Por Gioconda Cunto de San Blas
Para los participantes
en el Examen Periódico Universal (EPU) el pasado 25 de enero de 2022, debe
haber sido una experiencia sublime entrar a la «Sala de los Derechos Humanos
(DDHH) y de la Alianza de Civilizaciones» de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) donde tuvieron lugar las sesiones. Es difícil apartar los ojos de
la espectacular cúpula que recoge en una explosión de colores «la imagen del
mundo goteando hacia el cielo […] en unión de contrarios», según Miquel Barceló, autor de la obra de arte, llamada por algunos «la
Capilla Sixtina del siglo XXI».
No obstante, la mirada ha de ser desviada
hacia lo terreno porque son asuntos de este mundo los que convocan a los
participantes. Es el EPU, un examen especial quinquenal entre los Estados
miembros de la ONU, establecido como mecanismo cooperativo de rendición y
asistencia en materia de DDHH, que en esta ocasión evalúa a Venezuela, en un
tercer ciclo (primer ciclo, 2011; segundo ciclo, 2016).
En total 103 países plantearon recomendaciones al gobierno venezolano.
Entre muchos otros, los temas más reclamados fueron la libertad de expresión,
liberación de presos políticos (245 al día que esto escribo), seguridad alimentaria y
acceso a la salud, ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones
forzadas, reforma del sistema de justicia y garantía de independencia de
poderes; temas reiterativos desde 2011 que afectan los DDHH de los venezolanos
y el ejercicio de la democracia en el país, sin que hasta la fecha el régimen
haya hecho algo por resolverlos.
La ONU reconoce a las organizaciones de la
sociedad civil como «entidades asociadas de pleno derecho». Al hacer uso de ese
mecanismo, las ONG venezolanas enviaron 174 informes sobre abusos y violaciones a los DDHH en el país. Y
además, las ONG Civicus, RedLad y Espacio Público, en comunicado conjunto, afirmaron que «de las 40 recomendaciones
recibidas en 2016 sobre el espacio cívico, Venezuela solo implementó
parcialmente siete».
La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH reiteró su malestar por los pocos avances en el procesamiento judicial de las cadenas de mando de funcionarios de la administración actual, responsables de graves violaciones a los DDHH.
Mientras tanto, el régimen por voz de la vicepresidenta y en conexión remota,
aseveró sin rubor que la administración actual garantiza los derechos
políticos, civiles, económicos y sociales de todos los venezolanos; que
Venezuela está dentro de los pocos países menos desiguales de América Latina y
el Caribe; y que ha mantenido un crecimiento del Producto Interno Bruto de más
del 7% desde 2016. Por supuesto, no pudo faltar la invocación «al cerco económico, el bloqueo financiero y acoso
mediático» contra la nación. E insistió, no faltaba más, en la arremetida de
«los poderes económicos, mediáticos, fácticos contra nuestra patria,
pretendiendo alterar y vulnerar la progresividad y universalidad de nuestro
modelo de DDHH».
Casi en coincidencia con el tercer ciclo
del EPU para Venezuela, Freedom
House, organismo para la
defensa de DDHH, políticos y cívicos, publicó su informe 2021. En él se
analiza, entre otros factores, el índice de libertad global de unos 70 países.
En una escala
de 1 a 100, los países escandinavos sobresalen con 100 puntos; en el extremo
opuesto, Corea del Norte (3). De los países latinoamericanos, Uruguay (98),
Chile (93), […], Haití (37), Nicaragua (30). ¿Y Venezuela? Apenas 14. De manera
que tienen razón las ONG al reclamar en el EPU la falta de libertad en el país.
Las observaciones reclamadas al gobierno
venezolano en la sesión del 25 de enero fueron recogidas para su preparación
como informe, trabajo encomendado a una troika relatora, elegida por sorteo,
constituida por Somalia, Indonesia y Cuba, cuyos índices de libertad global
son, respectivamente, 7, 59 y 13. Con razón Héctor Faúndez, en artículo reciente, manifiesta que «ninguno de ellos
es un ejemplo a seguir en materia de respeto a los DDHH. Más bien, es probable
que los representantes de esos países sientan simpatía con las prácticas de
Venezuela en materia de violación de DDHH, que no son distintas a las de sus propios
países».
Sin más fuerza que la moral para abogar por
cambios democráticos, luce poco lo que puede hacerse en escenarios como los del
EPU. ¿Cómo hacer para obligar a los políticos a cumplir con los compromisos
asumidos en esas costosas reuniones? Quizás, recurrir a la vieja costumbre del
cónclave vaticano reunido en la Capilla Sixtina (la original) para elegir un
nuevo Papa: reclusión forzada de los cardenales electores, sin contacto con el
mundo exterior, puertas cerradas a cal y canto, y guardias suizos vigilantes
ante cualquier intento de escape de los ilustres funcionarios a cargo de la
misión encomendada.
Gioconda Cunto de San Blas es Individuo de
Número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales.
Investigadora Titular Emérita del IVIC.
03-02-22
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