Juan Francisco Alonso 12 de marzo de 2021
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos
Humanos exigió a las autoridades investigar y sancionar a los responsables de
la masacre de La Vega; y garantizar que ningún otro detenido corra la misma
suerte que el líder pemón Salvador Franco, quien murió en la cárcel por no
recibir atención médica.
Caracas. La ola de detenciones de activistas de
Derechos Humanos y trabajadores humanitarios, así como los allanamientos e
incautaciones de equipos a medios de comunicación, y las amenazas contra
periodistas y políticos opositores que se han registrado en las últimas semanas
han alarmado a la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, Michelle Bachelet, quien considera que estos “crecientes signos de
reducción del espacio cívico” en Venezuela no hacen más que agudizar la grave
crisis institucional, económica y social que padece el país.
“La sola amenaza de detención tiene un efecto
paralizante para quienes realizan actividades legítimas y esenciales”, afirmó la exmandataria chilena, al presentar la
mañana de este jueves al Consejo de Derechos Humanos de la ONU una nueva
actualización oral sobre la situación del país, en la cual reportó que desde
septiembre su oficina ha documentado al menos 66 casos de intimidación, acoso,
inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación,
defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes
sindicales y miembros o partidarios de la oposición, incluidos los
miembros electos de la Asamblea Nacional de 2015 y sus familiares.
Tras asegurar que el camino adoptado por las
autoridades “no contribuye a apaciguar las tensiones, sino todo lo contrario”,
Bachelet exigió a la administración de Nicolás Maduro que cumpla con su
“obligación de proteger las libertades fundamentales y garantizar las
condiciones para una participación significativa en la vida pública, incluyendo
las voces disidentes” de cara a los próximos comicios regionales y
municipales.
Asimismo demandó que se reanuden todos los
programas humanitarios que han sido paralizados en los últimos meses, debido
a la arremetida gubernamental contra agrupaciones como Alimenta La Solidaridad
o Azul
Positivo.
Una de cal y otra de arena
En su reporte, la alta comisionada hizo un esfuerzo
por combinar críticas con reconocimientos a los pasos que las autoridades
venezolanas habrían dado para solventar algunos problemas. Así, por ejemplo,
tras aplaudir las “medidas ad hoc” adoptadas desde el Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ), el Ministerio Público y el Gobierno para reducir el
retardo procesal y el hacinamiento carcelario, demandó acciones para
evitar que casos como el líder pemón Salvador Franco, quien el pasado 3 de
enero murió en la cárcel de El Rodeo II (Miranda) por problemas de salud.
“Un país es juzgado por cómo trata a sus más
vulnerables, incluidos sus detenidos”, recordó Bachelet, quien agregó: “Me
preocupan los informes sobre muertes en detención a causa de la tuberculosis,
desnutrición y otras enfermedades. Garantizar una alimentación y una atención
sanitaria adecuadas es crucial para evitar más muertes trágicas como la de
Salvador Franco”.
Franco, quien se encontraba detenido por participar en
el asalto a un puesto militar en el estado Bolívar, presentaba problemas de
salud y en noviembre pasado un juzgado autorizó su traslado a un centro
hospitalario, pero esta orden no fue ejecutada por los responsables
penitenciarios.
A diferencia de su informe de hace dos meses, en esta
ocasión, la exmandataria chilena sí se pronunció sobre la masacre de La
Vega (Caracas), ocurrida a principios de año; y exigió a las
autoridades que “realicen investigaciones rápidas e independientes para
garantizar la rendición de cuentas, prevenir sucesos similares y poner fin a
esta práctica”.
Sin embargo, sobre este asunto omitió informar al
Consejo que en dichos sucesos participaron las cuestionadas Fuerzas de Acciones
Especiales de la Policía Nacional (FAES), cuya disolución pidió en 2019.
Por último, se mostró preocupada por el agravamiento
de la crisis económica y por el hecho de que un tercio de los venezolanos estén
en “situación de inseguridad alimentaria”.
Dimes y diretes
Tras la exposición de Bachelet, el Consejo comenzó un
debate y el primero en tomar la palabra fue el representante de Venezuela,
quien lamentó que el informe no fuera balanceado y presentara “información no
verificada que alimenta el campaña mediática” contra el país.
Sobre las preocupaciones en relación con el deterioro
de los servicios básicos, la devaluación del salario y el aumento de los
precios de los alimentos, el diplomático criticó que la exmandataria no tomara
en cuenta “los perversos efectos” de “ilegales sanciones” impuestas por Estados
Unidos, la Unión Europea (UE) y otros países sobre personalidades e
instituciones públicas, y exigió de la ONU una condena a las mismas.
La delegación del Reino Unido se refirió al asunto y
recordó que las medidas que ha impuesto son contra individualidades sospechosas
de cometer violaciones a los Derechos Humanos y que en nada afectan a la
ciudadanía.
55 países denuncian violaciones
En su turno para intervenir en el debate, la
representación de Perú leyó un comunicado en nombre de 55 países miembros de la
ONU. En el documento, los 55 países expresaron:
- Su «creciente
preocupación por el persistente deterioro» de los derechos humanos en
Venezuela que ha generado «la segunda mayor crisis migratoria y de
refugiados del mundo».
- Denunciaron la
«escalada de restricciones» al espacio cívico y democrático incluida la
libertad de prensa, así como el continuo deterioro del estado de derecho,
la falta de independencia judicial, la criminalización, y persecución
contra las ONG.
- Reiteraron su
«llamado a poner fin a la represión y los ataques» a actores políticos,
defensores de derechos humanos, personal humanitario y trabajadores de los
medios de comunicación.
- Insistieron en la
«liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas
arbitrariamente».
- E hicieron un
«llamado al acceso y distribución sin trabas de asistencia humanitaria»
especialmente medicamentos y vacunas.
Los 55 países firmantes de la declaración denunciaron
que “las elecciones de diciembre pasado carecieron de los estándares mínimos
para un proceso democrático” y en tal sentido abogaron por “una solución
pacífica y democrática mediante elecciones presidenciales, parlamentarias y
locales libres, justas, transparentes y creíbles”.
Los países firmantes fueron Albania, Australia,
Austria, Belgica, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica,
Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Ecuador, Estonia, Finlandia,
Francia, Georgia, Alemania, Grecia, Guatemala, Guyana, Honduras, Hungría,
Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania,
Luxemburgo, Malta, Mónaco, Montenegro, Holanda, Nueva Zelanda, Macedonia del
Norte, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal , República de Corea del Sur,
Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Ucrania, Reino Unido y
Estados Unidos de América
El comisionado presidencial del gobierno interino para
la ONU, Miguel Pizarro, emitió una declaración posterior a la rendición del
informe oral de Bachelet en la que destacó que por una parte, no caben dudas
sobre la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela por parte
de la administración de Maduro, y por la otra, que «el apoyo del mundo a la
causa venezolana se mantiene vigente y activa en búsqueda del cambio».
Alta Comisionada, Michelle Bachelet, preocupada por la reducción del espacio cívico en Venezuela: “Mi Oficina ha documentado al menos 66 casos de acoso y criminalización de periodistas, medios, defensores, trabajadores humanitarios, líderes y oposición” #VenezuelaSinJusticia pic.twitter.com/JYLL7bNbow
— PROVEA (@_Provea) March 11, 2021
El informe de Bachelet se presentó menos de 24 horas
después de que la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos
presentara un nuevo reporte, en el cual denunció que persiste la ocurrencia de
crímenes como las ejecuciones extrajudiciales y las detenciones arbitrarias en
Venezuela.
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