Por Marino Alvarado
La
violencia policial y militar deja miles de víctimas cada año. Múltiples
acciones en todo el territorio nacional que afectan fundamentalmente a jóvenes
de zonas pobres. Una forma de actuar sistemática que convirtió el uso
deliberado de la fuerza letal como norma para privar arbitrariamente de la vida
a presuntos delincuentes. Disparan a matar. Detienen y matan. Simulan
enfrentamientos. Así van sembrando dolor en las zonas pobres.
Esta
grave situación de derechos humanos fue sistematizada en la investigación “25
años de ejecuciones extrajudiciales. La ascendente letalidad policial
apuntalada por una impunidad estructural” realizada por la organización
Provea.
En
la investigación se indica que los sucesivos y sistemáticos actos de violencia
por fuerzas de seguridad del Estado contra la población han incluido
detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o
degradantes, violencia sexual, desapariciones forzadas y ejecuciones
extrajudiciales.
En
ese contexto de ataques generalizados y sistemáticos que se han producido en
Venezuela por parte de las fuerzas de seguridad, las ejecuciones
extrajudiciales pudiesen constituir crímenes de asesinato de conformidad con
el artículo 7 del Estatuto de Roma, en lo referente a los crímenes
de lesa humanidad.
Ello
da una idea de la magnitud y consecuencias de la actuación arbitraria de la
fuerza pública. Una actuación apuntalada por la ausencia de investigación y sanción
a los responsables, tanto autores materiales como las cadenas de mando.
Resalta
en la investigación cómo las ejecuciones extrajudiciales son realizadas:
- Se
criminaliza a las víctimas,
señalándolas con frecuencia en medios de información como peligrosos
delincuentes.
- Se
fabrican antecedentes penales o registros policiales.
- En
la casi totalidad de los casos los ajusticiamientos son presentados como
enfrentamientos y por lo tanto legalmente justificados como actuaciones en
legítima defensa.
- Se
altera el escenario del crimen y una modalidad es trasladar a la persona
ya ejecutada a un centro asistencial, para aparentemente cumplir con el
deber de brindar auxilio, pero que solo tiene el propósito de alterar
evidencias.
- Al
ser el enfrentamiento la excusa bajo la cual se pretende justificar la
muerte de la víctima, los funcionarios policiales actúan utilizando el
uniforme, el armamento y los vehículos oficiales. En muchas oportunidades
los funcionarios impiden que familiares o vecinos auxilien a la persona que
ha recibido los disparos. Los funcionarios ponen a las víctimas armas y a
veces, ya estando la persona muerta, disparan un arma empuñando su mano
para que queden rastros de pólvora y se dispara a paredes para simular el
enfrentamiento.
- Se
realizan disparos dentro del interior de la vivienda donde es ajusticiada
la persona o en los alrededores, si es asesinada fuera de la vivienda,
para aparentar que hubo enfrentamiento.
- Se
amenaza a los familiares que, si realizan alguna denuncia, asesinarán a
algún otro miembro de la familia.
Destaca
la organización Provea que desde 2015 a partir de los operativos de Liberación
del Pueblo (OLP) se incrementó de manera significativa el número de
personas asesinadas por la fuerza pública y se evidenció de manera más nítida
el apoyo desde las más altas esferas del Estado a las violaciones del derecho a
la vida.
No
hay duda que las ejecuciones extrajudiciales al menos desde 2015 constituyen
crímenes de lesa humanidad y los responsables de tales crímenes deben rendir
cuentas ante la justicia.
23-12-21
https://efectococuyo.com/opinion/25-anos-de-ejecuciones-extrajudiciales-en-venezuela/
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