La economía venezolana: balance de 2012 y perspectivas 2013

José Guerra, Sary Levy-Carciente, Luis Brusco. Isaac Mencía, Luis Oliveros 17 de diciembre de 2012

Resumen:

- El modelo económico aplicado por el gobierno del presidente Chávez se basa en el control estatal de la economía. Ello ha inhibido la inversión privada y el emprendimiento.

- El Estado comunal es un instrumento para favorecer el control social de la población y acentuar el clientelismo.

- La política económica que aplica el gobierno es inconsistente. Ello se ha hecho evidente en 2012. Políticas fiscales y monetarias significativamente expansivas, reflejadas en un déficit fiscal de 17,0% del PIB y aumento de la liquidez de más de 50%, se traducen en una pérdida de reservas internacionales, una devaluación de facto del tipo de cambio y una ampliación de la brecha entre los tipos de cambio oficial y paralelo, cifrada en aproximadamente 300%.

 
- Aunque la economía crece 5,0% en 2012, más de tres cuartas partes de ese crecimiento se explica por las expansiones de la actividad financiera, la construcción y el comercio, éste último apoyado principalmente por las importaciones.

- La inflación permanece elevada. La desaceleración observada durante 2012 obedece al efecto de la aplicación de la Ley de Costos y Precios Justos y a las mayores importaciones. Sin embargo, ha aumentado la escasez y se ha reducido la variedad de productos disponibles al consumidor.

- El desempleo se mantuvo en niveles similares al de 2012, lo mismo que la informalidad y la precariedad laboral.

- El superávit de la cuenta corriente es menor al de 2012 a pesar de los favorables precios del petróleo. Las exportaciones no petroleras registran una caída de 20,0% en tanto que las importaciones totales aumentaron 21,0%.

- Como consecuencia del déficit fiscal, la deuda pública total está aumentando sostenidamente hasta representar más de 57,0% del PIB en 2012 y su servicio absorbe la mayor proporción del presupuesto nacional, con base en el tipo de oficial vigente.

 
- Para 2013 luce inevitable tanto un ajuste fiscal como cambiario, a menos que el gobierno opte por profundizar el endeudamiento público, financiado con una mezcla de nueva deuda externa o interna y emisión monetaria.

- En este caso, los desequilibrios de la economía de lejos de corregirse se potenciarán.

I.              El modelo socioeconómico

Después de catorce años de Hugo Chávez en la Presidencia de la República y próximos al inicio en enero de 2013 de un nuevo sexenio de gobierno (2013-2019), los venezolanos debemos preguntarnos, independientemente de nuestras inclinaciones políticas e ideológicas, qué destino nos espera y cuáles pueden ser sus consecuencias en términos del bienestar colectivo si el país continua por el camino que ha venido transitando. Ello obliga a realizar un balance acerca del desempeño de la economía bajo la conducción del presidente Chávez y de la ejecución de su proyecto político autodenominado Revolución Bolivariana devenida a partir del año 2006 en Socialismo del Siglo XXI y de las consecuencias previsibles del nuevo giro de dicho proyecto, hacia el Estado Comunal, tal como fue prometido en la última campaña electoral.

Un aspecto fundamental del régimen desde sus inicios ha sido la exacerbación del presidencialismo y el personalismo, con amplia concentración de poderes en manos del Jefe del Ejecutivo, quedando la división de poderes como un recurso de carácter simbólico mientras que se observa la re-centralización territorial del poder. De igual manera, la noción de sociedad civil, como espacio de organizaciones de diversa índole ha sido reemplazada en el plano discursivo por el poder popular, con una apelación al pueblo como fuente de la soberanía nacional, pero que en la práctica resulta en una relación ideológico-clientelar con la instancia de máximo poder.

Hay una realidad constatable y es que pese a la bonanza petrolera más prolongada en toda la historia de Venezuela, el país exhibe uno de los peores desempeños económico e institucional en América Latina y el mundo. En efecto, la economía venezolana, no obstante haber sido la más beneficiada en América Latina por los altos precios de las materias prima y más específicamente de los hidrocarburos, mantiene la tasa más baja de crecimiento promedio por habitante entre 1999 y 2012, al tiempo que registró la tasa de inflación más alta del continente y una de las primeras en el mundo, cuadruplicando en algunos casos el alza de precios de algunas economías de la región como Perú, Chile y Colombia. Venezuela tiene un elevado riesgo país y como consecuencia de ello paga tasas de interés muy elevadas en la colocación de deuda pública externa, incluso superior a la de países que confrontan graves crisis como Grecia y España. Similarmente, el nivel de endeudamiento se ha sextuplicado debido a un déficit fiscal persistente.

