El régimen según la infeliz perspectiva de Fernando Mires, por Humberto García Larralde

Humberto García Larralde 03 de febrero de 2022

Atrás quedaron los tiempos en que uno leía con gusto los artículos sobre Venezuela de Fernando Mires, filósofo chileno residenciado en Oldenburg, Alemania. Aportaba reflexiones constructivas sobre cómo salir de la tragedia que hoy nos consume. Hoy, nuestro país ha dejado de ser objeto central de su atención. Quizás sea mejor así. Un reciente artículo suyo [1] se dedica a destruir el liderazgo opositor construido en torno a Juan Guaidó y a legitimar –léase bien– al régimen de Maduro. Cito: “Maduro no ha usurpado ningún poder. Todos los poderes que maneja los recibió de una oposición usurpada por el extremismo opositor. De la aceptación de esa verdad objetiva, deberá partir la oposición. Maduro, desde ese punto de vista, no es un usurpador. Su acceso al poder frente a una oposición que se negó a votar, fue legítimo y legal”.

Remacha esta idea más adelante: “En dictadura, generalmente, no se vota. Pero no se vota porque la gente no debe o no quiere votar, sino porque toda dictadura, por definición, suprime el voto. ¿Quiere decir entonces que la de Maduro no es una dictadura? Efectivamente; desde el punto de vista constitucional no lo es”.

Con semejante silogismo, Pinochet, al aceptar que se votara su plebiscito, tampoco era dictador. Y luego: “Dependiendo de las circunstancias, si una oposición busca una confrontación violenta, esos gobiernos muestran sus dientes dictatoriales. Pero cuando la oposición actúa políticamente, no tiene más alternativa, en muchas ocasiones, que actuar también políticamente.”

Creo que nadie eximiría de críticas a Juan Guaidó o a otros integrantes del liderazgo opositor actual. Que han cometido errores, obvio: el dinosaurio sigue ahí. Pero tildar al liderazgo de Guaidó de “usurpador” y defender la legitimidad –¡y legalidad!– de la “presidencia” de Nicolás Maduro, le quita toda fundamentación a tales críticas.

Mires suele argumentar con sólida lógica. Pero no por ello sus argumentos responden a los hechos. Si se parte de premisas falsas, la conclusión lógica será, también, falsa. Y, en este caso, el filósofo chileno revela ser prisionero de una apreciación, cuando menos, cuestionable: que las elecciones de 2018, en las que Maduro se clamó “reelegido”, fueron válidas (ergo, legales, legítimas). ¿Tiene sustento esta apreciación? Veamos: la elección de 2018 se realizó con una autoridad electoral (CNE) totalmente controlada por Maduro; con partidos opositores inhabilitados y con los nombres y símbolos de algunos confiscados y entregados para uso de grupos afines a él; con sus líderes igualmente inhabilitados, presos o perseguidos; sin auditoría alguna del registro electoral; sin observadores internacionales confiables; violando los tiempos y normas establecidos en la Ley de Sufragio; y en un marco de represión –presos políticos, torturas, desapariciones– ampliamente documentado, que redujo severamente la libertad del ejercicio político opositor.

Pero, después de vulnerar los artículos 5, 62, 63, 67, 294, 296 y 298 (al menos) de la carta magna venezolana, Mires afirma que fue constitucional. Con tal subterfugio, su lógica lo lleva a concluir que Maduro no es un dictador. Tergiversar la realidad para acomodar argumentos propios no es un expediente lícito cuando se quiere aportar soluciones con sinceridad.

Pero trampear unas elecciones no convierten a Maduro, por este solo hecho, en dictador. Para llegar a esta conclusión es menester examinar otros aspectos de su gestión y de la realidad política venezolana.

En su ejercicio del poder, el chavismo fue pasando, progresivamente, de ser una democracia delegativa a una autocracia competitiva, para luego convertirse en una autocracia hegemónica, según muchos politólogos. Con Maduro, esta autocracia adquirió claramente un carácter no competitivo. Pero la cosa no termina ahí.

