Barboza Gutiérrez octubre de 2014
De acuerdo al Artículo 5 de nuestra
Constitución la legitimidad de los órganos del Estado emana de la soberanía
popular y a ella están sometidos. Y en su Artículo 293 en el numeral 10
establece que los órganos del Poder Electoral garantizarán la igualdad,
confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia de los procesos
electorales, lo cual es complementado por lo dispuesto en el Artículo 296 de la
misma Carta Magna el cual dispone que el Concejo Nacional Electoral estará
integrado por cinco personas no vinculadas a organizaciones con fines
políticos, que tres de ellos serán postulados por la sociedad civil, y que para
designar esas personas por la Asamblea Nacional debe hacerse con el voto de las
dos terceras partes de sus integrantes.
Dentro del procedimiento previo a esa
designación se debe constituir un Comité de Postulaciones integrado por 11
Diputados y 10 representantes de la sociedad civil que además de la
independencia política deben reunir los requisitos de honestidad, capacidad y
formación para proponer a quienes deben formar parte del Poder Electoral. Para
la designación de los 11 Diputados se aplicó la correlación de fuerzas dentro
de la Asamblea Nacional, y se designaron 6 Diputados del oficialismo y 5 de la
oposición.
La designación de los 10 representantes
de la sociedad civil en el Comité de Postulaciones no ha sido posible hasta
esta fecha por cuanto el oficialismo aspira a imponer una lista de miembros de
la sociedad civil, lo cual no tiene el apoyo de la oposición democrática por
considerar que no se le debe aplicar a los miembros de la sociedad civil no
políticos, la correlación de fuerzas políticas que actualmente existe en la
Asamblea, porque ello estaría en contradicción con el requerimiento de que esos
miembros tengan independencia política y con la exigencia de las dos terceras
partes para su designación que persigue el objeto de que sean seleccionados por
el acuerdo entre todos y no por la imposición de una de las partes.
Para quienes defendemos la idea de que
las diferencias políticas se deben resolver por la vía democrática y no por la
violencia, y promovemos el voto como el mejor instrumento cívico para hacer los
cambios en los poderes públicos, este es un tema fundamental, lo peor que le
puede suceder a un pueblo que quiere transitar la vía pacífica para dirimir sus
diferencias, es verse acorralado por imposiciones y arbitrariedades que le
impidan ejercer sus derechos y que su voluntad que es la base de la
legitimación de los poderes públicos no tenga una vía imparcial y transparente
a través de la cual expresarse. Una situación de ese tipo constituye una
amenaza a la paz y al desarrollo normal de la vida institucional del país.
Un argumento al que recurre el
oficialismo para tratar de imponernos la lista que propone, es la amenaza de
que si no la aceptamos el Tribunal Supremo de Justicia declararía la omisión de
la Asamblea Nacional en el cumplimiento de este deber constitucional, y en ese
caso la Sala Constitucional sustituiría al Poder Legislativo en la designación
de estos Rectores del CNE. En esa amenaza con tufo de chantaje está la razón de
la actitud de la bancada oficialista en esta materia, ellos no hacen el
esfuerzo de acordarse en una integración plural y calificada del CNE con los
Diputados que piensan distinto porque confían en el control político que el
oficialismo tiene sobre todos los poderes públicos, entre ellos el Judicial, y
piensan utilizarlo como instrumento para designar unos Rectores del CNE no para
que cumplan con sus deberes constitucionales, sino para que ejecuten la
voluntad del Partido oficial y su gobierno. De esa manera le niegan a la
sociedad democrática venezolana el derecho a tener un Poder Electoral escogido
de acuerdo a la letra y espíritu de la Constitución vigente.
La posición de los Diputados de la
Unidad Democrática seguirá siendo la misma, estamos dispuestos a dialogar pero
para que se cumpla la Constitución y se escojan Rectores que garanticen la
imparcialidad del Consejo Nacional Electoral, y denunciaremos cualquier
maniobra que se desarrolle con objetivos distintos, preferimos continuar esta
lucha a través de la denuncia sobre la verdad de lo que ocurre, antes que
convalidar con nuestros votos una conducta contraria a la Constitución, a
nuestros principios, y a los derechos de todos los ciudadanos venezolanos a
exigir el respeto a la soberanía popular libremente expresada y no sujeta a
manipulaciones.
¿Cuál es el miedo a que el pueblo
exprese su voluntad teniendo un CNE imparcial?
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