Asimismo, la economía venezolana exacerbó su dependencia del petróleo y a diferencia de muchos países en la región que aprovecharon el boom de precios de las materias primas para atraer inversiones extranjeras y avanzar en la diversificación de sus economías, el gobierno propició un proceso de desindustrialización y de retroceso en la producción agrícola, lo cual ha  ocasionando a una caída de las exportaciones distintas al petróleo y un incremento desmedido de las importaciones. Se destruyeron empleos productivos privados y se expandió el empleo público, descendió la productividad total de la economía lo cual conjuntamente con la alta tasa de inflación provocó un deterioro del salario real,  afectando negativamente el bienestar de la población trabajadora. 

Para completar el desempeño de la economía, PDVSA, desde 2003, entró en una crisis gerencial y operativa agravada por la imposición a la misma de programas de gastos ajenos al negocio petrolero, los cuales han significado cuantiosos desembolsos de recursos que han afectado el nivel de inversión y la consiguiente capacidad de producción de la empresa, descendiendo ésta en cerca de 500 mil barriles por día comparado con el año 1998. Hoy PDVSA es una empresa altamente endeuda con problemas financieros tan graves, que ha tenido que recurrir al financiamiento monetario del BCV para enjugar su déficit.

Venezuela lejos de avanzar en la ampliación y modernización de la infraestructura de apoyo a la producción tales como los puertos, aeropuertos, autopistas, puentes, sistema de electricidad y agua y de mejorar la calidad de la seguridad ciudadana, salud, educación, aseo y protección del ambiente, experimentó un acentuado deterioro y en algunos casos como la electricidad, una situación de colapso que golpea tanto la actividad económica como las condiciones cotidianas de vida de sectores mayoritarios de la población.

Este comportamiento de la economía y de la provisión de bienes y servicios públicos por parte de un Estado sobredimensionado y abarrotado de empresas estatizadas ineficientes, en un contexto de bonanza petrolera, sólo puede ser explicado a partir del proyecto político-ideológico que ha estado impulsando el presidente Chávez desde el mismo momento en que llegó al poder en 1999. Las ideas centrales de este proyecto se han ido exponiendo en el tiempo pasando desde un discurso nacionalista y de redención social de los pobres -según el cual Venezuela es un país rico por ser petrolero y los problemas de pobreza y desigualdad social son el producto de un Estado y de gobiernos que aliados con la oligarquía se apropiaron de la renta petrolera y entregaron la soberanía política y económica al imperialismo- hasta un discurso abiertamente en contra de la iniciativa y la propiedad privada, el cual  plantea que la economía de mercado y la democracia representativa son los responsables de todos los males e injusticias tanto en Venezuela como en el mundo.

La conclusión de esta interpretación política de la realidad socioeconómica es que el problema de nuestro país es, por una parte, de redistribución de la renta petrolera hacia los pobres y no de creación de nuevas fuentes de riqueza y de oportunidades de acceso a la misma; y por la otra, la sustitución del modelo político-económico de un Estado con una democracia representativa y una economía basada en la propiedad privada, por un  nuevo modelo fundamentado en un Estado y una economía socialista. En esta visión lo esencial no es superar el carácter rentista de la economía venezolana desarrollando una estrategia que apoye e incentive la diversificación de la estructura económica, sino repartir de forma centralizada la renta petrolera con programas sociales asistencialistas y, esencialmente, sustituir el régimen o relaciones de propiedad sobre los medios de producción por un nuevo régimen en el cual la propiedad estatal y algunas modalidades de propiedad social tengan un rol hegemónico.

Para transitar desde la economía de mercado hacia el socialismo, fase de la revolución definida desde el año 2006, requiere un largo período histórico y para ello es imprescindible cumplir con tres condiciones esenciales: la primera, perpetuar en el poder a Hugo Chávez como líder de la revolución, para lo cual debía aprobarse una reforma de la Constitución que permitiera la reelección indefinida. La segunda, concentrar el control de todos los poderes públicos en manos del presidente, para garantizar que no tenga contrapeso institucional alguno al momento de ejecutar un proyecto claramente contrario y reñido con la Constitución vigente, e iniciar la construcción de un Estado paralelo con una nueva institucionalidad socialista. Y la tercera condición, es avanzar progresivamente en la eliminación de la propiedad privada sobre los medios de producción sustituyéndola por la propiedad estatal y comunal.

