Francisco Olivares 07 de junio de 2021
@folivares10
El
populismo radical que impuso Hugo Chávez y ha profundizado Nicolás Maduro está
llevando al proyecto socialista a un callejón sin salida en un momento en que
los tres factores que lo han sostenido están presentando una inevitable quiebra
ética, institucional y política y la base electoral es cada vez más reducida
l
populismo radical que impuso Hugo Chávez y ha profundizado Nicolás Maduro está
llevando al proyecto socialista a un callejón sin salida, en un momento en que
los tres factores que lo sostienen están presentando una inevitable quiebra
ética, institucional y política.
La
primera de ellas ha sido la pérdida de la base electoral que los llevó al poder
en 1999. En segundo término, el poder militar y policial sufren la peor crisis
ética e institucional de los últimos 60 años; y en tercer lugar, los
grupos colectivos de base, auspiciados desde el poder para sostener a la
revolución, han devenido en bandas delictuales que comienzan a independizarse y
a controlar territorios y a convivir con los negocios ilícitos del crimen
organizado.
Este
último elemento se agrega al avance de las bandas criminales y los grupos
armados irregulares en el país.
La
ideología ya no es un mecanismo suficientemente persuasivo para cohesionar las
bases de apoyo y en cada área -militar, gubernamental y política- el tema
económico y el lucro personal tienen prioridad sobre su alineación al régimen.
Esto sucede en un país llevado a la quiebra económica, la desaparición del
salario y las conquistas laborales y sociales labradas en 60 años.
Violencia
criminal
Los
poderes públicos que perdieron su independencia para convertirse en
instrumentos políticos para soportar el poder deben coexistir con las
estructuras delictivas, al igual que la institución militar y las policías, en
donde algunos de sus miembros terminan formando parte de esa coexistencia.
Sucesos
como los ataques en Apure, el avance del “Coqui” que gobierna en la barriada
Cota 905 en Caracas; y hechos como el registrado la noche del pasado 1 de junio
en Altagracia de Orituco, estado Guárico, son síntomas de que la seguridad del
país escapa del control de las autoridades y de las instituciones.
En el
estado llanero de Guárico un contingente armado, presuntamente de la banda que
dirige “El Malony” en esa región, según reportes de los medios locales, atacó
la sede del Comando Antiextorsión y Secuestros (CONAS) de la Guardia Nacional
Bolivariana.
Un
factor que ha profundizado la ruptura estructural de la base social es la
consolidación de una nueva “élite social”, que junto a las cúpulas del poder no
escatima a la hora de exponer sus lujos y privilegios, los vehículos blindados
y la toma de las zonas residenciales lujosas de la capital. Sus privilegios
visibles contrastan con el deterioro económico y social reflejado en múltiples
rostros de personas detrás de camiones de agua, hurgando en la basura o
implorando atención médica.
Las
bandas armadas y la FANB
Los
enfrentamientos armados en el estado Apure en los que un sector disidente de la
guerrilla colombiana FARC ha sostenido una disputa contra la FANB por el
dominio del territorio durante mas de dos meses, revelan las deficiencias y el
deterioro que ha sufrido la institución armada en 20 años de chavismo, tal como
lo explican analistas especializados.
El
balance de estos enfrentamientos arrojó 20 militares fallecidos, ocho
prisioneros -ya liberados-, tres desaparecidos, 32 heridos, más la migración
temporal de unos 6.000 mil pobladores venezolanos a tierras colombianas huyendo
de los combates. La guerrilla atacó puestos de control, sembró minas
antipersonas y los jefes de esta organización armada siguen presentes en la
zona.
El
origen del conflicto estuvo relacionado con la disputa por el territorio y las
rutas en el negocio de la droga a través de esa zona del Alto Apure. El Alto
Mando Militar evitó mencionar que se trataba de las FARC disidente que dirige
el colombiano Gentil Duarte y quien está enfrentado en esa disputa con las FARC
“Nueva Marquetalia” de Iván Márquez, aliado del gobierno de Nicolás Maduro.
Supuesto
rescate
La
presencia del frente “Gentil Duarte” de las FARC en el Alto Apure se evidenció
en los dos videos difundidos por la organización armada donde nuestra a los
ocho efectivos secuestrados por la organización. Se presume que los militares fueron liberados mediante una negociación entre
el grupo armado y el alto mando militar. Sin embargo, el ministro de Defensa,
Vladimir Padrino López y el comunicado oficial de la Fuerza Armada habló de un
“rescate” y no se conoció de ninguna operación en la zona ni de daños colaterales
por la presunta acción.
