YSRRAEL CAMERO 07
de febrero de 2015
Mientras
centenares de miles de ciudadanos hacen cola a la puerta de supermercados y
farmacias, esperando encontrar algún bien básico otrora accesible y ahora
escaso, una pequeña nomenklatura gubernamental, atrincherada en instituciones
públicas, fortalece los múltiples controles políticos sobre producción,
distribución y consumo, creyendo que la dependencia garantizará sumisión y
control sobre una población que se empobrece rápidamente.
Al
mismo tiempo se certifica que el derrumbe económico ha impactado negativamente
en lo social. La CEPAL señaló en su último informe que la pobreza en Venezuela
había aumentado en 2013 hasta alcanzar a 32% de la población. Pero eso fue
antes de que la caída del ingreso petrolero en 2014 desnudará la pérdida de
seguridad alimentaria venezolana, traducida en desabastecimiento primero y
luego en escasez. Para finales de 2014, siguiendo una investigación realizada
por equipos de la UCV-UCAB-USB, las fronteras de la pobreza superaban al 48,4%
de la población. El discurso oficial de reducción de la pobreza se ha venido
abajo, junto con la esperanza de futuro de millones de familias de las zonas
populares de Venezuela.
A
lo que hemos de agregar el impacto disolvente de la violencia cotidiana,
impulsada por los altos niveles de impunidad, que no solo se tradujo en 2014 en
más de 25 mil víctimas mortales de la delincuencia, sino que ha contribuido a
desagarrar las redes cotidianas de la vida en comunidad en Venezuela, donde la
desconfianza, el miedo, la incertidumbre han crecido día a día.
En
cuanto a la correlación y al funcionamiento del poder también se refleja una
terrible mudanza. La nomenklatura que controla al Estado decidió en 2014
atrincherarse en el poder, impedir cualquier tipo de apertura política en las
instituciones, temiendo que todo el tinglado se viniera abajo. En diciembre se
perdió una oportunidad de facilitar un ajuste en la correlación institucional
del poder que le permitiera al gobierno ampliar su legitimidad para enfrentar
la crisis. Prefirieron aislarse y esperar a que el temporal pasara. Esa abismal
diferencia entre el poder institucional y la sociedad empobrecida se expresa en
una crisis política profunda.
LA TRILOGÍA CRÍTICA
De
esta manera podemos concluir que en Venezuela no se está viviendo simplemente
una crisis, sino que interactúan al unísono tres procesos críticos que avanzan
a velocidades distintas, y que nos acercan día tras día a un escenario posible
de difíciles transiciones:
Una
crisis económica que afecta nuestra capacidad de producir, transformar,
distribuir, comercializar y consumir lo que la sociedad necesita, que se
expresa en escasez, desabastecimiento, inflación y destrucción del valor de la
moneda.
Una
crisis social que afecta la manera en que nos organizamos, convivimos,
construimos un entramado común, una comunidad, crisis que se expresa en la
desarticulación de las redes humanas que mantienen la cohesión social, en el
empobrecimiento vinculado a una mayor dependencia, en fin, a una menor
autonomía vital, a menor libertad. La proletarización de la clase media
profesional es particularmente grave en este sentido. Hemos de agregar a esto
la crisis de servicios públicos vitales como la salud, el servicio eléctrico y
el agua.
Y,
por último, una crisis política, que se expresa en esa distancia entre la
correlación institucional del poder y la realidad sociopolítica, con el
consiguiente atrincheramiento de la nomenklatura, que afecta tanto
representatividad como legitimidad del sistema. A lo que debemos sumar un
funcionamiento interno del poder que lo incapacita para reconocer la
legitimidad del otro.
Estos
tres procesos avanzan a velocidades distintas, interactúan entre sí
agravándose, en la medida en que la actuación gubernamental está marcada por
una agenda que ha colocado en el centro de sus objetivos la preservación de un
poder centralizado, desinstitucionalizado y permanente en manos de la
nomenklatura militar-civil que creció alrededor de la figura de Chávez y de los
múltiples negocios que su gestión de la economía venezolana propició.