Así, la Ley Orgánica del Poder Popular de las Comunas (LOPPC) define a la comuna como una entidad local socialista donde la ciudadanía, en el ejercicio del Poder Popular, desarrolla los principios de soberanía y participación protagónica, mediante el autogobierno y la edificación del Estado Comunal.  Pero esta participación directa es restringida, orientada y dirigida desde su creación, pues los Consejos Comunales y las Comunas para su creación deben seguir ‘un enfoque social, político, económico y cultural para la construcción del modelo productivo socialista’, que descansa en el concepto de ‘propiedad social’; y su objetivo debe ser ‘establecer la base sociopolítica del socialismo’, aun cuando en ella no participe el 80% de la población de la comunidad que ocupe su territorio. Las comunas son organizadas, registradas, financiadas y supervisadas de forma centralizada por el Ministerio para la Comunas, concentrando el poder a nivel centralizado, marca indeleble del sistema que se pretende instaurar. Para el período 2012-2019 se ha fijado como meta la creación de 3.000 comunas y 21.000 Consejos Comunales (que sumarán a los 30.000 existentes) y lograrán asociar casi a tres cuartas partes de la población nacional. 

Para alcanzar estos objetivos estratégicos, la industria petrolera y su renta derivada, debían estar al servicio pleno del proyecto político convirtiéndose en su gran fuente de financiamiento. Dado el rol hegemónico que el Estado debe cumplir en el nuevo modelo, se ha impuesto un esquema de funcionamiento de la economía en el cual el Poder Ejecutivo controla de manera centralizada la renta petrolera, al decidir cuántos dólares de las exportaciones serán vendidos al BCV para formar parte de las reservas internacionales de la nación. La diferencia se desvía hacia lo que ha sido denominado por el propio gobierno una “nueva institucionalidad financiera” constituida por fondos parafiscales que son gastados discrecionalmente y sin control alguno por parte del presidente Chávez. El gobierno controla, a su vez, el tipo de cambio a través de un sistema dual en el que rigen dos precios oficiales para el dólar: el que administra el Ministerio de Planificación y Finanzas a través de CADIVI; y el SITME, manejado por el BCV. Entre tanto, se forma un mercado negro del dólar con una tasa sensiblemente depreciada.

La naturaleza antiempresarial del proyecto político determina que el gasto público, financiado con la renta petrolera, emisión monetaria por parte del BCV y endeudamiento de la República, además de ser un instrumento para crear una base de apoyo clientelar por los programas sociales, sea el único motor para propiciar el crecimiento de la economía. El gasto fiscal también debe recoger los costos asociados al desmontaje del aparato productivo privado destinando recursos al pago de expropiaciones de empresas, nómina de trabajadores absorbidos de las mismas, importación de alimentos por caída de la producción, transferencia de fondos a empresas estatizadas para su funcionamiento, creación de numerosos ministerios concebidos para ejecutar el proyecto político, entre otros. Las finanzas públicas quedan sometidas así a una dinámica voraz de gasto que supera con creces los ingresos fiscales, forzando al gobierno a un creciente endeudamiento. 

La expansión desmedida del gasto público con la consiguiente expansión monetaria en el marco de la fijación del tipo de cambio, genera no sólo un incremento de la demanda interna, fundamentalmente de consumo público y privado, sino también severas presiones inflacionarias, una fuerte apreciación real del bolívar y un aumento sin precedentes de las importaciones.

La política económica y sus distintos instrumentos en el plano fiscal, monetario, cambiario y comercial así como las políticas sectoriales, industrial y agrícola pasan a ser entonces herramientas al servicio de la construcción de un Estado y de una economía socialista, y no un medio para crear las condiciones que favorezcan una mayor generación de riqueza y de oportunidades para el progreso. De esta forma, tanto el control de cambio como el de precios juegan su rol al ser piezas para el control de la actividad empresarial privada y para facilitar el desmontaje del sector privado y consolidar la hegemonía económica del Estado.

La ejecución de un proyecto político como el antes descrito tenía que tener, como en efecto lo ha tenido, un altísimo costo para el país no sólo económico sino también social, institucional, ético y moral. Aparte de la vulnerabilidad que hoy exhibe el país por su exacerbada dependencia del petróleo, el destino de Venezuela luce seriamente comprometido por la acumulación de desequilibrios que presenta la economía, agobiada por un insostenible déficit fiscal, disminución de las reservas internacionales, fuertes tensiones inflacionarias, escasez de bienes, acentuada apreciación del tipo de cambio real, alta dependencia de las importaciones, baja inversión e incapacidad para generar empleos productivos.

