Rafael Uzcátegui 19 de junio de 2021
1) Política se
ha convertido en una mala palabra entre nosotros, algo que describe una
actividad realizada con oscuras intenciones. Los venezolanos y venezolanas nos
encontramos agotados y cansados por la situación de país, que no se detiene en
su deterioro. Las expectativas por lograr el cambio del estado de las cosas no
se han cumplido y, en nuestra frustración, responsabilizamos a los políticos
por esta situación. Si bien se han incurrido en muchos errores en la conducción
del movimiento democrático por parte de los partidos políticos, también es
cierto que ellos y nosotros nos hemos enfrentado a una situación desconocida:
el progresivo desmontaje de la institucionalidad democrática. Y, frente a esta
situación inédita, no hemos usado las herramientas y estrategias más eficaces
para lograr el retorno de la democracia. Estos tropiezos del liderazgo
democrático han aumentado, entonces, nuestra desconfianza tanto sobre la
política como sobre los políticos.
Sin
embargo, la palabra política no solo describe la actividad que hacen las
personas dentro de una organización doctrinaria que busca el ejercicio del
poder. La política es cualquier cosa que hacemos las personas
para influir sobre nuestro entorno y generar cambios en el actual estado de
cosas. Y si la política realizada por una persona es
importante, cuando un individuo se asocia con otras para tener mayor capacidad
de influencia, es mucho más eficaz.
Siendo
así, desde esta perspectiva amplia, política es todo aquello
que hacemos las organizaciones de la sociedad civil para el logro de nuestros
objetivos, aunque no queramos nunca ejercer un cargo público.
Si
intentar provocar cambios —en nuestro caso en positivo— es el objetivo de la
política, tenemos que reconocer que todos nosotros y nosotras podemos hacer, y
efectivamente hacemos, política en algún momento de nuestra vida.
2) Si
la defensa y exigencia de nuestros derechos humanos es un acto político en
sentido amplio, aunque no político-partidista, podemos pensar que el
desprestigio de la palabra política también afecta alcanzar
nuestros objetivos, que son la vigencia plena de los derechos reconocidos en la
Constitución y la garantía de otros nuevos. Y esto es tan real que uno de las
metas de los gobiernos populistas autoritarios, como el que ahora tenemos en
nuestro país, es que la sociedad toda desconfíe de sus potencialidades, de su
capacidad de asociarse y resolver sus problemas autónomamente. Es decir, que
los ciudadanos hagan política. Y si la sociedad piensa que es incapaz, por sus
propios medios de aportar a la solución de los problemas que afectan su vida,
estará más dispuesta a entregarle esa responsabilidad a una persona, el
caudillo o el representante máximo del Estado. Está siendo disciplinada para la
delegación.
Desde
1999 hemos sido testigos de cómo todo el aparato de propaganda gubernamental ha
construido un culto a la personalidad, en Hugo Chávez primero y después, aunque
en menor medida, sobre Nicolás Maduro, para convencernos de que disfrutar de
salud o acceder a una vivienda no es un derecho, sino una concesión, casi un
favor, otorgado por ellos. Entonces, durante todo el ejercicio del poder del
gobierno bolivariano ha existido una estrategia sistemática para quitarle
capacidad a la gente y entregárselo a sus élites, a la cúspide del gobierno. Y
aunque esto puede ocurrir mediante mecanismos violentos y de coerción, es mucho
más eficaz cuando son consecuencia de la servidumbre voluntaria, cuando cada
uno de nosotros piensa que la política es sucia y corrupta por naturaleza y,
por tanto, para no ensuciarnos, delegamos y entregamos todo a la élite
gubernamental.
Resumimos:
es cierto que miembros de partidos políticos han incurrido en hechos de
corrupción y, en diferentes ocasiones, sus organizaciones no tienen mecanismos
democráticos de toma de decisiones. Pero el desprestigio de nuestra
potencialidad de asociarnos para resolver problemas, de hacer política en
sentido amplio, es una política de Estado del autoritarismo, con el objetivo de
mantener dividida y fragmentada a la sociedad y que sea incapaz de modificar el
actual estado de las cosas.
