ALFREDO MEZA
Caracas 8 FEB 2015
Dos ejecutivos de importantes compañías y el director del gremio de
clínicas y hospitales privados han sido detenidos esta semana
El
doctor Carlos Rosales, presidente de la Asociación de Clínicas y Hospitales de
Venezuela, alertó en una entrevista en un canal de televisión local sobre la
poca disponibilidad de insumos y equipos médicos. “Hay entre un 60% y un 70% de
escasez de medicamentos y la mitad de los equipos están paralizados por falta
de repuestos. Los pacientes con enfermedades crónicas no están cumpliendo con
el tratamiento prescrito y corren el riesgo de presentar complicaciones”,
advirtió el miércoles pasado. Dos días después, fue detenido por el Servicio
Bolivariano de Inteligencia (Sebin) en su residencia de Valencia, en el centro
del país, para que explicara sus declaraciones. La policía política venezolana
le pidió que no usara expresiones “que pudieran causar alarma entre la
población”. Más tarde fue liberado.
En
algún momento se temió que Rosales corriera la misma suerte que Pedro Luis
Angarita, presidente ejecutivo de Farmatodo, la empresa de farmacias más
conocida del país, con más de 160 establecimientos, y de Manuel Morales,
director de los supermercados Día a Día, que fue detenido por la policía
política a las puertas del palacio presidencial de Miraflores, después de salir
de una reunión con el ministro de Alimentación Carlos Osorio. Ambos se
enfrentan a cargos por boicot y desestabilización de la economía. Según la Ley
Orgánica de Precios Justos, podrían ser condenados a dos años de cárcel.
Los
tres casos confirman que el régimen venezolano está trasladando a la empresa
privada la responsabilidad de la escasez y la carestía, que acogota desde hace
año y medio a todos los venezolanos. “Los empresarios ahora engrosarán la lista
de presos políticos de este Gobierno", afirmó Jorge Roig, presidente de
Fedecámaras, la federación que agrupa a los gremios de patronos en Venezuela,
en su cuenta de Twitter.
Después
de un inicio de año crítico, el Gobierno está decidido a atacar no las causas,
sino a las consecuencias del modelo económico. Lo más visible son las enormes
filas que se forman fuera de los locales en los que se venden productos
subsidiados que se importan o producen cada vez en menor cantidad. La batida
iniciada por la Administración del sucesor de Chávez pretende eliminar las
colas acusando a los comercios de generarlas con el objetivo último de
derrocarlo.
El
chavismo no solo elabora leyes sobre la marcha para castigar a lo que llama “la
burguesía apátrida”, encarnada por el empresariado que busca maximizar sus
ganancias. Para tratar de mantener el menguado valor del bolívar, la moneda
venezolana, quiere obligar al empresariado a vender a precios regulados sin
tomar en cuenta la inflación, que en un año alcanzó el 63%.
En
ese afán de encontrar a un responsable le ha tocado el turno al Supermercado
Día a Día, una cadena de 35 pequeñas tiendas en 16 ciudades y siete provincias
de Venezuela, que atiende desde 2005 a los sectores populares del país
vendiendo productos de la cesta básica en pequeñas presentaciones. Se trata de
una poderosa idea que se desarrollaron el hoy detenido Morales y su socio José
Vicente Aguerrevere durante el apogeo del chavismo, después de entender que en
América Latina los canales informales de distribución dominan entre el 60% y el
70% del mercado. “El pobre siempre compra dentro de su comunidad”, afirma
Aguerrevere desde Estados Unidos.
A
Aguerrevere le cuesta entender cómo acusan a su socio de boicotear la economía
si el Gobierno autoriza los despachos hacia sus tiendas a través del sistema
SICA, un mecanismo mediante el cual el Gobierno conoce desde hace varios años
en tiempo real el movimiento, las cantidades y los tipos de productos que
entran y salen del almacén de la zona industrial de La Yaguara, en el oeste de
Caracas. “Nuestro inventario va en consonancia con la política de reposición de
productos que tenemos. Las tiendas son pequeñas y es normal que en nuestro
almacén estén la mayoría de los productos. Además, ¿con qué fin vamos a
acapararlos si el 70% de lo que vendemos está regulado y el precio de venta
justo ya viene impreso en la presentación?”, se pregunta.
El
presidente Maduro ha ordenado que la red estatal Pdval asuma el control del
abastecimiento del supermercado Día a Día, sin precisar si esta ha sido
expropiada u ocupada de forma temporal. La ocupación de la cadena pone
nuevamente de relieve la difusa línea que existe entre acaparamiento e
inventario. Para huir hacia adelante el régimen está sacando rédito de esta
indefinición.
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