II.            Una política económica insostenible

Tras el abandono de la banda de flotación del tipo de cambio en febrero de 2003 y la adopción de un esquema de control de cambio, la política económica de Venezuela ha acentuado su carácter procíclico y se ha tornado más inestable. La política cambiaria que ha aplicado el gobierno ha consistido en la fijación de la tasa de cambio con el aparente objetivo de disminuir la inflación. Así, el gobierno ancla el tipo de cambio y luego aplica devaluaciones discretas que en promedio ocurren cada dos años y tres años. Sin embargo, más allá de este objetivo, está otro: el del control político de la sociedad mediante el manejo por parte del gobierno del acceso a las divisas. Ha sido el mismo presidente Chávez y otros voceros calificados quienes han aseverado más de una vez que el control de cambio tiene un propósito esencialmente político.

Para cualquier propósito analítico, la economía venezolana puede evaluarse como una que mantiene un tipo de cambio fijo al tiempo que aplica una política monetaria y fiscal abiertamente expansiva. Cuando las autoridades fiscales y monetarias optan por fijar el tipo de cambio, en realidad lo que hacen es renunciar al control sobre la cantidad de dinero, con el objeto de bajar la inflación. De esta manera, la política fiscal pasa a desempeñar un papel fundamental para conferirle estabilidad a la inflación. Con la fijación del tipo de cambio nominal se corre el grave riesgo de que al persistir la inflación, el tipo de cambio real se aprecie de forma sostenida, lo que se traduce en la pérdida de dinamismo del sector transable de la economía, se potencian las importaciones y se desincentivan las exportaciones. De esta manera, tasas de inflación en Venezuela significativamente mayores que la de los países con los cuales se comercia, implica que la producción nacional es  desplazada por los bienes importados y se destruye el empleo.

Fijar el tipo de cambio no garantiza que la inflación disminuya, entre otras cosas porque hay bienes y principalmente servicios cuyos precios no dependen de que el tipo de cambio esté fijo, sino de las condiciones internas de la economía. Una política fiscal y monetaria fuertemente expansiva puede hacer inviable la fijación del tipo de cambio. Ese es el caso de Venezuela, donde una proporción fundamental del déficit fiscal se financia con impresión de dinero por parte del BCV. Al ocurrir la financiación monetaria del déficit fiscal, la cantidad de dinero crece desproporcionadamente y en consecuencia el público se encuentra con una liquidez en bolívares que no desea mantener y por tanto, ello genera presión sobre los precios y las reservas internacionales del BCV, las cuales comienzan a disminuir sostenidamente, al tiempo que se exacerban las expectativas de devaluación del bolívar. Ello se ha agravado por dos circunstancias. En primer lugar, porque a partir de la reforma de la Ley del BCV de junio de 2005, se impuso un techo a la posición de activos externos que puede mantener el BCV, mediante el difuso e impreciso concepto de nivel adecuado de reservas. A ello se agrega el hecho de que PDVSA vende al instituto emisor apenas 50% de los ingresos por exportaciones petroleras.

Todo esto ha determinado que la posición de reservas del BCV haya mermado considerablemente desde 2005 y en consecuencia no pueda el ente emisor hacer frente a una mayor demanda de divisas a la tasa de cambio preferencial de 4,30 Bs/US$. En segundo lugar, debido a la represión financiera existente en Venezuela, el BCV ha disminuido sustancialmente las tasas de interés para abrirle espacio financiero al gobierno en su colocación de deuda pública. De esta manera, la banca al tener que adquirir la deuda del gobierno a tasas sustancialmente bajas, ha respondido disminuyendo el costo de sus captaciones, situación esta que ha llevado a la  virtual desaparición de los instrumentos de ahorro, tales como los depósitos a plazo. Así, con la liquidación de las casas y bolsas y la extinción de los instrumentos de ahorro del mercado monetario, la alternativa para los venezolanos de preservar su patrimonio es mediante la adquisición de bienes durables y divisas, todo cual presiona el acervo de reservas en moneda extranjera en manos del BCV. Sin embargo, como en el mercado cambiario hay racionamiento debido a que el BCV no satisface toda la demanda, en parte el mercado se ha ajustado mediante una creciente depreciación del tipo de cambio del mercado paralelo donde los venezolanos se deshacen de los bolívares que mantienen en exceso, antes de que la inflación deprima esos saldos monetarios y erosione el patrimonio.

