Carolina Gómez-Ávila 27 de junio de 2021
Es tan
profunda la brecha entre quienes —habiendo resuelto sus problemas de
supervivencia— aspiran al poder y el pueblo que aspira a la democracia mientras
lucha por su supervivencia, que los argumentos de quienes han cruzado la acera
política para participar en la convocatoria electoral de la dictadura se han
vuelto insostenibles.
Allí
están, huérfanos de un plan para contrarrestar, al menos, a los «protectores»,
que, si tradujéramos correctamente de la neolengua, deberíamos llamar
«opresores». Consternados, vimos al otrora combativo Américo De Grazia anunciar
que pedirá ser presentado al que a él le corresponda —si y solo si su
negociación incluye ganar la Gobernación de Bolívar, supongo yo— para saber a
quién reclamarle agua, gasolina, gas, electricidad, vacunas y comida.
Así,
al rompe, el pueblo guayanés queda advertido de que a él no podrán pedirle nada
de eso. Peor: en la misma alocución, De Grazia admite no querer poner al pueblo
a protestar ante Miraflores sino ante el tal «protector», con lo cual renuncia
a hacerle oposición al mismo a quien ha llamado usurpador y dictador, como
millones de venezolanos, presentando nuevos adversarios políticos que no son
igual de relevantes.
Los
románticos electorales confían en que los buenos oficios de algunos países
europeos podrían lograr que la tiranía se comprometa a no poner en práctica esa
figura que ya es habitual. Se supone que, en ese caso, el pueblo de Venezuela
deberá creer en el poder de los europeos, porque al que sería firmante del
compromiso no le creemos hace mucho.
Pero,
¿saben los europeos que, antes de los «protectores», el chavismo usó las
figuras de las corporaciones de Estado, con recursos y radio de acción para
neutralizar la capacidad de ejecución y —sobre todo— de crecimiento político de
los gobernadores opositores? Seguramente Henrique Capriles no esté dispuesto a
recordar que Corpomiranda lo ató de pies y manos, impulsando a quien lo
sustituyó poco después en el poder. Ni que, antes de eso, la figura era el Plan
Bolívar 2000, muy nombrado en la historia de la corrupción chavista.
¿Estos
mediadores saben que se ha legislado sobre ciudades comunales y zonas
económicas especiales que vaciarán de poder a los gobiernos municipales y
estatales? ¿Saben que el tribunal más poderoso —el mismo que en cosa de un año
produjo más de medio centenar de sentencias conculcando atribuciones legales a
la Asamblea Nacional 2015— actúa a la orden del grupo en el poder y que tiene
libertad para crear nuevas, interminables, figuras que con el apoyo de la
actual asamblea podrían ejercer idéntica función?
Defender
el voto como principio, es una cosa; defender que, después de que se cuente,
tenga un valor representativo para el pueblo, es otra muy distinta. Pero ya que
hablamos de contar, otra para que los buenos oficiantes no sean sorprendidos en
su buena fe:
¿Por
qué se silencia que el elector venezolano, en la era chavista, no tiene la
opción electrónica de votar nulo? ¿Parece una fruslería? Pero que no haya un
botón dispuesto para tal cosa tiene gravísimas consecuencias, porque el método
previsto (en el numeral 2 del artículo 137 de la Ley Orgánica de Procesos
Electorales, se advierte que se considerará que el voto es nulo cuando «caduque
el tiempo previsto para ejercer su derecho») permite que las personas que estén
en el recinto —muchas de las cuales podrán ver su cédula de identidad—
identifiquen plenamente a ese elector que se tardará un poco más de la cuenta,
dejando claro que está votando nulo.
Esta
ley, creada por el chavismo, convierte al CNE en cómplice necesario del control
social que la dictadura establece sobre la población.
Esto,
que predice persecución política a la libertad de conciencia obliga a
abstenerse de acudir a los centros de votación en los casos en que la decisión
del elector sea votar nulo. No hay una falta más evidente, una clara violación
de garantías democráticas en el proceso electoral. Una que es flagrante y que
permanece impune desde que el chavismo llegó al poder.
Y si
le parece baladí que se viole el secreto del voto, varias veces garantizado en
nuestra constitución nacional, si le parece que eso es irrelevante por el número
de quienes ejercerían ese derecho, es hora de recordar que los derechos humanos
están para proteger a las minorías. Sí, el secreto del voto también es un
derecho humano.
Nadie
que se diga defensor de los derechos humanos puede apoyar un proceso electoral
que viola el numeral 3 del artículo 21 de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos «La voluntad del pueblo es la base de la autoridad
del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas
que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y
por voto secreto u otro procedimiento equivalente que
garantice la libertad del voto».
Si
fuéramos un pueblo consciente y solidario en la protesta por nuestros derechos
humanos, si los defensores de los derechos humanos fueran coherentes con lo que
dicen defender, la protesta sería una abstención masiva hasta que eso se
solucione. En Venezuela, el voto nulo no es secreto. Y como de esa violación
podemos estar seguros, de todas las demás tenemos derecho a dudar. Para
muestra, un botón.
Carolina
Gómez-Ávila
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