3) Los
venezolanos nos encontramos en el peor momento de nuestra historia, por lo
menos la que ha transcurrido desde 1958. La ausencia de democracia y la
emergencia humanitaria compleja se han agravado durante la situación de
pandemia. Siendo un momento extraordinario en nuestra vida, por tanto, demanda
también que como ciudadanos hagamos más que lo que, en circunstancias normales,
hacemos. Esta reflexión no es fácil.
En el
caso de Provea tuvimos muchos años conversando sobre ello, estimulados por
nuestros colegas del movimiento de derechos humanos del Perú, que debido a su
experiencia bajo Alberto Fujimori en los 90 —un gobierno que llegó al poder
mediante el sufragio y posteriormente se transformó también en una dictadura—
desde muy temprano nos compartieron lo que aprendieron durante esos días.
Desde
los primeros signos de la deriva autoritaria bolivariana ellos nos decían, de
diferentes maneras, que cuando en un país ocurre un quiebre de la
institucionalidad democrática las organizaciones de derechos humanos deben
asumir un rol político. Un rol político en sentido amplio, como hemos venido
explicando, no político-partidista. Y este rol político consiste, en pocas
palabras, en sumar esfuerzos con otros sectores de la sociedad para lograr que
retorne de la democracia. Esto nos exige, en nuestro caso, hacer más que lo que
usualmente hacemos. Y seguramente contamos con recursos limitados y ya estamos
desbordados de exigencias. Pero, lamentablemente, la gravedad de la situación
lo amerita.
Como
nos lo explicaron nuestros colegas peruanos este trabajo político, en sentido
amplio, no es solamente sumarnos a los esfuerzos de articulación por el regreso
de la democracia que ya existan, sino que, si es necesario, convertirnos en
actores clave en la apertura de nuevos espacios de confianza que permitan al
resto de los sectores ponerse de acuerdo. Aunque se han visto casos,
generalmente quienes participamos en una ONG o en una organización social o
comunitaria no tenemos vocación de ejercer el poder en un cargo público, y esto
nos otorga un nivel de reserva moral que pudiera darnos la legitimidad de
convocar o reforzar espacios de articulación cuando, por el desgaste del
conflicto, pareciera que no fuera posible que los representantes de los
partidos políticos pudieran actuar juntos.
Porque
cuando un ciudadano o ciudadana interviene en los asuntos públicos, es decir, hace
política, no quiere sustituir el rol del liderazgo partidista sino precisamente
generar las condiciones para que puedan cumplir de manera correcta con su
trabajo de gestión de lo público.
4)
Hacer política desde una organización social o comunitaria tiene sus riesgos.
El más importante es no mantener la separación entre política, en sentido
amplio, y política partidista, por lo que la identidad ideológica o partidista
termina por sustituir o sobreponerse a nuestra identidad como activistas o
defensores de derechos humanos.
Para
poder mantener los campos claramente delimitados debemos actuar siempre con
base en nuestros principios. En el caso de los defensores y defensoras, los
principios en derechos humanos: universalidad, interdependencia, indivisibilidad
y progresividad, como los más importantes. Nuestra manera de pensar y razonar
debe ser, en todo momento, desde los lentes de los principios en derechos
humanos. Desde esta mirada aportaremos al conjunto de esfuerzos por el rescate
de la democracia, que son realizados por miradas desde otros lugares y bajo
otras prioridades.
Aclaramos
que desde los derechos humanos se pueden hacer dos tipos de esfuerzos: el del
activista y el del defensor. Un activista, en este caso, decide defender los
derechos humanos de un sector o de un grupo de personas, la mayoría de las
veces de la organización a la que pertenece o de quienes le son afines
ideológicamente. Por tanto, decide racionalmente no defender los derechos de un
determinado grupo de personas. En cambio, un defensor o defensora de derechos
humanos debe defender a todos, sin ningún tipo de discriminación, en virtud del
principio de universalidad. Está obligado a ser solidario sin mirar a quién.
Para
ejemplificar podemos decir que Alfredo Ruiz, en su papel como defensor del
pueblo, solo defiende los derechos de quienes a) se identifican con el chavismo
y b) apoyan o, por lo menos, no critican al gobierno. Por tanto, es un
activista de derechos humanos. No es un defensor. Los activistas son
necesarios, pero cuando se dice que uno es un defensor, se debe actuar
coherentemente.