Por tanto, en un año como el 2012, donde el déficit fiscal del sector público ha tocado su cota histórica más elevada, de aproximadamente 17,0% del PIB y donde la liquidez monetaria se ha incrementado más de 50%, ello es claramente inconsistente con el sostenimiento del régimen de tipo de cambio fijo con control de cambio, tal como se viene aplicando desde hace diez años. Bajo este sistema cambiario, la inflación permanece sustancialmente mayor que la de los socios comerciales, a pesar de que el control de precios esconde las verdaderas alzas de precios, las reservas internacionales han declinado más 12%, las exportaciones no petroleras han descendido más de 20% a pesar de los precios favorables de los productos que todavía Venezuela exporta y la producción de los sectores industriales y agropecuario ha declinado. Esto se completa con un alza de las importaciones de 21%, que cuadruplica el crecimiento de la economía, lo que sugiere un importante aumento de la propensión a importar de la economía.  Estos resultados son los esperables en una economía marcada por la inconsistencia entre un sistema de cambio fijo y una política  fiscal y monetaria abiertamente expansionista.

III.           Crecimiento económico desarticulado

En medio de un significativo desequilibrio fiscal, de persistentes dificultades en el sector externo, derivadas de un total agotamiento del régimen cambiario vigente y de un excesivo control en las transacciones de divisas, estimaciones preliminares revelan que el Producto Interno Bruto (PIB) crecería 5,0% en 2012, ligeramente por encima del 4,2% registrado en el año anterior.

Pese a que este crecimiento se aproxima al promedio de la región, es posible afirmar que en condiciones distintas asociadas con un manejo adecuado de la política económica frente al shock petrolero que hoy favorece a la economía, Venezuela pudiese estar liderando el crecimiento entre los países latinoamericanos y a la vez creando las condiciones para su sostenibilidad en el mediano y largo plazo.  Junto a la pérdida de esta oportunidad, destaca el hecho de que la economía venezolana continúa presentando los mayores signos de desestabilización de la región, al mostrar por una parte la mayor tasa de inflación del continente, y por otra, un elevado sub-empleo que sumado al desempleo abierto determinan que el 50% de la población económicamente activa se encuentre en situación de precariedad laboral.

Desde el punto de vista institucional el PIB del sector privado registró en el año un crecimiento de 5,3%, en tanto el correspondiente al sector público fue de 3,5%, ambos cálculos considerados preliminarmente. Asimismo, el PIB petrolero avanzó apenas en 1,3%, mientras el no petrolero lo hizo en 5,1%.  Sobre este último cabe destacar que su crecimiento fue impulsado  en casi su totalidad por la  producción de no transables, los cuales aportaron cerca del 92% del incremento del valor agregado bruto ya señalado, lo que ubica al país en una situación extrema de economía cerrada por la vía de las exportaciones, que la califica como poco competitiva, y entre otros efectos coyunturales compromete cualquier aspiración de gestión exitosa del país como nuevo miembro de Mercosur.

Dentro del área no petrolera los sectores no transables que registraron mayores incrementos fueron instituciones financieras (33,3%), construcción (20,0%), comercio (9,0%), servicios comunitarios (7,2%), comunicaciones (7,1), transporte (5,6%) y servicios producidos por el gobierno (5,4).  Por su parte, dentro de los transables la manufactura privada apenas creció 2,3% y la agricultura continua estancada. En lo relativo a la manufactura, cabe destacar la preocupante caída  de 6,0% del PIB de la rama de alimentos y bebidas.

Entre las causas determinantes de la actividad económica de este año destaca el mayor dinamismo del gobierno en materia de transferencias y de construcción pública, que junto a un aumento en términos reales del salario mínimo impulsó notoriamente el consumo privado (6,8%) y la inversión bruta fija (16,0%), siendo ambos acompañados con un incremento del consumo del gobierno por encima del 6,0%. En lo que respecta a la oferta global, que incluye tanto la de procedencia interna (PIB), como de importaciones, se registró un crecimiento estimado en 10%, donde el componente importado fue más del doble (7,0%) que la de origen interno (3,0%). Asimismo se aprecia que el año 2012 cierra con una estructura de la oferta global que muestra una participación creciente de las importaciones, ubicada preliminarmente en 40%, lo que es indicativo de que de cada cinco (5) productos finales que se ofrecen actualmente en la economía venezolana, dos (2) son de origen foráneo.

