CONVOCA 30 de abril de 2021
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En
Venezuela, el plan de vacunación oficial es un inventario de opacidad. Apenas
el 3,8% de las 10 millones de dosis de la Sputnik V de Rusia prometidas
por el gobierno de Nicolás Maduro han llegado al país, mientras se postergan
las fechas para el proceso de inmunización de los venezolanos. Ni el Ministerio
para la Salud ni la Comisión Presidencial para el Seguimiento, Control y
Prevención del Covid-19 respondieron la solicitud de El Pitazo, Runrunes y
la ONG Alianza Venezolana por la Salud para acceder a información sobre
contratos, convenios e inversión para enfrentar la pandemia, como parte del
proyecto transfronterizo 'Vigila la
pandemia'. Se desconocen las concesiones ofrecidas por Juan Guaidó para
lograr la firma del “Plan de cooperación técnica para atender la crisis
humanitaria del coronavirus”.
Nicolás Maduro carga sobre sus hombros un pesado expediente sobre su gestión presidencial, que sigue sumando páginas ante la emergencia sanitaria por el Covid-19. Su gobierno restringe desde 2017 estadísticas epidemiológicas y otros indicadores de salud y además tomó y centralizó la vocería sobre el curso de la pandemia en el país. Las contradicciones y omisiones abundan en el discurso de los voceros oficialistas al momento de comunicar sobre el nuevo coronavirus.
El
Pitazo, Runrunes y la ONG Alianza Venezolana por
la Salud enviaron el 5 de marzo último dos solicitudes de información:
a la Comisión Presidencial para el Seguimiento, Control y Prevención del
Covid-19, presidida por la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez; y al
Ministerio de Salud. A la fecha, ninguna de las autoridades ha respondido lo
requerido: datos sobre los convenios y contratos; cantidades de dosis pactadas
y las condiciones que ha aceptado el Estado venezolano para acceder a las vacunas.
Las
mismas solicitudes han sido presentadas por medios de Perú, Ecuador, Colombia,
México, Panamá y Argentina ante sus respectivos gobiernos, en el marco de la
alianza 'Vigila la
Pandemia' *, que integran Runrunes y El
Pitazo. En ninguno de estos países, las autoridades acceden a mostrar los
contratos con los proveedores de este insumo central. Tampoco informar las
condiciones acordadas con las farmacéuticas.
En
Venezuela, 193.721 personas contrajeron el patógeno , de los cuales 2.082
fallecieron por sus complicaciones, según las cifras oficiales reportadas hasta
el 27 de abril de 2021. Pero el manto de opacidad que envuelve a la información
oficial sobre la cifra de casos y fallecidos por Covid-19 (puesta en duda por
académicos, científicos y médicos) también se extiende sobre las entregas de
vacunas pactadas por el Gobierno.
Con
pocos detalles sobre el proceso, el 2 de octubre de 2020, Maduro anunció que
Rusia, un histórico aliado del gobierno chavista, comenzaría a probar una vacuna en Venezuela
contra el Covid-19, en el marco de la fase III de los ensayos clínicos para
comprobar la seguridad y eficacia del producto. Se trata de la vacuna Sputnik
V, fabricada por el Centro Gamaleya, que se aplicaría a 2.000
personas.
Dos
meses después, el 29 de diciembre, en una alocución transmitida por televisión,
el gobierno de Maduro firmó el contrato para adquirir 10 millones de dosis de
la vacuna rusa con una inversión de 200 millones de dólares y la promesa de que
en 90 días serían aplicadas a la población, con especial prioridad a médicos y
otros trabajadores de salud. Pero, hasta ahora, del país euro-asiático se han
traído sólo 380.000 dosis, que llegaron al país entre el 13 de febrero y el 24
de abril. Es apenas el 3,8% de lo acordado.
Sólo
garantías de confidencialidad
Sobre
las cláusulas y condiciones del contrato no hay rastros. El Gobierno no ha
informado, a la fecha, el monto por el que se compraron las vacunas rusas ni el
mecanismo instrumentado para cumplir con el pago de los productos biológicos.
Solo se sabe que el Ejecutivo aspira a comprar 25
millones de vacunas contra el coronavirus antes de finalizar 2021. Con
dichas dosis, pretende proteger a 70% de la población venezolana, según
declaró el ministro de Salud, Carlos Alvarado.