Lo
sustancial es que en esta zona siguen asentados el Ejército de Liberación
Nacional (ELN), sectores del frente 28 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (FARC), la fracción disidente de las FARC de Iván Márquez y Jesús
Santrich y el Frente Bolivariano de Liberación (FBL).
FundaRedes,
la ONG que preside Alejandro Tarazona, ha venido registrando el avance de los
grupos armados en los estados fronterizos. También denunció la existencia de una serie de propiedades en territorio
nacional, donde se reúnen y se resguardan los cabecillas de las FARC y el ELN, en
los estados Táchira, Barinas, Guárico y Miranda.
La ONG
aseguró que los principales dirigentes guerrilleros que usan estos sitios de
protección son: Nicolás Rodríguez Bautista alias “Gabino”; Eliecer Herlinto
Chamorro, alias “Antonio García”; y Gustavo Aníbal Giraldo Quinchia, alias
“Pablito”, del ELN. Mientras que por las FARC se movilizan Iván Márquez y alias
“Villa, Chalo, y Richard”. Este último capturado recientemente en Colombia y
-según medios colombianos- habría llevado 160.000 dólares para financiar las
protestas violentas en el vecino país, enviados por Iván Márquez.
Bandas
armadas
De
acuerdo a estimaciones oficiales en Venezuela actúan cerca de 110 bandas y
megabandas armadas. Estas organizaciones se han ido apoderado del crimen
organizado, extorsión, secuestro y tráfico de drogas. Una característica común
es el dominio de territorios, la imposibilidad de las fuerzas públicas de
acceder a las zonas en donde operan y el sometimiento de la población que
comienzan a aceptarlos como autoridad local.
A
diferencia de organizaciones como las FARC, el ELN y el FBL, estas
organizaciones no tienen ideología solo fines económicos. Suelen tener cerca de
60 miembros aunque hay bandas como la de “El Coqui”, en la Cota 905, Caracas,
que cuenta con cerca de 120 miembros, control sobre la comunidad y se ha
extendido a La Vega, otra populosa barriada del oeste de Caracas.
La
megabanda de Aragua identificada como “Tren de Aragua” es quizás la más grande
del país con cerca de 300 miembros. Se ha extendido a seis estados del país y
ahora tiene presencia en Colombia, Perú y Brasil. Las fuerzas policiales y
militares venezolanas no han podido neutralizarlas y cada día son más poderosas
y suman territorios. Poseen alto poder de fuego con armas como fusiles,
explosivos y granadas y hasta sistemas de vigilancia a través de drones.
CUPAZ
y colectivos
Otras
organizaciones que han tenido actuaciones delictivas y han sido promovidas
desde el gobierno chavista están compuestas por colectivos armados (civiles
afiliados al partido de gobierno) como las que se encuentran en la barriada 23
de Enero de Caracas que trabajan con las comunas y están alineadas
políticamente.
Estas
bandas que tienen presencia en todo el país, se han ido diversificando. Algunos
miembros de estos grupos incursionan en actividades delictivas y disputan
territorio a las bandas “no ideológicas”. También ha ocurrido que algunas se
independizan de la tutela oficial para expandir sus negocios ilegales.
Así ha
ocurrido en algunas regiones como en los estados Sucre, Delta Amacuro y
Bolívar. La organización llamada “Cuadrillas de Paz” (CUPAZ) utiliza uniformes
negros y tienen apariencia de policía formal. Algunos de estos grupos han
entrado en conflicto en algunas comunidades con las autoridades locales por
apoderarse de territorios, cerrar vías y negociar con la distribución de
gasolina y otros beneficios de las comunidades.
Violencia
policial
Según
el Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) desde el año 2016 hay un
aumento sostenido de la letalidad policial. Cada año hay más víctimas
supuestamente por haberse resistido a la autoridad que los homicidios de
cualquier otro tipo.
En el
año 2016, por cada cien homicidios hubo 28 personas que fallecieron en
actuaciones policiales calificadas como muertes por haberse “resistido a la
autoridad”. En 2017 fueron 34 por cada cien; en 2018 fueron 72 por cada cien;
en 2019 fueron 88 por cada cien y en este año 2020, por primera vez, fueron más
los muertos por los policías que por los delincuentes: 101 por cada cien
homicidios delincuenciales.
La
letalidad policial se ha extendido por todo el país; parece ser la única
política de seguridad que se ha estado implementando. En doce estados del país
la policía mató más que los delincuentes, es decir, que en la mitad de
entidades federales fue superior a la de los delincuentes.