Este comportamiento de la economía en 2012 se explica esencialmente por una significativa expansión fiscal, financiada con impresión de dinero por parte del BCV y emisiones de deuda.  El considerable impulso fiscal se puede valorar al observar que en 2012 el gasto consolidado del sector público se ubicó aproximadamente en 50% del PIB en tanto que en 2011 ese mismo indicador alcanzó 39,5% del PIB. Ello sugiere un aumento de más de diez (10) puntos porcentuales entre un año y otro. Sin embargo, el PIB, que en 2011 creció 4,2% en 2012 lo hace a una tasa levemente superior (5,0%). Ello sugiere que aunque el gasto del sector público fue capaz de motorizar la economía durante 2012, el mismo ha venido perdiendo potencia para hacer que la economía crezca a tasas similares a las de 2007 y 2008. Es decir, la economía pereciera que cada vez responde con menos fuerza ante la expansión fiscal.

En vista de la magnitud del déficit fiscal y los problemas de financiamiento que afronta el gobierno,  es altamente improbable que en 2013 el gasto pueda seguir incrementándose al ritmo que lo hizo en 2012. Similarmente, cuando se aprecia la relación entre  los aumentos del PIB y de las importaciones, es claro que la mayor actividad económica está cuestionando la viabilidad de la cuenta corriente de la balanza de pagos. Así, en 2012 por cado punto porcentual de aumento del PIB, las importaciones se expandieron cuatro puntos porcentuales. Esta situación es expresión de la baja capacidad de respuesta de la producción interna ante el incremento de la demanda agregada interna.

Cuadro 1. Relaciones entre aumentos del PIB, gasto público e importaciones en 2012

Variación % del PIB	5,6
Variación % del gasto sector público	24,0
Variación % de las importaciones	21,2
Relación entre aumentos del PIB y el gasto público	4,3
Relación entre aumentos del PIB y las importaciones	3,8

                        Fuente: elaboración propia con datos del BCV

Ello guarda correspondencia con el diminuto dinamismo que han experimentado los sectores productores de bienes transables, en particular la industria manufacturera y la agricultura, afectados por regulaciones de precios y control de cambio que han hecho desparecer la rentabilidad en cada uno de ellos y de esa forma se ha limitado la inversión.

Cuando se examina con algún detalle las cifras del PIB según los sectores de actividad económica se evidencia que el aporte de los sectores transables al incremento del PIB fue apenas 8,1%, en tanto que los no transables contribuyeron con el 91,9%. Esto quiere decir que la economía venezolana continúa sesgando su crecimiento a favor de las importaciones y en detrimento de las exportaciones. Al desagregar sectorialmente las actividades que en mayor medida aportaron al crecimiento de la economía en 2012, se aprecia que 76% del mismo se atribuye al efecto conjunto de los sectores financiero, construcción y comercio, tal como se expone en el Cuadro No.2.

Por su parte, en 2012, el petróleo y la manufactura siguen reflejando una exigua contribución al crecimiento de la economía con 2,8% y 5,3%, respectivamente. Ello es el resultado de la menor actividad económica asociadas al petróleo y a la industria.

Cuadro 2. Incidencia de actividades económicas en el PIB de 2012

	Variación del PIB     (%)	Participación en el PIB (%)	Incidencia en el aumento del PIB (%)
PIB  Total	5,6	100,0	100,0
Petróleo	1,4	11,2	2,8
Manufactura	2,1	14,4	5,3
Construcción	20,0	7,9	28,0
Comercio	9,0	9,9	15,7
Finanzas	33,3	5,4	32,0
Gobierno	5,2	11,7	10,9

Fuente: Elaboración propia con datos del BCV

IV.          Empleo precario e inflación elevada y persistente

            

Al cierre del tercer trimestre del 2012 la tasa de desocupación se situó en 7,3%, ligeramente por debajo de la registrada en igual lapso del año anterior. De mantenerse esta tendencia y dado el incremento estacional del empleo informal en los meses finales del año, la tasa de desempleo para el término del año se aproxima al 6,8%, muy parecida a la del año pasado, con una tasa de informalidad de 43%.

El desenvolvimiento económico de 2012 será recordado en la historia económica como la expresión máxima de la macroeconomía del populismo por combinar el mayor incremento del gasto público con medidas que acentuaron los controles de precio, cambio y costos de producción, y a la vez manteniendo sobrevaluado el tipo de cambio, con el consiguiente agotamiento de las reservas internacionales; todo lo cual con el objetivo de reducir el costo político y  mantener una inflación contenida , que de todas maneras se mantiene elevada al cerrar en aproximadamente 19,0%. En ausencia de política monetaria y fiscal que estabilicen los precios, el gobierno recurrió a un estricto sistema de controles de precios que ha propiciado brotes de escasez.