Junto
a las dosis rusas, arribaron otras vacunas de
fabricación china. Venezuela recibió el 2 de marzo último una donación de
500.000 biológicos Vero Cell de Sinopharm, elaborada por Beijing
Institute of Biological Products. El avión aterrizó con el cargamento en el
aeropuerto de Maiquetía un día después de que, sorpresivamente, el Ministerio
de Salud informara por su cuenta en Twitter la aprobación del uso de la vacuna
en el país como parte de los lazos de cooperación que Venezuela tiene con
China.
No hay
detalles sobre la negociación para adquirir estas vacunas, cuyos resultados de
la III fase de sus ensayos clínicos no han sido publicados en revistas
especializadas. En octubre, Maduro asomó que se probaría en el país una dosis
de China con "miles de voluntarios", pero, en ese momento, no detalló
cuál era la marca de la dosis.
Los
pocos datos públicos impiden hacer un seguimiento de los acuerdos. En la carta
enviada el 5 de marzo a las autoridades, El Pitazo, Runrunes y
la ONG Alianza Venezolana por la Salud solicitaron, tanto al Ministerio de
Salud como a la Vicepresidencia, una copia del Plan Nacional para la
introducción y despliegue de la vacuna contra el Covid-19 de febrero
de 2021. También se solicitó la copia de los convenios y contratos firmados por
el Estado venezolano para la compra de las vacunas Sputnik V del Centro
Gamaleya; Vero Cell de Sinopharm y las vacunas candidatas EpicVacCorona (Rusia)
y Soberana 02 y Abdala (Cuba).
La
misma falta de respuesta obtuvo la organización Transparencia
Venezuela, que escribió una comunicación el 22 de febrero de 2020
tanto al ministro de Salud, Carlos Alvarado, como a la Comisión Presidencial. A
la fecha, la entidad sigue esperando respuestas. En Venezuela aún no ha sido
aprobada una Ley Orgánica de Acceso a la Información Pública, pero en el
artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela,
vigente desde 1999, se establece el derecho de todo ciudadano venezolano de
solicitar información a una institución o autoridad sobre asuntos relacionados
con sus competencias. Los funcionarios están obligados a responder de forma
oportuna y adecuada.
Personal
esencial en riesgo
Mientras el Gobierno no da información, en los hospitales no solo se alerta
sobre el colapso de sus espacios por la cantidad de pacientes, sino también se
reclama por las muertes, el déficit de insumos de bioseguridad y la ausencia de
vacunas para la COVID-19 que aún no son aplicadas a médicos y enfermeras.
En las
alocuciones oficiales, pocos datos se asoman sobre la cantidad de médicos
vacunados con las dosis rusas. El Gobierno sostiene que Venezuela ha destinado
750.000 vacunas rusas y chinas a médicos y profesores.
Pero el pasado 5 de abril, en un informe sobre Venezuela, la Oficina
de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha) informó
que apenas 98.000 trabajadores sanitarios habían sido inmunizados con 250.000
vacunas Sputnik V. El número representa el 31% del total de 315.000
miembros del personal de salud censados por la organización Médicos Unidos de
Venezuela.
Hasta
el 15 de abril, Médicos Unidos de Venezuela contabilizó 485 muertes de personal
de salud por el Covid-19. Para ellos, las vacunas no llegaron a tiempo.
De los
lotes de vacunas provenientes de Rusia se reservaron dosis que fueron aplicadas
a diputados y líderes políticos chavistas, incluidos el presidente Maduro y su
esposa, Cilia Flores. También fue vacunada contra el virus la exprimera dama,
Marisabel Rodríguez, quien estuvo casada con el fallecido presidente Hugo
Chávez. Así lo dio a conocer en Twitter con una imagen que colgó, y luego
borró, ante la polémica generada en la red social.
Maduro dijo en febrero que las jornadas de vacunación masiva contra el Covid-19 comenzarían en abril
de 2020, pero la fecha se corrió para julio. El plan oficial contará con una
vacuna cubana cuyos estudios clínicos son desconocidos. La Academia Nacional de
la Medicina urgió al Gobierno a iniciar un plan de vacunación equitativo con
criterios técnicos y alejado de clientelismos políticos, mientras el país cursa
una segunda ola de contagios que se expande con una nueva mutación del
coronavirus identificada en Brasil.