Cuando las fuerzas opositoras conquistaron una mayoría calificada en la Asamblea Nacional en diciembre de 2015, ¿cuál fue la reacción de Maduro? Anular sus potestades y competencias, y erigir una “institucionalidad” paralela que la sustituyera. ¿Cómo lo hizo? Disponiendo que el tribunal supremo de justicia, tramposamente constituido por la AN anterior (por tanto, las minúsculas), anulara la representación indígena; luego declarara en desacato al Parlamento y decidiera, en consecuencia, que todas sus decisiones eran nulas; y usurpara sus atribuciones para aprobar los presupuestos y renovar de forma continua el Estado de Excepción. Acompañó este asalto a la Constitución y a las instituciones democráticas con otras barbaridades más, como el hostigamiento y la persecución de diputados electos con las fuerzas represivas y el montaje fraudulento (artículo 347) de una asamblea constituyente que, si no hubiese resultado tan mediocre y anodina, hubiese usurpado las funciones de la AN.

¿Qué término designa a un régimen sin apoyo popular, que elimina la autonomía y equilibrio de poderes, la libertad de expresión, que reprime y criminaliza la protesta, viola el Estado de Derecho y somete al país a la fuerza a la voluntad única y discrecional de quien ocupa la presidencia? No hay forma de evitar calificarlo como dictadura.

Por razones que no me atrevo a precisar, Fernando Mires se ha casado con una versión de la política venezolana identificada con quienes acudieron a las elecciones de 2018, que ha encasillado su perspectiva. Este sesgo tiene dos consecuencias importantes. En primer lugar, le impide reconocer que, al denunciar los comicios de 2018 y no participar en ellos, la oposición le asestó uno de los peores golpes sufridos por Maduro hasta ese momento. Se logró que más de 50 países democráticos desconociesen su “reelección”, se le retrató como dictador –es decir, como usurpador– y ello permitió la constitución de una dualidad de poderes que le creó un serísimo dolor de cabeza. Los primeros meses de 2019 atestiguan a un significativo fortalecimiento de las fuerzas democráticas, tanto en lo interno como en lo que se refiere a su respaldo internacional. La participación en esos comicios diseñados tramposamente para asegurar el triunfo de Maduro jamás le hubiera acarreado tal costo político.

A partir de ahí, empero, los errores señalados por Mires –en su mayoría, correctamente– fueron dilapidando este capital político opositor. Y he aquí la segunda consecuencia de su sesgo político. Sus críticas tendrían mayor posibilidad de ser compartidas si no fuera por la inquina que exhibió contra Guaidó en su artículo. En momentos en que es menester aunar esfuerzos para construir una opción democrática unida de poder, capaz de aprovechar, ¡ahora sí!, eventos electorales futuros para avanzar en el desplazamiento de Maduro, los señalamientos de Mires exacerban las divisiones y cierra puertas. Excluir a Guaidó de este esfuerzo debilita claramente las posibilidades de arribar, con fuerza, a la unidad requerida. Y eso nos lleva a la tercera cita de su artículo reproducida arriba.

Cuando la oposición quiso ejercer las atribuciones que, como mayoría en la Asamblea Nacional, le competían, o cuando quiso convocar al referendo revocatorio en 2016, no estaba “confrontando violentamente” al gobierno. Hacía política, bajo los preceptos de la Constitución. Pero desde las primeras protestas masivas en su contra, a comienzos de 2014, Maduro no titubeó en reprimir violentamente. Durante su gestión se le imputan unas 300 muertes de manifestantes. Los errores de convertir esas protestas en “la salida”, como tampoco los posteriores, justifican tal crimen. Si ahora Maduro busca “legitimarse” internacionalmente, admitiendo elecciones con condiciones mínimas aceptables –hasta ahora no ha sido muy convincente–, no es porque la oposición dejó de ser violenta. ¡Por Dios! Es porque ya el costo de la represión como única forma de mantenerse empieza a pesar. Condujo a su condena internacional –ahora ante la CPI– y a la imposición de sanciones que le impiden satisfacer las apetencias de la alianza de mafias que constituye su sostén. Desesperadamente busca un respiradero. En su defecto, se entrega cada vez más a manos de los rusos, del ELN, Irán, Turquía y, por supuesto, de una Cuba también desguazada.

Los venezolanos hemos aprendido con enormes costos a entender la naturaleza fascista, criminal, de Maduro y de sus militares. Tratar de lavarles la cara, pontificando contra un liderazgo opositor “extremista”, incapaz de hacer política ante un régimen ahora “legítimo”, garantiza que seguiremos errando en lograr la salida de estos criminales.

[1]  “Venezuela después de Barinas: entre la ilusión y la política”, El Nacional, 16 de enero.

Humberto García Larralde