Asamblea Nacional 16 de junio de 2021
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El
Parlamento legítimo, en la Sesión de este martes, acordó primeramente notificar
a la ONU y a la Unesco, que el Parque Nacional Canaima, patrimonio mundial está
peligro debido a la depredación de la actividad minera ilegal en el estado
Bolívar, estimulada por el régimen de Nicolás Maduro, que ha destruido un total
de 22.481 hectáreas, generando un daño difícil, si no imposible de recuperar,
comprometiendo la calidad de vida de los venezolanos y pueblos indígenas
originarios.
Proyecto
de Acuerdo
Por
tal razón, plantean promover ante la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (UICN) la constitución de una comisión técnica integrada por
representantes de instituciones académicas nacionales y organizaciones
internacionales defensoras del patrimonio natural, para que efectúen la
evaluación efectiva del impacto ocasionado por la minería y se establezcan
mecanismos técnicos y financieros expeditos para la restauración y preservación
del ecosistema.
De
igual forma, el Proyecto aprobado por el pleno de la Comisión Delegada exhorta
a la ONU y a la UNESCO que exija al funcionario del régimen Jorge Arreaza, el
examen del estado de conservación del referido patrimonio mundial.
A su
vez, pide a las referidas organizaciones internacionales que reciban el informe
sobre el estado de la conservación del Parque Nacional Canaima, elaborado por
esta Asamblea Nacional y la sociedad civil, el cual será presentado para la 44°
de la sesión extendida del Comité de Patrimonio Mundial de la UNESCO, que se
llevará a cabo del 16 al 31 junio del 2021
Alerta
naranja
El
parlamentario Orlando Ávila, vicepresidente de la Comisión Permanente de
Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, señaló que las investigaciones
independientes de reciente data realizada por el Programa Venezolano de
Educación Acción (PROVEA), la ONG SOS Orinoco y World Heritage Watch (WHW), han
revelado reiterativamente desde el año 2006, que mafias de militares, cuerpos
de seguridad estatal y grupos irregulares armados, ejercen y controlan la
minería ilegal, “imponiendo sus leyes con tolerancia estatal, para tener el
acceso rápido a divisas”.
Ávila
recordó que el Parque Nacional Canaima declarado por la Unesco, como patrimonio
mundial de la humanidad, en el año 1994 y, de igual manera, por expresidente
Rómulo Betancourt, el 12 de junio de 1962, “días después de un aniversario más,
es precisamente declarado alerta naranja como consecuencia del extractivismo
minero que ha originado deforestación, sedimentación de ríos, desplazamiento
forzado de los pueblos originarios, entre otras causas.
Patrimonio
en peligro
La
legisladora Mildred Carrero, solicitó a la Unesco incluya al Parque Nacional
Canaima, en la lista de los Sitios de Patrimonio Mundial en peligro e indicó
que la minería produce la contaminación con mercurio de las aguas y fauna, como
consecuencia, la inacción del régimen de Nicolás Maduro para contrarrestar la
actividad extractivista y el apoyo de la ejecución del Arco Minero del Orinoco,
facilita el tráfico de maquinaria y herramientas para la explotación ilegal del
oro.
Tomó
como ejemplo, el documento de investigación presentado por el grupo de trabajo
socio-ambiental de la Amazonia, que sentenció que no hay forma de sostener la
minería ilegal de manera ecológica y determinó que la explotación minera afecta
31% de las tierras nativas de las comunidades indígenas de la región, revelando
que “muchos indígenas debido a la emergencia humanitaria compleja que existe
Venezuela, se han visto obligados a dejar sus trabajos”
En
este punto, la diputada María Gabriela Hernández, presidenta de la Comisión
Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, aseguró que en
el informe sobre el estado de conservación del parque elaborado por la
dictadura, omitirá que el territorio lo domina irregulares armados que han
causado que el pueblo indígena pemón, sea desplazado, asesinatos y obligados a
trabajar en condición de esclavitud en las minas.
Destacó
que la Asamblea Nacional aprobó 5 acuerdos en contra de la minería en Parques
Nacionales, lo cual constituye una actividad prohibida y considerada como
delito en la legislación nacional.
Delincuencia
instaurada
En la
discusión del texto legal, intervino el diputado Romel Guzamana, presidente del
Parlamento Amazónico, quien afirmó que el Parque Nacional Canaima, “es el
hábitat ancestral de la etnia Pemón”; y reiteró la denuncia que el régimen
viola flagrantemente el artículo 127 de la Constitución, pues acotó que, hoy en
día este patrimonio mundial, está siendo amenazado por actividades de minería
ilegales y delincuencia organizada.
“La
delincuencia organizada toma por asalto el Parque Nacional Canaima, instaurando
campamentos con la frontera entre Brasil y Venezuela, amenazando de muerte a
los pueblos indígenas”, exclamó, quien a su vez, recriminó al régimen por no
pronunciarse sobre la muerte del Pemón en Canaima y la masacre de los 7 pemones
de la comunidad de Kumarakapay.
Instó
a las ONG´S nacionales e internacionales y los gobiernos del mundo, que ayuden
a preservar el Parque Nacional Canaima, como medio de vida del ambiente, por lo
cual, “consideramos que la Asamblea Nacional, la Constitución y el Acuerdo de
Transición, en su artículo 8, puede adoptar las decisiones necesarias para el
ejercicio de los derechos del Estado Venezolano ante la comunidad
internacional”.
Para
cerrar, el punto que incluyó el Orden del Día, La máxima autoridad del
Parlamento Nacional, presidente Juan Guaidó, autorizó mostrar un video
realizado por la organización no gubernamental SOS Orinoco sobre la
discriminada actividad minera que se ejecuta dentro del Parque Nacional
Canaima.
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