Sin embargo, conviene destacar que este esquema parece agotarse luego del evento electoral de octubre, toda vez que se ha evidenciado mayores incrementos intermensuales del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en los meses de octubre y noviembre, especialmente en grupos de bienes y servicios que afectan principalmente a la población de estratos de ingresos bajos. Así, la inflación en Alimentos y Bebidas no Alcohólicas, Salud y Transporte cerrarán próxima o por encima del límite superior de las metas oficiales (21%, 22% y 25%, respectivamente). Por su parte los bienes agrícolas, considerados de forma aislada, serán afectados con una inflación del 25% en todo el año, mientras que los precios de Restaurantes y Hoteles mostrarán la tasa de inflación más elevada del 2012 (26%), sin considerar la correspondiente a Bebidas Alcohólicas y Tabacos.

Luce evidente el desgaste del anclaje del tipo de cambio como instrumento para disminuir la inflación, ello por una parte,  en razón del agotamiento de las reservas internacionales líquidas del BCV para seguir financiando importaciones a la tasa de cambio oficial y por la otra de la ampliación de la brecha entre los tipos de cambio oficial y paralelo, todo cual está afectando la reposición de los inventarios de las empresas. Todo ello potencia las expectativas de devaluación e inflación. Con una tasa de inflación por lo menos cuatro veces mayor a la de los socios comerciales de Venezuela y con una tasa de cambio fijo, la economía venezolana es muy poco lo que puede producir rentablemente.

V.          Balanza de pagos deficitaria

Al igual que en los tres años anteriores, en el 2012 y por cuarta vez consecutiva la balanza de pagos cerrará con un déficit aproximado de US$ 5.000 millones superior al registrado en el 2011.  La cuenta corriente se estima que registrará un superávit de US$ 18.000 millones, menor al del año precedente, debido principalmente a un relativo estancamiento de los precios internacionales del crudo a partir del segundo trimestre. Debe destacarse la persistencia en la caía de las exportaciones no petroleras que al final de 2012 se situarían en el nivel más bajo de los últimos diez años, acentuando así el carácter mono-exportador de la economía venezolana. En  2012 las exportaciones no petroleras de contrajeron en un 20,0%.

Por otra  parte, la cuenta capital y financiera cerrará con un déficit de US$ 21.000 millones, asociado principalmente con el elevado déficit de la cuenta Otra Inversión, producto de las salidas de capital, los depósitos externos de los fondos chino-venezolano y FONDEN y las cuentas por cobrar de la industria  petrolera. Este resultado de la balanza de pagos se refleja en una caída preliminarmente calculada de 12% en las reservas internacionales brutas, donde las calificadas como operativas alcanzan un nivel exiguo de solamente US$ 2.000 millones, equivalentes a veinte días de importaciones.

VI.         Un sector petrolero disminuido

El gobierno del presidente Chávez adoptó cambios importantes en el diseño de la política petrolera. Esto le permitió tomar control total de la industria petrolera en su conjunto y por ende de PDVSA, subordinándola a su gobierno y convirtiéndola en pilar fundamental de todo el modelo socialista. Al evaluar los resultados de Venezuela en los últimos catorce años, en materia petrolera, se observa que no solamente fue el país dentro de la OPEP con la mayor inflación, sino también el que experimentó el menor crecimiento de su PIB, el único que no incrementó su producción y el que más aumentó su deuda externa. Adicionalmente, Venezuela está considerada como la jurisdicción petrolera con los mayores obstáculos a la inversión privada.

Para 1998, Venezuela producía 3.280.000 b/d y exportaba 2.945.000 b/d. Ese nivel de exportaciones representó ese año, 69,0% de las exportaciones totales del país, mientras que el PIB petrolero significó el 18,8% del PIB total. PDVSA contaba con 50.821 empleados, una deuda financiera cercana a los US$ 7.000, cuentas por pagar a proveedores por US$2.500 y una relación pasivo/patrimonio del 54%. A pesar de enfrentar un precio promedio de su cesta de exportación de US$ 10,6  en 1998, PDVSA tenía una saludable situación financiera.

Actualmente, la situación de PDVSA ha cambiado de manera dramática. Según cifras del BCV al tercer trimestre del año 2012, el petróleo es responsable del 96,0% de las exportaciones totales de Venezuela, su participación en el PIB ha descendido hasta 11,8%, su deuda financiera se ha incrementado en 1.200% desde el año 2006, al pasar de US$ 3.000millones a más de US$ 40.000 millones al cierre de 2012, y su deuda a proveedores se ha multiplicado por seis desde 1998. Adicionalmente hay que tener presente que la deuda de PDVSA con el BCV sobrepasan los US$ 30.000 millones, debido a que el ente emisor ha recurrido al financiamiento monetario para enjugar los déficits de PDVSA.  En cuanto a producción, ésta ha caído en aproximadamente 10% según cifras de PDVSA. Otras fuentes tales como la OPEP y AIE  sitúan  la disminución en 15% y de las exportaciones en 23%. Preocupa la declinación observada en la producción de la Cuenca Maracaibo-Falcón, que en 2012 está produciendo a casi un tercio del nivel registrado en 1999.