Obstáculos
para el acceso al mecanismo Covax
El
primero de junio de 2020, el gobierno interino de Venezuela presidido desde
2019 por el diputado de la Asamblea Nacional Juan Guaidó, anunció al país que
tras meses de negociación con representantes de Maduro habían
alcanzado un acuerdo que permitiría el acceso al país de las vacunas
disponibles a través del mecanismo Covax, diseñado por la Organización
Panamericana de la Salud (OPS) para garantizar una distribución equitativa de
las vacunas a nivel mundial.
Se
desconocen las concesiones ofrecidas por Guaidó para lograr la firma del “Plan
de cooperación técnica para atender la crisis humanitaria del coronavirus”,
pero sí trascendió que los
representantes de Maduro tuvieron que aceptar un requisito impuesto por la OPS,
que según el verbatim del gobierno interino implicaba “que los actores de la
dictadura se comprometieran a no poner obstáculos a la ejecución del programa y
se garantizara que los recursos destinados pudiesen ser ejecutados”.
Con
ese aval en mano, a mediados de marzo de 2021 se hizo público el
monto que pagaría Venezuela, a través del gobierno interino, para acceder
al mecanismo Covax: $30.309.040 distribuidos en dos objetivos: 18.199.040
dólares para pagar el acceso a la plataforma Covax y otros 12.110.000 dólares
para la inversión en la cadena de frío necesaria para el plan de vacunación
nacional.
Con
esta inversión, la OPS garantizaba la entrega de las dosis reservadas para
Venezuela: entre 1,4 millones y 2,4 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca
contra el Covid-19, las cuales llegarían al país a finales de marzo.
La
importancia que tiene para los venezolanos acceder al mecanismo Covax no es
menospreciable, ya que a través de esa plataforma se
podrían obtener hasta 12.000.000 de vacunas para inmunizar a seis
millones de personas, informó el diputado Miguel Pizarro, quien funge como
comisionado del gobierno interino para la Organización de Naciones Unidas
(ONU).
Pese a
haber aceptado el requisito de la OPS, el acuerdo casi se fue al traste el 24
de marzo cuando la vicepresidenta designada por Maduro, Delcy
Rodríguez, informó al país que la “comisión presidencial científica ha
decidido no incluirla [vacuna de AstraZeneca] en los esquemas de tratamiento en
Venezuela ni en los esquemas de vacunación”. Rodríguez sostuvo que la razón
para bloquear la entrada de estas vacunas eran los efectos
secundarios que varios países europeos habían reportado en los días
previos.
Sin
embargo, el 10 de abril (mes y medio después), la misma vicepresidenta anunció
que Venezuela
abonó más del 50 por ciento del pago total para adquirir vacunas a través del
mecanismo Covax.
"El
país depositó 53.8 millones de euros, equivalentes a 64 millones de dólares,
como anticipo para garantizar 20% de la vacunación de la población
venezolana", informó en una rueda de prensa.
A doce
días del anuncio de Rodríguez, el 22 de abril, Guaidó informó a través de su
cuenta de Twitter que el gobierno interino había aprobado 100 millones de
dólares adicionales para la adquisición de vacunas contra el Covid-19 Se
trata de recursos del Banco Central de Venezuela que fueron congelados por el
gobierno norteamericano como parte de un paquete de sanciones contra
funcionarios de la gestión de Maduro.
“Este
esfuerzo se suma a lo que ya hemos hecho poniendo a disposición el pago para
entrar al mecanismo Covax Facility, la donación a la Organización Panamericana
de la Salud (OPS) y Cruz Roja para proteger al sector salud y el bono Héroes de
la Salud. La vacuna urge en Venezuela y ratificamos nuestro compromiso en ese
sentido”, explicó Guaidó. El presidente interino no ofreció detalles acerca de
la fecha en la que se recibirían las vacunas o sobre la
cantidad de dosis que llegarían al país tras este nuevo pago.
Transparencia
Venezuela solicitó en abril al director del mecanismo Covax
para América Latina, Santiago Cornejo, que entregue información específica
sobre el acuerdo con Venezuela, como cantidad asignada y cronograma de entrega
al gobierno, según un comunicado de la organización. También requirió datos
sobre las deudas que tiene Venezuela con la OPS; el monto abonado por adelantado
a la alianza Gavi; “la moneda que usó el gobierno para hacer el depósito; la
procedencia del dinero; la lista de los funcionarios venezolanos que
participaron en las negociaciones; el plan de distribución; y los mecanismos de
transparencia que se van a aplicar cuando lleguen las dosis al país”, afirmó
Transparencia Venezuela.