La
activación de los vasos comunicantes entre los tres procesos críticos estará
marcada por la capacidad de movilización, por la organización de los actores
sociopolíticos, y por la capacidad de aprovechar las coyunturas de 2015.
Efectivamente la llave para revertir la degradación es fundamentalmente
política, ya que las tres crisis descansan en un funcionamiento y una
correlación del poder que no solo divergen terriblemente de la mayor parte de
la sociedad sino que además le impiden a las fuerzas productivas desarrollarse
plenamente.
La
respuesta a las expresiones económicas de la crisis ha de ser fundamentalmente
política, ya que en este modelo político la gestión de la economía se encuentra
incrustada en el centro tanto del funcionamiento como de la correlación social
e institucional de poder.
LAS TRANSICIONES QUE HEMOS VIVIDO
Se
ha hablado mucho de transición a lo largo de esta década en Venezuela, pero
bajo dos acepciones completamente distintas, una que planteaba el tránsito del
“capitalismo” al “socialismo” y otra que hace énfasis en el cambio del
autoritarismo a la democracia. Hemos de repasar ahora el primer acercamiento,
el que se generó a partir del discurso y la práctica gubernamental.
A
partir del momento en que Chávez acuño el término del “Socialismo de siglo XXI”
y pretendió cambiar las relaciones de producción en la economía venezolana
sectores oficialistas empezaron a hablar de la “vía venezolana al socialismo” o
de la transición del “capitalismo al socialismo” en Venezuela.
En
esta primera acepción el tema central es cambiar las relaciones sociales de
producción, tomando progresivamente control de los medios de producción por
parte del Estado, ahora transformado estructuralmente, para crear una lógica
productiva nueva, que no se guiara por el lucro.
En
la práctica la estructura económica de Venezuela efectivamente estaba
cambiando, pero en un sentido distinto al proclamado. La persecución contra
productores nacionales, la expropiación de tierras, silos, empresas,
industrias, así como las invasiones de terrenos rurales y urbanos se
convirtieron en acción cotidiana.
Pero
la toma burocrática de las unidades de producción abandonó prontamente su
carácter productivo, se convirtieron los invasores o “tomistas” en funcionarios
de quince y último, en depositarios de una renta regular asignada por el
gobierno para mantenerse “ocupando” sus puestos, cuando no simplemente en
saqueadores de dichas empresas, en rematadores de los recursos de fincas y
haciendas. No se preocuparon por mantener o incrementar el ritmo de la
producción ya que los inmensos recursos provenientes de la venta de petróleo en
el mercado mundial permitían subsanar con importaciones la destrucción
productiva generada con el cambio.
No
se puede negar que la economía venezolana ha sufrido cambios estructurales de
importancia. La desaparición de sectores industriales enteros, incapaces de
adaptarse a un entorno hostil, de muchas redes de comercialización privada,
sometidas a controles burocráticos absurdos, la fuga de capitales o su
volatización fruto de la devaluación continua de la moneda, la práctica
desaparición de la inversión extranjera directa, la perpetuación del control de
cambio, así como la toma de control por parte del Estado de sectores enteros de
la economía, crearon una economía que acumula grandes distorsiones.
No
se ha construido una economía socialista, pero se ha desestructurado la
economía capitalista que existía antes en Venezuela. El populismo consumista
pagado con la factura petrolera ocultó la realidad de la demolición de los
sectores productivos, mientras mafias de importadores surtieron un mercado
interno en expansión de consumo pero sin desarrollo. Es tan claro el fracaso
productivo del modelo implantado en Venezuela que bastó la caída de los precios
del petróleo para que la pobreza ascendiera nuevamente, evidenciado que, más
allá del consumo, no se había trabajado en el desarrollo de nuestras
capacidades.
La
proletarización de la clase media profesional en el mismo momento en que una
nueva boliburguesía ascendía a altos niveles de consumo refleja ese fracaso.
