El menospreciado rol económico del Municipio, @Fundesmu

Por Carlos Miguel Rodríguez, 10/10/2014

En general, solemos pensar que la intervención estatal en la economía suele realizarse exclusivamente desde el nivel central. Esta percepción se deriva en buena medida de la rígida centralización del Estado venezolano, caracterizado no solo por limitar la capacidad de actuación de los gobiernos sub-nacionales sino por mantener elevados niveles de control sobre los agentes económicos privados. Sin embargo, la tendencia internacional ha sido a fortalecer las capacidades de acción económica de los gobiernos locales como estrategia para garantizar la dinamización de los territorios.

El avance de la globalización en la década de 1980 debilitó la capacidad de los Estados para dirigir el desarrollo de las economías nacionales, forzando a los territorios locales a adoptar estrategias de conversión productiva y adaptación frente al nuevo entorno. Esta situación forzó a los gobiernos locales a asumir en la práctica el rol de agentes de desarrollo, constituyéndose en coordinadores de la estrategia económica local, alrededor de la cual convergieron las empresas locales, los actores claves de la sociedad civil y los organismos de apoyo externo.

Estas experiencias pioneras, desarrolladas principalmente en Italia, España y Argentina, dieron pie a distintas elaboraciones teóricas que se abrigaron bajo el concepto genérico de desarrollo local. En este marco se han incluido proposiciones sobre la necesidad de fortalecer institucional y gerencialmente a los gobiernos locales, incentivar la asociación y el encadenamiento entre empresas de distintos tamaños, impulsar la innovación científico-tecnológica, promover la atracción de recursos externos, y optimizar la capacitación laboral del capital humano local.

Estas ideas fraguaron en distintos modelos y experiencias institucionales, al punto de que, en la actualidad, los más avanzados gobiernos locales del mundo, establecidos en las principales urbes, cuentan dentro de su estructura administrativa con órganos o entes dedicados especialmente a la promoción del desarrollo económico.

En nuestro país, la Constitución de 1999 reconoció explícitamente como principal función de los Municipios ordenar y promover el desarrollo económico y social. Sin embargo, el posterior desarrollo legislativo relativo a la organización y funcionamiento de los Municipios, junto a la reversión de las políticas de descentralización, contradijeron el espíritu de la disposición constitucional, limitando sensiblemente la función económica municipal. Por un lado, se limitó su potestad fiscal, haciendo depender cada vez más las finanzas locales de las transferencias centrales, las cuales han sido sometidas a continuos recortes arbitrarios. Por el otro, se crearon órganos y entidades estatales y socio-comunitarias que rivalizan en el espacio local con los Municipios, lo que se ha sumado a la poca disposición oficial a coordinar inversiones entre los distintos niveles territoriales.

A pesar de este contexto adverso y la falta de incentivos, son palpables los esfuerzos de algunos Municipios por potenciar sus economías locales y generar incentivos al desarrollo local. Prácticas como la gestión estratégica de las competencias fiscales; el establecimiento de mecanismos de cooperación con empresas locales y foráneas; la coordinación de inversiones urbanas; la promoción de la capacitación laboral especializada; y el desarrollo bajo una nueva perspectiva productiva de competencias básicas como el abastecimiento de mercados, el saneamiento ambiental y la gestión de servicios públicos domiciliarios, son cada vez más comunes en los gobiernos locales venezolanos.

Estas experiencias han surgido, sin embargo, a partir de iniciativas de innovación institucional aisladas y desarticuladas, muchas de las cuales, ante la falta de apoyo económico, político o técnico, han tendido a fracasar o a consolidarse bajo formas más modestas o parciales. En general, estas iniciativas se respaldan en la voluntad política de los equipos locales, pero se enfrentan a la ausencia de políticas nacionales que incentiven y ofrezcan respaldo.

Uno de los desafíos que enfrentará el país en el mediano plazo, cuando, inevitablemente, decida enfrentar la monumental crisis de productividad que padece, se refiere precisamente a la redefinición del rol económico de los Municipios, los cuales deberán asumirse cada vez más como los agentes líderes de la promoción productiva de sus localidades. Esta redefinición exigirá, sin embargo, la adopción de políticas públicas nacionales que amplíen las atribuciones de los alcaldes, incentiven con aportes económicos la implementación de estrategias de desarrollo, brinden respaldo técnico a los equipos municipales y generen un contexto favorable a la cooperación público-privada en todos los niveles. Estas políticas, impensables actualmente, marcarán inexorablemente la agenda pública del país.

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