Bienvenidas
las vacunas de los países aliados
Dos
días antes de bloquear la entrada al país de la vacuna de AstraZeneca, Maduro
anunció que Venezuela recibiría 60.000 dosis de los proyectos de vacunas
cubanas Soberana 02 y Abdala. Serían 30.000 vacunas de cada una para participar
en los ensayos clínicos de la Fase III, tal y como ocurrió con la vacuna rusa
Sputnik V, que escogió a Venezuela como el primer país de América para sus estudios.
“La
Soberana 02 y la Abdala son las vacunas del ALBA”, dijo Maduro en referencia al
grupo de países que creó el fallecido presidente Hugo Chávez y que está
integrado por Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Granada, Nicaragua,
San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, y Venezuela.
Producida
por el Instituto Finlay de La Habana, Soberana-2 es una de las cuatro
candidatas a vacunas contra el Covid-19 desarrolladas en Cuba. Tiene en contra
que pese a estar iniciando la Fase III de los ensayos clínicos, los resultados
de las fases anteriores no han sido publicados ni revisados por sus pares en
revistas científicas arbitradas. Además de las 30.000 dosis que enviarán a
Venezuela, también planean llevar a cabo el ensayo clínico de la Fase III en
Irán.
El
Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, también con sede en La Habana,
es responsable del desarrollo de la vacuna candidata Abdala, que también sería
probada en Venezuela como parte de la Fase III.
Tan
pronto se supo que el país formaría parte de estos ensayos clínicos, tanto
la Academia
Nacional de Medicina como el Centro
Nacional de Bioética de Venezuela (Cenabi) manifestaron su
preocupación por la decisión de aplicar las candidatas a vacunas en ciudadanos
venezolanos.
“No se
conocen los resultados de las Fases I y II que nos dirían si los productos son
capaces de inducir en humanos un nivel y calidad de anticuerpos que pueda
conferir protección contra el virus. Venezuela sufre una grave epidemia del
Covid-19 y en vez de participar en pruebas de productos experimentales con
características desconocidas, debe priorizar la traída al país de vacunas de
reconocida seguridad y eficacia”, dijo la Academia.
Delcy
Rodríguez informó que se incorporaría al portafolio de vacunas
candidatas cubanas la EpiVacCorona, otra candidata desarrollada en Rusia,
que aún no supera la Fase III de los ensayos clínicos. La vicepresidenta
designada por Maduro aprovechó para confirmar que llegarían 50.000 dosis
adicionales de la vacuna rusa Sputnik-V, las cuales se sumarían a las 100.000
dosis que llegaron a principio de marzo como parte de los convenios
establecidos con la Federación de Rusia para supuestamente traer al país 10
millones de dosis durante 2021.
La
negativa de los representantes de Maduro a permitir el ingreso de las dosis de
AstraZeneca disponibles vía Covax, y la demora en la importación de la vacuna
rusa Sputnik V, se enfrenta al clamor de la población venezolana que exige que
comience el plan masivo de inmunización de manera inmediata, debido a la
creciente ola de casos y defunciones que se ha registrado en el país. Incluso
las cuestionadas cifras oficiales de la pandemia evidencian un incremento de la
virulencia de la pandemia.
La
respuesta de los representantes de Maduro, entre ellos la vicepresidenta
Rodríguez y el canciller Jorge Arreaza, ha sido esgrimir la misma razón que
emplean para justificar el deterioro general del país: la imposibilidad de
acceder a los mercados internacionales debido a las sanciones económicas en
contra de varios personeros del régimen.
"Si
Venezuela no tuviera sus recursos bloqueados, hubiésemos comprado hace tres
meses las 30 millones de vacunas que le hacen falta al país", dijo Arreza
en una entrevista a la Agencia France-Presse (AFP) en Caracas.
El
canciller insistió en que las sanciones económicas son la razón detrás del
déficit de vacunas en Venezuela. "No solo tuviéramos 30 millones de
vacunas, sino que hubiéramos vacunado a la mitad de la población si no
tuviéramos los mecanismos represados en la banca internacional”, dijo
Arreaza.
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