Por una parte, sectores capacitados vieron desaparecer sus ahorros
volatilizados por la devaluación, así como sus expectativas de futuro,
emprendiendo muchos de ellos el camino del exilio económico. Mientras que, por
la otra, los grandes negocios vinculados a la circulación de los petrodólares
generaron nuevos ricos sin producción, importadores, negociantes, que
aprovecharon los resquicios del poder para acumular riqueza fácil.
Esta
transición económica que hemos vivido en Venezuela es un dato que no puede ser
evadido. No estamos en la Venezuela de 1999, ni en la de 2002. El Estado tiene
un control inédito en todo el proceso económico, desde la producción hasta el
consumo final, desplazando al sector privado a la periferia, pero alimentando
inmensas redes de corrupción. Ese es el desastroso resultado de la implantación
de un modelo que nunca se planteó generar algún tipo de incentivo para producir
porque la confianza en el recurso petrolero obnubiló a los decisores.
Por
otro lado también hemos presenciado una transición en la estructura política
venezolana. No sólo estoy hablando de la nueva Constitución de 1999 y de la
construcción de todo un nuevo entramado institucional. Hemos pasado de una
democracia social-liberal en crisis a un régimen autoritario competitivo, y a
partir de éste nos hemos estado deslizando desde 2010 en un tobogán de cambios
que nos conduce cada día más hacia un autoritarismo hegemónico.
La
retórica contra la “democracia representativa”, postulando la “participativa y
protagónica” como alternativa, condujo a la disolución institucional de la
democracia liberal, vulnerando el Estado de Derecho hasta destruirlo. La
campaña para construir el “Estado Comunal” dominado por un “Poder Popular” que
no fuera representativo ha sido la última etapa que conduce a la disolución de
los restos del Estado Liberal para que sea sustituido por esquemas
autoritarios.
Entonces
hace tiempo dejamos de ser una democracia pero, efectivamente, aún no estamos
viviendo en una dictadura, nos encontramos en medio de la deriva de un régimen
autoritario híbrido que, aunque conserva rituales provenientes de la democracia
los vacía de poder real, reduce el impacto de transformación de los rituales
democráticos en el cambio del poder.
La
trilogía crítica, esa coexistencia de crisis económica, social y política que
estamos viviendo hoy, golpeó al régimen en pleno proceso de destrucción de los
patrones democráticos y de la economía capitalista moderna, sin lograr aún
asentar una economía “socialista” ni un Estado “total” como parecía ser la
intención de la nomenklatura gobernante. Partiendo de este diagnóstico
económico y político es que podemos afrontar la buscada transición a la
democracia en el contexto venezolano de hoy.
LAS TRANSICIONES QUE HAN DE VENIR: ¿HAY MODELOS?
Acá
nos acercamos a la segunda acepción de la transición: la sustitución del
autoritarismo por la democracia. La última ola de democratización en América
Latina empezó en Ecuador y Perú entre 1978 y 1979 y se extendió hasta Chile en
1990. Tras la caída del Muro de Berlín se iniciaron otros procesos de cambio
democrático en Europa central y del Este que tuvieron destinos muy diversos.
Muchos
han tendido a usar modelos de transición para acercarnos a la comprensión de lo
que se necesita en Venezuela. Se ha hablado del modelo español, una transición
a la democracia construida desde el antiguo régimen, desde arriba, realizada a
partir de modificaciones de las instituciones autoritarias, con una apertura
política y social que permitió llegar a un sistema democrático como fruto de un
ejercicio de ruptura con continuidad. Los Pactos de La Moncloa partieron del
reconocimiento de la legitimidad de los actores, gobierno y oposición, para
hacer frente a la crisis económica y al cambio político de la época.
Hay
otros que han hecho énfasis en el modelo chileno, la creación de la
Concertación Democrática, fruto de la unidad de una parte importante de la
oposición democrática, aunque no de su totalidad, que permitió plantearle a la
sociedad chilena una alternativa superadora, ganar un referéndum y ganar las
elecciones presidenciales. En el caso chileno también pervivieron importante
resabios de las instituciones autoritarias bajo el régimen democrático.
Apelar
a estos dos ejemplos, más allá de sus méritos, tiene dos limitaciones
importantes, si entendemos la transición a la democracia a partir de las
circunstancias actuales del sistema, régimen y gobierno autoritario venezolano.