Por
otro lado, un defensor o defensora de derechos humanos, en el ejercicio de sus
derechos políticos, puede simpatizar o estar inscrito en un partido político
determinado. Sin embargo, en todo momento, su principal identidad es la de ser
un defensor o defensora de derechos humanos, por lo que no dudará ni un segundo
en defender los derechos de quienes adversan a su partido o tampoco debe
titubear en denunciar las violaciones de derechos humanos en las que se
encuentren involucrados funcionarios que representan al partido de su
preferencia. Esto es actuar siempre guiado por los principios y no por las
preferencias políticas. El día de mañana los defensores y defensoras de
derechos humanos deberán defender, por ejemplo, el derecho a la defensa y al
debido proceso de Nicolás Maduro en caso de que deba responder por sus
actuaciones frente a un tribunal. No es una tarea fácil, pues los defensores
también somos humanos, pero para no flaquear en nuestro trabajo siempre debemos
aferrarnos a los principios y valores presentes en la Declaración Universal de Derechos Humanos.
5)
Desde la sociedad civil hemos aprendido, paulatinamente, a hacer política en
sentido amplio. El promover una identidad propia, en medio del conflicto, nos
ha obligado a cuestionar el chantaje unitario y hacer cuestionamientos a las
diferentes autoridades cuando ha sido necesario. Tampoco ha sido sencillo y
hemos tenido que extraer, para ello, enseñanzas de nuestros propios errores y
silencios. Luego de tantos años en hacer causa común contra el autoritarismo,
un hito importante de este ejercicio autónomo de política en sentido amplio fue
cuando se interpeló la instrumentalización de la ayuda humanitaria, en febrero
de 2019. Eso nos dio la suficiente autoestima para rechazar, a su vez, el
llamamiento insurreccional en las inmediaciones de La Carlota, meses después.
Cuando
llegó la pandemia a nuestro país no había vuelta atrás en la práctica
autonómica, por lo que se les exigió a las diferentes autoridades que colocaran
en primer plano el bienestar de la población e hicieran un alto en el conflicto
para orquestar la mejor respuesta posible al coronavirus.
Recientemente,
a pesar de que era impopular, un sector de la sociedad civil siguió siendo fiel
a sus principios sobre la resolución pacífica y negociada del antagonismo y fue
clave en la designación de nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral
(CNE). Seguramente se cometerán otros errores, pero quienes desde la ciudadanía
han comenzado a hacer política en sentido amplio, han decidido asumir en
primera persona las riendas de su destino.
6)
Actualmente existe una importante crisis de representatividad en la población,
la cual desconfía de que los voceros políticos opositores puedan lograr el
retorno de la democracia y la vigencia plena de la Constitución. El
autoritarismo piensa que neutralizando a la clase política detendrá, por otra
parte, los esfuerzos de promoción de la transición a la democracia. En este
esfuerzo los ciudadanos, y quienes participamos en organizaciones sociales y
comunitarias, tenemos un rol que cumplir, por lo que si nos asociamos para
actuar políticamente, estos esfuerzos por volver a la democracia seguirán por
diferentes vías.
Queremos
que la clase política se recomponga, reflexione sobre sus errores y
limitaciones y, finalmente, ejerza su rol. Pero anhelamos que eso sea
acompañado, y con la inclusión, del resto de la sociedad, mediante canales de
participación incluyentes y democráticos.
Hoy
tenemos que recoger testimonios y documentar violaciones de derechos humanos
realizando informes para remitirlos a los organismos internacionales de
protección y hacer denuncias públicas. También tenemos que hacer trabajo
humanitario, ayudando a las personas que más lo necesitan en este momento.
Pero, además de esos esfuerzos, que seguramente ya consumen muchas de nuestras
energías y recursos, debemos ponernos de acuerdo con otros sectores, incluyendo
a la clase política, para poder recuperar la democracia, el único sistema de
gobierno que puede garantizar el disfrute y ampliación de los derechos humanos.
Otros países de la región han pasado por situaciones tan traumáticas como la
nuestra. Los venezolanos no somos menos y tenemos tanta capacidad humana como
ellos para lograr, en un futuro, un país para todas y todos. Que este tipo de
preocupaciones sea, cada vez más de interés público, es un pequeño ejemplo de
ello.
Rafael
Uzcátegui
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