Un aspecto que llama la atención sobre la situación de la industria petrolera venezolana corresponde a las exportaciones que PDVSA no cobra a precio de mercado, como son las dirigidas a los Convenios de PetroAmérica, PetroCaribe y China. Se estima que para el año 2011 estas exportaciones totalizaron de 660 miles de barriles diarios, lo que representó 27% del total exportado por PDVSA. Esto repercute negativamente en el flujo de caja de PDVSA y en el cumplimiento de sus presupuestos de inversión.

Como parte de la política económica del gobierno y la exacerbación del estatismo, desde hace unos años a PDVSA se le encargó un conjunto de funciones alejadas de su actividad medular, lo que ha propiciado que su capacidad de producción disminuya. Las filiales no petroleras de PDVSA abarcan actividades tan diversas como pesqueras, agrícolas, mantenimiento de diez estaciones de radio, apoyo para constituir comunas, importación de comida y hasta la construcción de viviendas. Adicionalmente, en 2012 PDVSA realizó operaciones de exploración petrolera en Cuba y en las Islas Malvinas, a pesar de contar con las reservas más elevadas del mundo, una bajísima tasa de explotación de esas reservas y teniendo el precedente de que varias empresas petroleras de renombre se habían retirado de esas zonas por no encontrar petróleo “comercialmente” explotable. Otros aspectos que han incidido en la caída de la producción han sido  las expropiaciones de los sectores conexos, la tardanza de PDVSA en cancelar las deudas con proveedores, la declinación natural de los pozos, el bajo nivel de producción de gas y la carencia de mano de obra especializada.

VII.        2013: un año de ajustes

El crecimiento de la economía y la desaceleración de la inflación durante 2012 encubren una situación cambiaria, fiscal y monetaria francamente insostenible. La disminución de las reservas internaciones y el drenaje de las reservas internacionales líquidas producto de la sobrevaluación del tipo de cambio real y el consiguiente aumento de las importaciones, han propiciado que CADIVI y el BCV hayan restringido la entrega de divisas. Esta situación ha amplificado la brecha cambiaria e incentivado las expectativas de devaluación, agravado todo esto por un ritmo de emisión monetaria superior al 50% con motivo del financiamiento del déficit fiscal, el cual no es aconsejable que siga manteniéndose, porque ello profundizaría el endeudamiento y empeoraría los desequilibrios existentes. En vista de la experiencia venezolana, el incremento de la deuda y el desbalance fiscal suelen corregirse con fuertes devaluaciones del bolívar. 2013 no va a ser la excepción.

Pero no se trata de una simple devaluación. La magnitud del déficit fiscal exige que la corrección cambiaria sea significativa. Aunque el gobierno pueda sostener la tasa de cambio de 4,30 Bs/US$  para algunas transacciones, la segunda tasa de cambio preferencial requerirá un ajuste de al menos 70,0%. Ello obviamente incidiría tanto en el gasto como en la inflación. De esta manera,  no parece factible esperar que la economía en 2013 pueda crecer 6,0% con una tasa de inflación de 12,0% como plantea el gobierno. Todo lo contrario, es de esperar, en virtud del ajuste fiscal y cambiario, que en 2013 la economía se desacelere pronunciadamente y que la tasa de inflación sea mayor que la de 2012, al acercarse al 25%. Todo esto refuerza la naturaleza volátil de la economía venezolana, potenciada ésta por una política económica inconsistente.

El manejo ya deficiente de la política económica ha desmejorado recientemente debido al cuadro de salud del presidente Chávez, circunstancia que ha provocado una virtual parálisis en la toma de decisiones en materia económica, todo lo cual ha exacerbado la incertidumbre y amenaza con profundizar la inestabilidad macroeconómica.

Venezuela no soporta más medidas económicas aisladas. La coyuntura exige la articulación inmediata de un programa económico que encare con determinación el déficit fiscal, que corrija el grave desbalance del mercado cambiario, que reduzca el financiamiento inflacionario de la gestión presupuestaria y que restituya la confianza e incentive la producción nacional.

Tomado de: http://polisfmires.blogspot.com/2012/12/documento-la-economia-venezolana.html