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martes, 13 de octubre de 2015

Urgente para la agenda por @mlopezmaya


Por Margarita Lopez Maya


En la posguerra fría han venido proliferando regímenes que se conocen como híbridos o de autoritarismos competitivos. Son de vocación autoritaria, pero guardan apariencias de democracia. Se pensó que eran regímenes en transición a la democracia, pero no resultó ser así. Algunos involucionaron hacia un autoritarismo franco, como el venezolano, o simplemente se quedaron híbridos.


Para que un régimen sea democrático, es requisito mínimo la existencia de elecciones equitativas, justas y transparentes. Que cada ciudadano sea libre para escoger a sus representantes, que los candidatos compitan en igualdad de condiciones y los resultados sean confiables para todos.

En Venezuela, existe un marco jurídico que garantiza esas condiciones, pero no se cumple. El gobierno y sus aliados usan los bienes públicos para fines particulares, desconocen el principio de la representación proporcional y de la independencia política de las autoridades electorales, todos mandatos de la Constitución. También manipulan circunscripciones, inhabilitan candidatos opositores, los ponen presos, establecen estados de excepción, que impiden mínimas condiciones para una campaña equitativa, entre otras tantas irregularidades, abusos y delitos electorales. Lo que con razón hace que uno se pregunte en qué momento y quién determina cuando unas elecciones bajo estas características pueden ser válidas. En nuestro país tampoco existe un Poder Judicial independiente del Ejecutivo a dónde acudir para denunciar tales violaciones y que se impongan penas y castigos.

Esa situación perversa puede comenzar a ser subsanada si ocurre un cambio en la correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional. Demandemos a los candidatos que se han comprometido con la democracia, que corregir esta desviación se constituya en prioritario de la próxima agenda parlamentaria. 

Ese compromiso debería reforzarse con alguna estrategia de propulsar o fortalecer instituciones interamericanas, que ante un colapso de la institucionalidad democrática, como nos ha pasado, puedan accionar mecanismos que penalicen a regímenes que violan su propia institucionalidad. 

Este no es solo un problema de Venezuela, sino también de varios otros países de la región, que tenemos gobiernos autoritarios y ciudadanos indefensos.

12-10-2015




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