Primero,
desde el punto de vista político, no estamos viviendo una dictadura tradicional
militarista, como el caso de Pinochet, ni un régimen autoritario conservador,
como en el caso del franquismo, sino un régimen autoritario competitivo (cada
vez menos competitivo, cada vez más autoritario), mixto, híbrido, y eso tiene
implicaciones estratégicas al momento de enfrentarlo.
Segundo,
y esto es vital para afrontar la transición que hemos de construir en
Venezuela, las transiciones a la democracia, en España, en Chile, en casi toda
América Latina, fueron fundamentalmente transiciones políticas, así fueron
concebidas y realizadas. Se pasaba de una dictadura a una democracia, de un
régimen político a otro. Pero en Venezuela el trastorno económico, la acumulación
de distorsiones económicas es consustancial con la implantación de un modelo
político, por ende, así como decíamos hace unas semanas que la crisis económica
es política, debemos decir ahora que la transición ha de ser no solo política,
sino también económica.
TRÁNSITOS DESDE EL SEGUNDO MUNDO: EUROPA CENTRAL Y
ORIENTAL
“Polonia, diez años; Hungría, diez meses; Alemania
del Este, diez semanas; Checoslovaquia, diez días; Rumania, diez horas…”
Para
llegar nuevamente a Occidente debemos mirar y aprender de la experiencia del
Este. Es allí donde tenemos un ejemplo contemporáneo de la coexistencia
temporal entre cambio político, cambio económico y cambio sociocultural, desde
un régimen político autoritario a uno democrático, desde una economía
socialista a una economía capitalista de mercado, desde una sociedad cerrada a
una abierta.
La
experiencia de estas transiciones, las “Revoluciones Gloriosas”, está aún
sujeta a profundas polémicas. No voy abundar en los detalles, sino que
intentaré ejecutar un acercamiento analítico. Lo primero que es necesario decir
es que, salvo los casos de Rumania y Yugoslavia, fueron pacíficas, y la
sociedad civil organizada y en proceso de organización fue clave por su presión
democrática para hacer posible el cambio. Señalar lo pacífico del proceso no
debe confundirnos, hubo rupturas y traumas, altos costos sociales,
resurgimiento de antiguos temas como los nacionalismos étnicos, la cultura
autoritaria no desapareció por completo y antiguas estructuras de poder
sobrevivieron en la nueva economía.
Los
cambios realizados durante la década de los noventa en Europa del Este pueden
ser entendidos como una especie de secuencias en contrapunto entre
democratización política, liberalización económica y cambio sociocultural, cuyo
desarrollo y desenlace fue, en muchos casos, distinto de lo que los decisores
hubieran deseado o planificado. El punto de llegada no siempre terminó siendo
una democracia liberal plena con una economía de mercado moderna.
Para
empezar, el legado económico comunista era un pesado fardo para las sociedades
de Europa del Este. Economías cerradas, sin libertad económica ni
productividad, con una planificación centralizada que había fracasado
estrepitosamente, con empresas no-competitivas, con escasez de productos de
primera necesidad, con alto nivel de endeudamiento, alta inflación, mercados
internacionales colapsados, e inmensos déficit presupuestarios, en resumen, un
escenario inicial que presentaba grandes dificultades y una inmensa cantidad de
distorsiones acumuladas.
Se
desarrollaron cuatro grandes procesos de cambio como parte de la transición
económica, primero la imprescindible estabilización macroeconómica, en segundo
lugar la liberalización, en tercer lugar las transformaciones en la propiedad
de los medios de producción, es decir, los programas de privatización y, por
último, el aspecto fundamental de la creación de las nuevas instituciones
económicas.
El
debate entre gradualismo y terapia de shock, el problema de las secuencias en
las reformas, las derivaciones monopólicas de programas de privatización mal
llevados, el traslado de las viejas estructuras de poder político a nuevas
redes de poder económico derivado del acceso privilegiado a información, el
descuido respecto al impacto social negativo que el retroceso del Estado
generaría en una parte importante de la sociedad, que se había acostumbrado a
la dependencia estatal y cuyas capacidades no estaban plenamente desarrolladas;
todo esto nos lleva a aprender de las grandes discusiones críticas de los
programas de ajuste de los noventa.
