Tal Cual 10 de mayo de 2021
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Pese a
que el régimen de Nicolás Maduro pretende mostrar intenciones de cambio con una
supuesta reforma policial que busca influir en la investigación por crímenes de
lesa humanidad que lleva la Corte Penal Internacional, expertos consideran que
esta no tendrá efectos en el organismo internacional
Las
policías de Venezuela son de los organismos que más violan derechos humanos.
Sus prácticas de terror y la gran cantidad de ejecuciones extrajudiciales que
se le atribuyen hacen que sean altamente temidas por la población. En lugar de
generar tranquilidad producen inseguridad.
En 2020 al menos 2.853 personas fueron asesinadas en el país
por diferentes cuerpos armados del Estado, de acuerdo con las estadísticas
de Provea. La Policía Nacional Bolivariana (PNB), por medio de su grupo élite,
las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), es el cuerpo que acumula la mayor
cantidad de muertes con 672 asesinatos, seguido por el Cuerpo de
Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) con 593 casos.
En tercer lugar están las policías de los estados, siendo responsables de 721
presuntas ejecuciones, mientras que la Fuerza Armada Nacional acumuló 359
casos.
El
informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, Michelle Bachelet, dedicó un capítulo especial a las FAES y desde
2019 recomendó de forma inmediata al régimen de Nicolás Maduro disolver
ese cuerpo de seguridad por las presuntas ejecuciones extrajudiciales.
Hasta la fecha la solicitud ha sido ignorada.
Sin
embargo, lo más parecido que se le ha ocurrido al gobierno es la orden de reestructuración de la Policía Nacional
Bolivariana (PNB) dada por Nicolás Maduro a mediados de abril,
publicada en la Gaceta Oficial N° 42.105 con fecha del 13 de abril de 2021.
¿Qué
hay detrás de la reforma policial?
Según
el decreto para la reforma policial, esta busca reimpulsar la doctrina original
de la policía “eminentemente comunitaria, preventiva, de proximidad, protección
y autoridad para garantizar la seguridad y la paz del pueblo”, así como
contribuir con los fines del Estado “en el marco de los parámetros del respeto
a los derechos humanos”.
Para
el abogado penalista Luis Izquiel esta supuesta transformación de la PNB surge
tras la ola de denuncias nacionales e internacionales de violación de derechos
humanos por parte de este organismo, buscando “enviar una señal a la
Corte Penal Internacional (CPI) de que acá se están corrigiendo los errores que
hubiesen podido haber cometido las FAES y (diciendo) que no van a
suceder porque el organismo va a ser reestructurado”.
Por su
parte, Marino Alvarado, coordinador de investigación de Provea, considera que
aunque la reforma policial se presenta como un proceso para rectificar, desde
su origen es errado. Sostiene que este “busca aparentar que hay esfuerzo por
parte del gobierno de cambiar prácticas de ejecuciones, pero desde que se
dictó el decreto la PNB sigue matando personas”.
Por
otra parte, Alvarado celebra que se esté planteando disolver las Fuerzas de
Acciones Especiales acatando las recomendaciones de Bachelet, pero reitera que
para que esta decisión no sea “un maquillaje, sino un cambio
significativo” debe empezar por poner a la orden de la justicia a los
responsables de miles de ejecuciones y no únicamente cambiar el nombre y uniforme,
y dejar a los mismos funcionarios. «De ser así, la población seguirá sufriendo
la violencia policial”.
Con
relación al cambio de nombre para las FAES, Izquiel asegura que es un
“maquillaje digno del Miss Venezuela, porque al fin y al cabo seguirá siendo lo
mismo si no hay una estructuración profunda y verdadera dentro de ese
organismo”.
Pese a
que el régimen de Nicolás Maduro pretende mostrar intenciones de cambio en sus
políticas y prácticas policiales, el criminólogo Luis Izquiel desestima que
estos recursos de última hora causen efecto en la Corte Penal Internacional “porque
este organismo está enfocado en la actuación del año 2017, en la falta de
sanciones a quienes cometieron violaciones a los derechos humanos” y que en el
país no hay justicia porque las instituciones están en manos del poder.
Reforma
policial por militares
Pese a
que Maduro indicó que esta nueva reestructuración policial busca retomar el
proyecto doctrinario original con el que se conformó la Policía Nacional
Bolivariana, el hecho de que la reforma se haya encargado a funcionarios
militares ya la convierte en inconstitucional.
Izquiel
y Alvarado coinciden en que esto es una desviación de lo que fue el inicio del
nuevo modelo policial y va en contra de la Conarepol -espacio plural,
académico, diverso e interinstitucional que trabajó para la formulación de un
modelo policial basado en el respeto a los derechos humanos- donde se hace
énfasis al carácter civil de la policía.
El
criminólogo Luis Izquiel enfatiza que “con Maduro -aunque se veía desde Chávez-
lo que se ha hecho es profundizar el carácter militar de los cuerpos de
policías en Venezuela”; mientras el defensor de DDHH Marino Alvarado dice que
“nada más alejado de ese proyecto que una filosofía militar”.
Izquiel
lo resume de la siguiente manera: “Lo que se debería transformar allí es quitar
el militarismo y reivindicar el carácter civil de la policía”; pero al mismo
tiempo matiza que esta comisión presidida por Carmen Meléndez, ministra de
Interior, Justicia y Paz (almirante retirada); el militar José Gregorio Rojas
Eugenio como coordinador y, Ender José Palencia, viceministro de seguridad como
director general, quien también tiene formación militar se pierden las
esperanzas.
Para
Marino Alvarado, con esta comisión de reestructuración lo que se hace es
“constatar la ratificación de una desviación que ya tiene la PNB con militares
en su principal cadena de mando”.
Lo que
debe reformarse
El
representante de Provea insiste en que uno de los principales propósitos de la
reforma policial debe ser “acabar con la práctica de perpetrar graves
violaciones a los derechos humanos” porque si no se hace, poco bueno se puede
esperar al respecto. Además, pide que se haga garantizando transparencia.
Marino
Alvarado suma que debe haber contraloría por los interesados en monitorear el
avance de la reestructuración y aunque elogia que algunos civiles formen parte
de la comisión, dice que “no puede asumirse como garantía de control
ciudadano”.
Por su
parte, Luis Izquiel sostiene que para que los funcionarios policiales respeten
los derechos humanos “no se debe reestructurar nada”, pues recuerda que desde
el punto de vista teórico existen manuales y leyes que enseñan a los policías
cómo actuar.
Sin
embargo, agrega que, en su opinión, la reestructuración policial debe abordar
los siguientes aspectos: buena formación de los funcionarios que en la
actualidad no ocurre, controles internos para poder actuar contra funcionarios
que incumplan su labor, dotación de equipos operativos para poder defender a la
ciudadanía, eliminar la partidización dentro de los organismos policiales y
mejoras salariales, pues afirma que “Venezuela tiene el peor salario de
policías del mundo; ni en Haití los funcionarios policiales ganan entre cinco y
siete dólares”, sentencia.
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