Trino Márquez mayo 23, 2013
@cedice
La inflación de 4.3% en abril, la
escasez de alimentos, medicinas y repuestos automotores, han encendido todas
las alarmas: el buque socialista está hundiéndose -haciendo glu,glu glu- tal
como ocurrió en todos los países donde se implantó la socialización de los
medios productivos y la planificación central. Catorce años de cerco a la
empresa particular y a la propiedad privada no podían pasar en vano. Casi tres
lustros de intervenciones, controles, regulaciones e injerencia abusiva del
Estado sobre la actividad económica, tenían que causar efectos letales. Esos
vientos sembraron estas tempestades.
Además de la escalada inflacionaria,
existen otras cifras aterradoras. De acuerdo con recientes investigaciones
mandadas a realizar por Conindustria, de los 600.000 establecimientos
comerciales e industriales que existían en Venezuela en febrero de 1999, solo
quedan un poco más de 300.000; la merma es de 50%. De las 12.500 ramas
industriales y comerciales que operaban ese mismo año, sobreviven 7.000;
la caída es 44%. En catorce años de gobierno socialista se han registrado cinco
devaluaciones de la moneda nacional; la última: 46.5%. Ningún país
miembro de la OPEP ha padecido ese mal, menos en un ciclo de expansión de los
precios del crudo. El empleo que más aumenta es el que gana el salario
mínimo; casi 60% de la fuerza laboral se encuentra en este segmento. Algo más
de 80% de los trabajadores obtienen menos de dos veces el salario mínimo. La
franja de trabajadores que se encuentran desempleados o en el sector informal
de la economía es superior a 40%; en términos absolutos esto significa que,
sobre un total de 13.500.000 personas, 5.400.000 no trabajan o se refugian en
la informalidad. El socialismo ha sido especialmente drástico con los
trabajadores. Los empleos son de mala calidad, en términos de la OIT.
Frente al cuadro global, la respuesta
del Gobierno ha sido torpe. Invoca una guerra económica instigada por factores
nacionales e internacionales conjurados para desestabilizar el país. Habla de
acaparamiento y especulación, vocablos que han desaparecido de la ciencia
económica. De ellos solo se hace uso en coyunturas excepcionales: tragedias
naturales o conflictos bélicos nacionales o internacionales. En condiciones
como las que vive el país, la escasez no se origina en el acaparamiento; ni la
inflación en la especulación. Ambos fenómenos evidencian el fracaso rotundo de
un modelo económico anacrónico afincado en las expropiaciones, los
embargos, las confiscaciones. Lo que ha fallado es un Estado que ha querido
regular e intervenir en todas las facetas del proceso productivo. Que ha
construido una legislación punitiva, que castiga el éxito, acorrala a los
empresarios y, para colmo de males, anula a los sindicatos independientes
porque bloquea la contratación colectiva, el mejor instrumento que posee la
clase obrera para obtener reivindicaciones a partir de la producción y la
productividad. Lo que está en entredicho es un esquema de conducción que
coarta el desarrollo de las capacidades productivas de trabajadores y patronos.
El Estado ha fracasado como empresario
y agente interventor. Los activos privados de los que se adueña, sean
industriales o agrícolas, quiebran o son subsidiados por el presupuesto
nacional. Agro Isleña y Lácteos Los Andes, empresas exitosas en sus ramos, se
fueron a pique. La combinación de ineficacia y corrupción es letal. La nueva
Ley del Trabajo, abundante en penalizaciones y amenazas, desestimula la
creación de empleos.
La lucha de clases es otra antigualla
mortifera. Únicamente ha servido para promover la confrontación inútil e
inconveniente entre los sindicatos gobierneros y las empresas particulares.
Toyota y Coca Cola han sido martirizadas por los embates de esta visión
criminal de las relaciones obrero patronales. El conflicto absurdo fomentado
por el oficialismo con el capital privado aleja la inversión nacional y
foránea, cuando los países luchan por atraer inversionistas y garantizarles las
condiciones más favorables para que sus actividades se desplieguen en un clima
de seguridad jurídica y paz laboral.
El Gobierno pretende apagar el fuego
echándole más gasolina. La nueva Presidenta del BCV dijo en una de sus primeras
declaraciones que los controles y la intervención se mantendrán porque habían
sido muy “exitosos”. Se rumora que es una pieza de Giordani. A lo mejor. Lo que
sí es seguro es que no sabe nada de economía. Lorenzo Mendoza, dale una
clasesita.
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