Por Ramón Guillermo Aveledo
Superar esta crisis tan
prolongada y que impacta a todos los sectores de la sociedad es la prioridad
venezolana. Las herramientas para hacerlo, como el voto, están en la plena
vigencia de la Constitución, no porque sea ideal, sino porque tiene reglas
claras, aceptadas por todos, que pueden servir de marco para la reconstrucción
nacional.
Los cada vez más severos
ingredientes institucionales de nuestra crisis no son invento opositor ni
denuncia de cuanta organización de derechos humanos reconocida hay en
Venezuela. Lo dicen la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, la
OEA y la mayoría de los países latinoamericanos, así como la Unión
Europea y sesenta gobiernos del planeta. También entidades independientes y
medios de comunicación de tendencias variadas en muchos países.
Restaurar la vigencia
efectiva de nuestra Constitución es esencial. Con la constitucionalidad viene
el Estado de Derecho que da seguridad a la vida y a las libertades, así como a
los derechos que a partir de ambas podemos ejercer, como los civiles y
políticos, los sociales y económicos, los culturales y los ambientales. Para
todos, mujeres y hombres. Civiles y militares. En el campo y en la ciudad, en
la empresa y en el trabajo, en la vejez y en la juventud, seas criollo,
indígena o extranjero que se vino a vivir y a trabajar en nuestro país.
¿Cómo hacerlo? Las
elecciones son el medio democrático y pacífico idóneo para resolver las
cuestiones del poder y de las políticas públicas que desde allí se diseñan y se
aplican para el bien común. Este año nos tocan constitucionalmente las
elecciones de una nueva Asamblea Nacional y otra que está pendiente, porque nos
la deben, que es la presidencial. Lo que se convocó en 2018 tuvo tantos vicios
que la mayoría de los actores políticos y de los votantes no quiso participar,
el principal contendor no reconoció los resultados y parte fundamental de la
comunidad internacional, las democracias de más peso y prestigio, coincidieron
en su ilegitimidad. En los dos primeros temas hay acuerdo bastante amplio, en
el tercero no y el desacuerdo tiene importancia, porque sin cambio de gobierno
no habrá credibilidad interna ni externa para encaminarnos por la senda del
derecho y el progreso.
Que avancen las
conversaciones para elegir un CNE confiable para todos en la Asamblea Nacional,
que es donde corresponde constitucionalmente, es una noticia auspiciosa.
Preocupa ¿cómo no? la ambigüedad relativa a asuntos de alta incidencia, como la
existencia de una directiva paralela del cuerpo parlamentario, imposibilitada
para convocar sesiones o designar comisiones por falta no solo de legitimidad y
legalidad, sino, antes y elemental, por falta de diputados.
La desconfianza no es poca
ni infundada. También del lado oficialista la hay, y aunque uno alegaría que
ellos son sus principales causantes, no puede ignorarse que existe e influye.
Este problema, verdaderamente grueso, reclama ser superado y es el reto mayor
de los líderes de ambos sectores. Todos sabemos que, milagros aparte, la ruta
para hacer posible las buenas elecciones que generen confianza exige acuerdos
que no significan la desaparición de las diferencias, sino el entendimiento en
un marco sensato para dirimirlas.
17-03-20
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