Quiero
hacer énfasis en el tema institucional, el más político de todos, porque me
parece clave para otorgar viabilidad y sostenibilidad en el tiempo a las
reformas. Este cambio institucional implicó reformas legislativas, judiciales y
administrativas, es decir en el funcionamiento del poder, y está profundamente
vinculado al cambio democrático.
En
el aspecto legislativo las nuevas instituciones debieron propiciar la creación
de nuevas empresas, pero también permitir su disolución, facilitar la
liquidación de empresas estatales deficitarias e improductivas, promover el
ingreso de la inversión extranjera directa. Implicaba esto la realización de
una reforma bancaria para terminar con los monopolios, al mismo tiempo que se
adecuaba la regulación a las nuevas características de un mercado que debía
hacerse más competitivo. Debieron redactarse nuevos códigos de comercio y
códigos civiles, crear mercado de valores, así como leyes que obligaran a las
empresas a ser transparentes, etc.
Sin
Estado de Derecho no había posibilidad de que la economía volviera a florecer.
Todo el aparato judicial tuvo que reformarse para resolver disputas comerciales
y contractuales, así como ofrecer garantías efectivas de protección a los
empresarios frente a abusos del Estado y de las nacientes mafias.
Administrativamente fue necesario crear un sistema tributario que no fuera
confiscatorio y un sistema de compensación para los desempleados, así como fue
necesario modificar sustancialmente la administración bancaria.
Así,
la reforma de la economía, para permitirle a estas sociedades volver a producir
en libertad, implicaba también grandes cambios políticos, desde la instauración
del Estado de Derecho, de tribunales independientes, de un Poder Judicial
autónomo hasta la instauración de la soberanía popular democrática, dejando
atrás al comunismo.
La
democratización política, por su parte, pasaba por permitir el pluralismo,
pasar del pensamiento único impuesto por Pravda a la proliferación de medios
privados de comunicación, del dominio del partido único, como el PCUS, a la
explosión de una diversidad de movimientos y partidos políticos nuevos. Era
necesario crear nuevas reglas para que la soberanía popular se expresara
efectivamente, con elecciones libres y plurales. No fue un proceso sencillo y
la cultura autoritaria, con sus prácticas, siguió perviviendo.
La
reforma política pasaba por permitir a la sociedad controlar la acción del
Estado. El sistema autoritario hacía uso arbitrario y discrecional de la fuerza
pública, de las policías secretas y la transición solo sería posible si se
ponía coto a estas prácticas. Dividir los servicios secretos, afianzar el
control parlamentario, garantizar el debido proceso para proteger al ciudadano
fue necesario para avanzar hacia la democracia.
El
rol de las Fuerzas Armadas también debió transformarse radicalmente, la
despolitización, la creación de una nueva doctrina y misión, la afirmación de
la supremacía del poder civil, la separación de la administración y del mando,
propiciar una mayor integración con la sociedad, e inculcar valores
democráticos en los militares fueron elementos fundamentales de este proceso.
Fueron
emergiendo claramente patrones de transformación sociocultural, nuevas reglas,
nuevas pautas de comportamiento en todos los ámbitos de la vida, desde el
comunitario hasta el laboral, nuevas libertades que implicaron aprendizajes
acelerados para una población que había estado sometida a esquemas autoritarios
durante varias generaciones.
El
puerto de llegada resultó distinto a lo planteado cuando se inició el viaje,
los resultados fueron muy diversos. El caso más trágico fue el yugoslavo,
Slobodan Milosevic pretendió usar el discurso nacionalista serbio para evadir
su responsabilidad en el desastre económico. Se desató el monstruo de los
nacionalismos étnicos, religiosos, lo que derivó en una terrible guerra civil y
en la desaparición de Yugoslavia.
