Por Luisa Pernalete
“Alejandro fue uno de
los heridos en el operativo. Murió por una bala perdida”. Era un buen muchacho,
deportista, apreciado por sus vecinos. Eso comentó el padre Alfredo Infante SJ,
párroco de La Vega, Caracas, en el programa Vladimir a la 1, en Globovisión, el
17 de junio pasado.
Se refería el padre a
las secuelas del más reciente operativo de la Policía Nacional Bolivariana en
la parroquia La Vega. Alejandro, víctima inocente, al igual que una enfermera.
También en las zonas vecinas, hubo heridos… Se parece a una guerra no declarada
en la cual la población civil, desarmada, se encuentra indefensa entre dos
fuegos: las bandas de delincuentes, por un lado, y muy bien armadas, por cierto,
y las autoridades por el otro.
No es fácil vivir así,
en zozobra permanente. Con miedo a todo: circular para hacer lo mínimo, como
buscar agua, o ir al trabajo. Con miedo a las acciones de ambos bandos. Pues
los uniformados hacen allanamientos, según denuncias, no siempre legales. Se
habla de detenciones presuntamente arbitrarias…
Según nuestra
Constitución, los venezolanos tenemos derecho al libre tránsito (artículo 50).
También tenemos derecho a que se respete la integridad física (artículo 46). Y
no olvidemos que la Constitución también contempla que el derecho a la vida es
inviolable (artículo 43). Pero ninguno de esos derechos está garantizado cuando
se vive entre balas.
Imagine usted el
escenario: varios operativos policiales en lo que va del año. Víctimas mortales
dejó el de enero, llevado a cabo por las FAES: más de 20 muertes por supuesta
“resistencia a la autoridad”, recuerda el comunicado de Cofavic del 16/06/21.
En el operativo reciente participaron 1.420 funcionarios y hubo, según
información oficial, 38 detenciones. ¡1420 funcionarios recorriendo la
comunidad! ¿Quién podía sentirse a salvo con el antecedente de enero?
Hay que pensar en las
madres, las abuelas, cuidando a sus hijos y nietos. ¡Cuánto miedo en las
familias! No es de extrañar que hay desplazamientos forzosos de vecinos,
obligados por la situación de terror y el peligro inminente de alguna bala, que
se suelen calificar de “perdidas”, pero yo digo que toda bala busca una
víctima.
Cito de nuevo al padre
Infante, cuando dice que la situación de La Vega no es exclusiva de ese sector.
Hay muchas comunidades en el país que también están viviendo en medio de una
guerra no declarada, pero con víctimas inocentes. Y los vecinos están pidiendo
la mediación de la Cruz Roja. Salió en un noticiero en la televisión. ¡Como en
lugares con conflictos bélicos abiertos!
Los venezolanos estamos muy indefensos. ¿A quién acudir? Hay un desamparo institucional, a pesar de que la Constitución, establece en su artículo 3 que “el Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garantía del cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución”.
Los venezolanos
queremos y merecemos vivir en paz. Tenemos derecho a vivir en paz. Ya bastantes
angustias tenemos con la pandemia, la emergencia humanitaria compleja, para que
no podamos ni siquiera caminar con seguridad por donde vivimos.
Los ciudadanos debemos
cumplir nuestros deberes como tal, pero el monopolio de las armas lo tiene el
Estado, se supone. La defensa de los ciudadanos le corresponde al Estado.
Suscribimos peticiones
que Cofavic hace a las autoridades en su citado comunicado el 16 de junio.
Solicitan, entre otras cosas: “Adoptar de manera inmediata las medidas de
protección más apropiadas para garantizar la vida, la seguridad y la integridad
física y psicológica de la totalidad de las víctimas, testigos y
sobrevivientes. Así como proteger la integridad de las personas civiles de La
Vega y zonas contiguas, que durante el desarrollo de estos operativos de
seguridad ciudadana se han visto afectados de manera directa e indirecta”.
También piden que se revisen los procedimientos especiales de seguridad
ciudadana que están desarrollando y que han dejado un saldo lamentable de
violaciones de derechos humanos, especialmente en zonas populares.
Finalmente, en el XII
Encuentro de Constructores de Paz, organizado por la Red de Acción Social de la
lglesia, el pasado 28 de mayo, teníamos como lema “Entendernos porque
somos hermanos”. Los venezolanos necesitamos entendernos, los 120 mil
habitantes de La Vega son nuestros hermanos, necesitan protección, seguridad,
su suerte no nos es ajena. Y como cristianos, recordemos que “Bienaventurados
los que trabajan por la paz, porque esos serán llamados hijos de Dios”.
18-06-21
https://www.correodelcaroni.com/opinion/tenemos-derecho-a-vivir-en-paz/
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