Por Margarita Lopez Maya
En la posguerra fría han
venido proliferando regímenes que se conocen como híbridos o de autoritarismos
competitivos. Son de vocación autoritaria, pero guardan apariencias de
democracia. Se pensó que eran regímenes en transición a la democracia, pero no resultó
ser así. Algunos involucionaron hacia un autoritarismo franco, como el
venezolano, o simplemente se quedaron híbridos.
Para que un régimen sea
democrático, es requisito mínimo la existencia de elecciones equitativas,
justas y transparentes. Que cada ciudadano sea libre para escoger a sus
representantes, que los candidatos compitan en igualdad de condiciones y los
resultados sean confiables para todos.
En Venezuela, existe un
marco jurídico que garantiza esas condiciones, pero no se cumple. El gobierno y
sus aliados usan los bienes públicos para fines particulares, desconocen el
principio de la representación proporcional y de la independencia política de
las autoridades electorales, todos mandatos de la Constitución. También
manipulan circunscripciones, inhabilitan candidatos opositores, los ponen
presos, establecen estados de excepción, que impiden mínimas condiciones para
una campaña equitativa, entre otras tantas irregularidades, abusos y delitos
electorales. Lo que con razón hace que uno se pregunte en qué momento y quién
determina cuando unas elecciones bajo estas características pueden ser válidas.
En nuestro país tampoco existe un Poder Judicial independiente del Ejecutivo a
dónde acudir para denunciar tales violaciones y que se impongan penas y castigos.
Esa situación perversa puede
comenzar a ser subsanada si ocurre un cambio en la correlación de fuerzas en la
Asamblea Nacional. Demandemos a los candidatos que se han comprometido con la
democracia, que corregir esta desviación se constituya en prioritario de la
próxima agenda parlamentaria.
Ese compromiso debería reforzarse con alguna
estrategia de propulsar o fortalecer instituciones interamericanas, que ante un
colapso de la institucionalidad democrática, como nos ha pasado, puedan
accionar mecanismos que penalicen a regímenes que violan su propia
institucionalidad.
Este no es solo un problema de Venezuela, sino también de
varios otros países de la región, que tenemos gobiernos autoritarios y
ciudadanos indefensos.
12-10-2015
http://www.eljoropo.com/site/margarita-lopez-maya-urgente-para-la-agenda/#st_refDomain=&st_refQuery=
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