Rusia
pasó por un importante período de recesión económica y retroceso, dejando de
ser la hiperpotencia de otrora. Checoslovaquia se dividió, pero la economía
checa logró recuperarse. Polonia y Hungría también salieron adelante con sus
reformas, aupando la aparición de regímenes democráticos. La aparición de
regímenes híbridos, crecientemente autoritarios pero con rituales democráticos,
terminó siendo el resultado final en Rusia, Georgia, Bioelorrusia, Ucrania
entre otros.
En
ocasiones la mala gestión de las reformas derivó, tras un período de
empobrecimiento, en la creación de una economía atrasada y penetrada por nuevas
mafias. Pero muchos casos terminaron en un éxito para las sociedades y para las
fuerzas democráticas: se instauró la democracia y se crearon las bases para una
economía capitalista moderna. Por ejemplo, la República Checa, Estonia,
Polonia, Hungría, Eslovenia son generalmente considerados casos exitosos entre
quienes iniciaron las transiciones post-comunistas luego de la caída del Muro
de Berlín.
ACERCAMIENTO A UNAS CONCLUSIONES
¿Qué
podemos aprender de las transiciones en Europa central y oriental? Mucho, pero
debemos prestar atención también a las grandes diferencias de base. Para
empezar en Venezuela es legal el pluralismo político, las elecciones son
regulares y competitivas, a pesar de que cada día son menos libres, menos
limpias y menos abiertas. Sobreviven aún medios de comunicación social
privados, aunque sometidos a grandes presiones que llevan a algunos a la
autocensura, mientras otros son adquiridos por la nomenklatura gobernante a
través de personas interpuestas.
La
economía venezolana aún no ha pasado por un proceso completo de control de los
medios de producción por parte del Estado, aunque parece claro que el objetivo
gubernamental es reducir el sector privado autónomo a su mínima expresión. La
planificación centralizada, al estilo soviético, no se ha instaurado por
completo en Venezuela, a pesar de los esfuerzos gubernamentales. Nos
encontramos en ese sentido también en un escenario híbrido, donde el sector
financiero y bancario privado, así como una inmensa red de importadores,
ligados a la nomenklatura gobernante, han resultado beneficiados.
Venezuela
tiene una cultura democrática que era casi inexistente en Europa central y
oriental, ese es uno de los factores que ha impedido que se imponga por
completo el proyecto totalitario, y es una base importante para reconstruir un
régimen democrático. La presencia de partidos políticos democráticos y de una
sociedad civil activa es clave en el éxito de estos procesos de transformación.
De
igual manera, es importante destacar que en la estructura económica venezolana
hay una resiliencia organizacional importante en el sector privado empresarial,
en productores, industriales y comerciantes acostumbrados a trabajar en un
entorno hostil. La supervivencia de estos emprendedores es un aspecto vital
para darle viabilidad a las reformas económicas.
Otro
contraste salta a la vista, esta vez negativo, en materia de orden público el
Estado venezolano ha venido retrocediendo de manera preocupante, no sólo
hablamos de la delincuencia desbordada, sino también de la entrega de
territorios, urbanos y rurales, a grupos armados organizados que amedrentan a
la población, o de la presencia de cobradores de vacunas en poblaciones del
interior del país. La fragilidad, el debilitamiento y la
desinstitucionalización del Estado son un dato grueso que no debemos olvidar al
momento de construir una transición a la democracia, porque ha de ser el Estado
el que ejecuta y desarrolla el proceso de transformación institucional.
Este
es un pequeño abreboca, desde Venezuela es necesario estudiar con cuidado los
casos de Europa del Este porque allí encontraremos elementos de coincidencia en
procesos de transición a la democracia desde un gobierno autoritario con el
tránsito de una economía controlada por el Estado, sin iniciativa privada, hacia
una economía capitalista moderna.
Comprender
la coexistencia entre estos procesos y los vasos comunicantes entre sí es una
necesidad de todos los demócratas venezolanos. Esto ha de estar claro para que
se entienda que pretender que haya en Venezuela una transición política a la
democracia sin dar respuesta al desmantelamiento económico sería un grave error
a corto plazo. La transición en Venezuela será política y será económica o
seguiremos hundiéndonos.
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