Tal Cual 11 de marzo de 2021
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Michelle
Bachelet también se refirió a la debacle de los servicios públicos en el país.
Aseveró que desde septiembre, el acceso a los servicios básicos ha sido cada
vez más difícil para la ciudadanía debido a los efectos de la pandemia por el
coronavirus, por lo que se han generado protestas sociales y se ha profundizado
la emergencia humanitaria compleja
La alta comisionada de Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió al régimen de
Nicolás Maduro investigar las denuncias de ejecuciones extrajudiciales en el
contexto de operaciones de seguridad y detener su política de persecución y
hostigamiento a organizaciones no gubernamentales, medios de comunicación y
líderes de la disidencia política.
«Continuamos recibiendo denuncias sobre ejecuciones
extrajudiciales en el contexto de operaciones de seguridad. A principios de
enero, al menos 14 personas habrían muerto durante una operación en el barrio
caraqueño de La Vega. Recordando los anuncios de reformas policiales, pido que
se realicen investigaciones rápidas e independientes para garantizar la
rendición de cuentas, prevenir sucesos similares y poner fin a esta práctica»,
dijo Bachelet este jueves 11 de marzo.
Durante la actualización oral de su informe sobre la situación en
Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación
a la imposición de restricciones indebidas a organizaciones dedicadas a atender
la emergencia humanitaria compleja que vive el país. Bachelet pidió la
reanudación de los proyectos que han sido suspendidos debido a la persecución
del gobierno.
De acuerdo a lo señalado por la Alta Comisionada, el
régimen de Nicolás Maduro continúa restándole espacio al civismo en Venezuela.
Informó que desde septiembre del 2020 su oficina documentó al menos 66 casos de
intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de
comunicación, defensores de derechos humanos, líderes sindicales y miembros o
partidarios de la oposición.
«Al día de hoy, cinco activistas siguen con cargos
relacionados con el terrorismo y el blanqueo de dinero por haber prestado
asistencia humanitaria como parte del Plan de Respuesta Humanitaria de Naciones
Unidas. Más ONG siguen siendo investigadas por motivos similares», agregó.
Por otra parte recordó que a inicios de año se
ejecutaron al menos tres operaciones de registro e incautación en medios de
comunicación. La exmandataria chilena afirmó que las acciones de asedio del
régimen de Maduro no contribuyen a apaciguar las tensiones, sino todo lo
contrario.
Bachelet resalta crisis social
La alta comisionada Michelle Bachelet también se
refirió en su actualización oral sobre la debacle de los servicios públicos en
el país. Aseveró que desde septiembre de 2020, el acceso a los servicios
básicos, como la asistencia médica, el agua, el gas, los alimentos y la
gasolina, ya escaseando, ha sido cada vez más difícil para la ciudadanía debido
a los efectos de la pandemia por el coronavirus, por lo que se han generado
protestas sociales y se ha profundizado la emergencia humanitaria compleja.
Desde el año pasado, diversos observatorios sociales
han puesto de manifiesto el aumento de las protestas por los servicios
públicos, así como una mayor organización social para lograr una resolución a
la escasez, que se observa principalmente -en los casos del gas, alimentos y
gasolina- en los estados del interior del país.
Otro de los puntos resaltados por Bachelet dentro de
su informe fue la precariedad del salario en el país. «Según algunas
organizaciones el salario medio estaría por debajo de $1 al mes, mientras se
estima que el precio de la canasta de alimentos ha aumentado un 1.800% en el
último año. Alrededor de un tercio de los venezolanos estaría en situación de
inseguridad alimentaria».
También puso de manifiesto la muerte de al menos 28
migrantes venezolanos en el mar Caribe en diciembre de 2020. Para la Alta
Comisionada es un «recordatorio de las decisiones que algunos se ven forzados a
tomar, así como su vulnerabilidad ante las redes de tráfico y trata de
migrantes. El Fiscal General denunció prácticas de soborno, corrupción e
intimidación a las víctimas».
Estas muertes, así como la desaparición y redes de
tráfico y explotación de personas han sido evidenciadas en la investigación
de TalCual «Desaparecer en el mar: una búsqueda sin brújula»,
en alianza con la plataforma periodística latinoamericana Connectas,
que muestra cómo las instituciones de gobierno han ignorado las alertas que
apuntan el desarrollo de un delito de magnitud internacional: el tráfico de
personas y la explotación sexual, en el cual Venezuela se posiciona como el
primer país con prevalencia en Latinoamérica, según índices mundiales.
«Perdida de objetividad» y revisión
La administración de Nicolás Maduro, por medio del
canciller Jorge Arreaza, emitió una respuesta pública rechazando la
actualización oral de la Alta Comisionada que denominaron como
«desbalanceada», y se destacó que someterán a revisión el convenio que se
suscribió en 2019.
El canciller dijo que «es muy preocupante» que la Alta
Comisionada «ceda ante la presión» de los actores internacionales, «y realice
afirmaciones sesgadas y alejadas de la verdad», una respuesta similar a la que
dio el embajador Héctor Constant sobre la Misión de Determinación de Hechos el pasado 10 de
marzo.
Además, Arreaza lamentó que pese a la presencia en el
terreno de varios representantes de la Oficina de Bachelet, la información que
presenta «no dista mucho de la que difunden los gobiernos y medios que aspiran
un escenario de violencia en Venezuela».
Por
último, dijo que mantener la carta de compromiso y cooperación que actualmente
manejan con la Oficina de la Alta Comisionada dependerá «de garantizar el
estricto y necesario apego a los principios de objetividad, no selectividad,
imparcialidad, no injerencia en los asuntos internos y diálogo constructivo».
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