aulas.
El cambio a la
educación On line por efectos de la pandemia trajo consigo una disminución
de aproximadamente 4.967.660 estudiantes en todos los niveles educativos, según
cifras aportadas por el Boletín Anual de Memoria Educativa Venezolana editado
en enero de 2021. Esto, sin mencionar que la brecha entre los que tienen acceso
a la tecnología y a la conectividad y los que no la tienen ha ensanchado de
manera considerable la ya existente. Otro tanto tiene que ver con la calidad
educativa, asunto pendiente de evaluar cuando termine la pandemia.
Las medidas populistas
de Chávez en materia educativa desde 2002 se sostuvieron gracias a los altos
precios del petróleo. Su interés fue mostrar estadísticas de matrícula como si
fuesen trofeos de la revolución. Se trataba de emular la propaganda cubana como
el país más inclusivo de la región, mientras que los esfuerzos por ideologizar
la escuela se veían frustrados una y otra vez por el rechazo de la sociedad
civil a las diferentes propuestas curriculares más enfocadas a formar
militantes revolucionarios que a formar estudiantes de calidad.
Las estridencias en
cuanto a logros educativos fue bajando en la medida en que se dejó de disponer
de los ingentes recursos presupuestarios. Junto a la insuficiencia de recursos,
la pandemia ha agudizado la crisis educativa que se arrastraba desde el 2006.
Ya no solo en cuanto al descenso progresivo de la atención escolar, ahora se
suma el ensanchamiento de la brecha entre los que tienen, o no, acceso a la
educación no presencial por no contar con señal, equipos o docentes preparados
en educación On Line. Sin mencionar las altas tasas de renuncias de
maestros y profesores por recibir miserables sueldos que no sobrepasan los 4
dólares mensuales en el mejor de los casos.
En cuanto a las
universidades autónomas la situación es igual de preocupante. La asfixia
presupuestaria ha llegado a niveles límites. Estas instituciones hoy no cuentan
con recursos ni siquiera para reponer bombillos. Los profesores devengan menos
de 10 dólares mensuales y muchos han formado parte de la diáspora. Esta descapitalización
de docentes e investigadores ha resentido la productividad científica en
Venezuela. Para 1998 Venezuela generaba el 4,8% de los artículos científicos
producidos en América Latina y el Caribe[14], para 2020 esta cifra descendió a menos
del 0,3%[15].
En 20 años de
socialismo del siglo XXI, la clase media venezolana se ha empobrecido. La
educación, a pesar de los picos de aumento de matrícula y de creación de nuevas
universidades no ha contribuido a desarrollar mecanismos de ascenso social. Es
pertinente recordar las palabras de un ministro de educación del régimen, quien
en 2014 dijo: “no es que vamos a sacar a la gente de la pobreza para que se
conviertan en clase media y aspiren ser escuálidos”[16]. Con estas palabras se dibuja clara y
nítidamente que la intención de la educación en revolución no es el logro de la
prosperidad.
Una vez culminada la
pandemia, la situación de pobreza generalizada muy probablemente seguirá
estimulando la diáspora de docentes de todos los niveles educativos, así como
las renuncias de estos profesionales para emprender oficios mejor pagados. El
gobierno enfrentará esta situación con la estrategia populista de ofrecer los
cargos docentes a afectos y simpatizantes que no tienen ni la titulación ni las
competencias para serlo. Esto desprofesionalizará la carrera docente, lo cual
haría caer aún más, la ya cuestionada calidad académica de nuestros
estudiantes, desde la educación primaria a la universidad.
Breve comentario para
concluir
La propaganda populista
se fundamenta en la promesa de un igualitarismo “hacia abajo”. Si, según
Chávez. “ser rico es malo”, entonces por simple lógica, se debe concluir que
ser pobre es bueno. Esta aislada frase le anunció a los venezolanos cuál sería
la orientación de la revolución en materia económica y social. Desde esta
lógica “revolucionaria”, los programas sociales “igualitaristas” no son para
salir de la pobreza; son para afianzarse en ella.