En 18
municipios del país no hubo homicidios cometidos por delincuentes; pero sí
fueron víctimas de la violencia policial. En 112 de 335 municipios del país, es
decir, en un tercio de los municipios, las muertes por la supuesta resistencia
a la autoridad superaron a los homicidios ocasionados por cualquier otro
delito: robo, venganza, pasionales, etc.
Diáspora
en la FANB
La
diáspora venezolana estimada en casi 6 millones de personas no sólo está
compuesta por estudiantes y familias de clase media opositora. A esos
contingentes que fueron los primeros en abandonar el país, se les sumaron
sectores populares y cientos de empleados, profesionales y técnicos del sector
público. Detrás de figuras de la cúpula chavista que huyeron con millones de
dólares en sus cuentas en paraíso fiscales han salido un contingente de
empleados medios, profesionales, técnicos y militantes del partido oficial.
De
esos grupos no se escapan miembros de la Fuerza Armada Nacional (FANB) que han
tenido que emigrar huyendo de la situación económica. Se estima que son 5.000
efectivos militares los que han abandonado el país, más cientos de deserciones
reconocidas por la propia institución, y las detenciones políticas se acercan a
200 casos.
La
corrupción es otro de los detonantes que ha afectado a la institución, dada la
gran cantidad de oficiales a quienes se les han asignado responsabilidades en
la administración pública y el manejo de áreas económicas, incluyendo las
principales industrias estatales del país.
Como
el resto de los venezolanos, el sector militar se encuentra afectado en su
nivel de vida y cada día este descontento es expresado públicamente. Esto
muestra que los bonos, prebendas y facilidades a las que tienen acceso los
militares ya no es suficiente para mantener cohesionada la base y la moral de
la institución armada.
La
sobrevivencia ha promovido la extorsión en vías y alcabalas manejadas por
militares y policías. Variadas denuncias se hacen diariamente en las redes
sociales de esa práctica de la cual no se escapan quienes deben transitar por
las vías nacionales o ser retenido en alguna alcabala improvisada en los
centros urbanos. Un productor agropecuario de Táchira denunciaba que para
trasladar sus productos a la capital debía pasar unas 40 alcabalas en donde
obligatoriamente debía dejar un porcentaje de sus productos.
Sin
base electoral
El
otro factor importante del que carece el gobierno de Nicolás Maduro es la base
electoral. La quiebra comenzó en el ultimo año de vida de Hugo Chávez con su
última elección en 2012 en donde el gobierno utilizó extraordinarios recursos
económicos y ardides electorales para imponerse frente a Henrique Capriles. Un
proceso lleno de irregularidades que fue cuestionado por la oposición y observadores
internacionales.
La
pérdida de la Asamblea Nacional por parte de Maduro en 2015 completó el ciclo
de deterioro del voto chavista que le tocaba mantener a Maduro. De allí en
adelante la práctica fue crear organismos paralelos de poder como el Tribunal Supremo
de Justicia, electo a última hora antes de entregar la Asamblea; para
posteriormente inhabilitarla y crear una Constituyente que anuló las funciones
legislativas.
La
inhabilitación de dirigentes, parlamentarios y líderes de comunidades completó
el cuadro hegemónico del chavismo sin base de apoyo. Sus políticas hacia la
oposición se completaron con la compra de dirigentes y la promoción de la
división en la filas opositoras.
Malas
notas
Sin
embargo, todo ese escenario, aparentemente exitoso en lo político, se complica
para el gobierno con un desastre económico que pone a Venezuela en los últimos
lugares en el ranking mundial de pobreza y ausencia de democracia. A ello se le
suma el deterioro institucional y el avance del crimen organizado.
Las
puertas se cierran aún más con el desconocimiento de su legitimidad por la
mayoría de los países democráticos y las severas medidas financieras, tanto
individuales como globales, que han fortalecido una economía paralela manejada
por las mafias ilegales.
Ese
proceso ha ido fortaleciendo a los grupos que operan dentro y fuera de la
legalidad y complican las vías para una futura reconstrucción del país. Todos
estos factores tendrán que ser evaluados en las tentativas mesas de negociación
que se están promoviendo con observadores internacionales. Mientras, Nicolás
Maduro y voceros como Diosdado Cabello siguen jugando a la burla de un posible
proceso de reconstrucción, y promoviendo mayor división y polarización entre
quienes aspiran a recuperar la democracia para Venezuela.
Francisco
Olivares
@folivares10
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