ISAAC
MENCÍA 23/05/2013
Con
la renta petrolera se quiso construir un Estado clientelar y destruir el
aparato productivo privado. Este modelo necesitaría precios petroleros en alza
constante muy superiores al creciente gasto público
La crisis económica que está
padeciendo nuestro país, cuyos síntomas más elocuentes son: la inflación
desbordada en el primer cuatrimestre del 2013 (12,5%) superior más de nueve
veces a la inflación de países como Colombia y Perú; la generalizada y grave escasez
de bienes (21,3% en abril) y servicio básicos, entre ellos, alimentos,
productos de higiene personal como papel toalé, y electricidad; la devaluación
del bolívar en 70% en promedio en menos de 2 meses, mientras en la mayoría de
los países de la región su moneda se está revaluando; el más elevado
riesgo-país del continente, lo cual ha obligado al régimen a colocar deuda
pública durante varios años a tasas de interés que superan las de países
hundidos en una profunda crisis como Grecia y España.
La conversión de Venezuela en un país
importador neto de gasolina, no obstante disponer de las mayores reservas
probadas de petróleo del mundo y de haber sido tradicionalmente un exportador
de derivados del crudo; el acentuado y reiterado déficit en las cuentas públicas
en medio de la mayor bonanza petrolera de toda la historia y la
inconstitucional utilización del BCV como instrumento de financiamiento
monetario del gasto gubernamental.
La sequía de divisas con precios del
petróleo por encima de los 100 dólares por barril, lo cual conjuntamente con la
eliminación del Sitme ha ocasionado una brecha exorbitante entre el precio del
dólar oficial y el precio del mercado paralelo, así como una parálisis de
diversos sectores de la economía al no poder importar insumos y bienes en
general en circunstancias en que la economía se ha hecho cada vez más
dependiente de las importaciones; el deterioro gerencial, operativo y
financiero de Pdvsa y la quiebra de las empresas estatales de Guayana; son
claros indicadores de que el modelo económico estatista-populista etiquetado
con el nombre de "Socialismo del Siglo XXI", ha entrado en una fase
de implosión progresiva atenazado por una acumulación de distorsiones y
desequilibrios.
UN MODELO INSOSTENIBLE
Todos estos problemas derivan de la inconsistencia e insostenibilidad de un modelo que se montó con la falsa creencia ideológica de que la renta petrolera permitiría sin restricción alguna financiar los dos grandes objetivos implícitos de la llamada revolución bolivariana: repartir de manera clientelar la renta petrolera con propósitos de control político de la población receptora de las transferencias y dádivas del gobierno, y al mismo tiempo destruir el aparato productivo privado con una política de expropiaciones y controles, sustituyéndolo con la propiedad estatal sobre los principales medios de producción y actividades productivas.
El resultado de este modelo ha sido,
por un lado, el despilfarro y la corrupción en el manejo de la renta petrolera
sin saldar la deuda social y disminuir la pobreza de manera sostenible, y por
el otro, destrucción de buena parte de la economía productiva pública y
privada, y con ello la destrucción de riqueza.
Para que este modelo pudiera
mantenerse sin entrar en una fase de implosión se tenía que cumplir una
condición esencial que no se ha venido dando: precios petroleros con ingresos
crecientes a una tasa muy superior a la tasa de incremento del gasto público
interno y externo, incluyendo en este último la erogación de miles de millones
de dólares para el sostenimiento de la dictadura de los Castro en Cuba. La
voracidad de gasto de la revolución ha sido de tal magnitud, que no sólo se
tragó en 14 años más de 1,3 billones de dólares, sino que multiplicó por más de
6 la deuda del sector público comparada con el año 1998, dejando de paso al
país en la carraplana.
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