Estos programas han
sido financiados con recursos de terceros, sean privados o provenientes del
erario nacional. Esto establece una diferencia con las políticas de bienestar
social que promuevan o garanticen la igualdad de oportunidades a partir de una
inversión financiada por toda la sociedad a través de los impuestos o las
ganancias generadas por las empresas del Estado, pero nunca con base al
arrebato y confiscación de lo generado por la iniciativa privada. Esta es la
gran diferencia entre el populismo y un modelo político democrático,
responsable y con control político por parte de la sociedad a través de las
instituciones del Estado.
Es precisamente por la
falta de este control y la impunidad reinante, que el despilfarro y la
malversación campean en los regímenes populistas. En ellos las instituciones de
control tienden a estar en manos de la Nomenclatura, beneficiándose de las
mieles del poder y haciéndose la vista gorda ante la corrupción imperante.
La necesidad de
mantener el poder a toda costa, una vez dilapidadas todas las riquezas, igualan
a los regímenes ideologizados y dictatoriales como el cubano o el norcoreano
con sus variantes populistas con desraído ropaje democrático, como el
venezolano y el nicaragüense.
En todos estos casos la
misión asignada a la educación es de sedimentar en la conciencia de las nuevas
generaciones, el apoyo necesario para perpetuar esos modelos políticos y no
para lograr que los ciudadanos puedan salir de una pobreza generalizada
consustancial a un sistema político comprobadamente ineficiente en lo económico
y empobrecedor en lo social.
***
Notas:
[1] Max Weber, Economy
and Society (London: Routledge and Kegan Paul, 1970).
[2] Talcott Parsons, Estructura
y Proceso en las sociedades modernas (Madrid: CSIC, 1966).
[3] Ralf Dahrendorf, Class
and Class conflict in Industrial Society (London: Routledge and Kegan
Paul, 1957).
[4] Gerhard Lenski, Power
and Privilege (Princeton University Press, 1966).
[5] Karl Marx, 18
Brumario (Madrid: Alberto Corazón, 1976).
[6] Carlota Solé, “El
concepto de igualdad ante el mercado”, Revista española de investigaciones
Sociológicas I, no. 75 (1996): 21
[7] Norberto Bobbio, Liberalismo
y Democracia (México: Fondo de Cultura Económica, 1996).
[8] Juan Carlos Rey, La
democracia venezolana y la crisis del sistema populista de conciliación, Revista
de Estudios Políticos, no. 54 (1991): 543.
[9] Reinaldo Rojas, Historia
de la Universidad en Venezuela, Rhela 7 (2005): 73-98.
[10] Anitza Freitez
(Coord) Espejo de la crisis humanitaria venezolana. (ENCOVI 2018, UCAB,
UCV, USB). https://www.proyectoencovi.com/encovi-2019
[11] Banco Central de
Venezuela, Indicadores económicos, (2020) http://www.bcv.org.ve/#
[12] Fondo Monetario
Internacional, Perspectivas Económicas Regionales, REO (Octubre
2020). En
https://www.imf.org/es/Publications/REO/WH/Issues/2020/10/13/regional-economic-outlook-western-hemisphere
[13] Memoria Educativa
Venezolana, Indicadores de escolaridad del sistema educativo escolar
venezolano. Enero 2020 a Enero de 2021. Boletín Memoria Educativa
Venezolana (2021). En: http://saber.ucv.ve/handle/10872/20937
[14] Tulio Ramírez y Audy
Salcedo, Inversión y productividad científica en Venezuela. ¿Una relación
inversamente proporcional? Revista de Pedagogía 37, no. 101 (2016):
147-174
[15] Tulio Ramírez, La
universidad autónoma venezolana y su lucha por sobrevivir al socialismo del
Siglo XXI. Cinco propuestas para su rescate, Revista Universidades 71,
no. 83 (2020): 53 a 72. ISSN: 2007-53-40.
[16]Héctor Rodríguez,
Declaraciones en evento del MPPE (2014).
En: https://www.youtube.com/watch?v=Y7jb4koFi1M
***
Tulio Ramírez, Sociólogo,
Abogado, Magíster en Relaciones Industriales, Doctor en Educación,
Postdoctorado en Filosofía y Ciencias de la Educación. Profesor Titular de la
UCV, UCAB y UPEL. Director del Doctorado en Educación de la UCAB.
17-05-21
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