Luisa Quintero 11 de junio de 2021
@l_andrequintero
Molly
de la Sotta, hermana del capitán de la Armada, informó en sus redes sociales
que al equipo de Bachelet se le prohíbe el ingreso a Fuerte Tiuna
Familiares
del capitán Luis de la Sotta y militares presos por razones políticas alertaron
que al equipo de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, Michelle Bachelet, se les niega acceso a las cárceles para constatar
sus condiciones y los tratos crueles que reciben.
Molly
de la Sotta, hermana del capitán de la Armada, informó en sus redes sociales
que al equipo de Bachelet se le prohíbe el ingreso a Fuerte Tiuna, lugar al que
fueron trasladados un grupo de militares desde los sótanos de la Dirección
General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), ubicada en Boleíta.
Desde
que fueron trasladados a Fuerte Tiuna, Molly de la Sotta comentó que a todos
los presos militares se les mantiene en confinamiento extremo, con poca
alimentación y sin llamadas telefónicas. Los abogados pueden visitar a sus
defendidos cada 15 días, mientras que los familiares solo tienen acceso una vez
al mes.
«Están
torturando en las narices de la comisión de Bachelet. Ellos (régimen de Nicolás
Maduro) firmaron un mandato y deben permitir que la comisión ingrese
ilimitadamente a todos los centros de reclusión y no lo están cumpliendo»,
señaló la hermana del capitán a TalCual.
Con
esto se refiere al convenio de cooperación firmado por el régimen de Nicolás
Maduro y la Oficina de la Alta Comisionada en 2019, luego de su visita al país
para constatar la situación de los derechos humanos en el terreno, donde se
habla de la instalación de una oficina que represente a Bachelet en Venezuela,
además del acceso a su equipo «sin restricciones» a los centros de reclusión,
tanto en cárceles comunes como las controladas por organismos de inteligencia
(Sebin, Dgcim).
En la
segunda quincena de mayo, la administración de Maduro anunció una reforma
policial con la cual se iniciaron traslados de presos políticos, tanto civiles como
militares, a otros centros como cárceles comunes. Abogados y organizaciones
defensoras de derechos humanos denunciaron que esas personas corren peligro,
debido a que las condiciones son iguales o peores a los lugares donde se encontraban.
Ante
el anuncio de reforma, la Oficina de la Alta Comisionada lo calificó como pasos
«en la buena dirección para los derechos humanos y oportunidades alentadoras
para aplicar» sus recomendaciones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico