Mairene Tobón Ospino 30 de diciembre de 2021
@mairenetobon
El
pasado 12 de diciembre, en un desesperado intento por llegar a Estados
Unidos, 56 migrantes
centroamericanos murieron en una carretera de Chiapas, México tras
volcar el camión donde clandestinamente se desplazaban. Entre las víctimas que
viajaban hacinadas y sin ventilación había jóvenes, adultos y familias
completas con niños y niñas. Esta historia, sin embargo, es una más de las
tantas que se repiten frecuentemente ya sea en camión, en tren o en balsa. Cada
año cientos de
personas pierden la vida tratando de migrar a otro país.
Desde 2014 más de 45 mil personas han muerto en proceso de migración internacional, según datos del programa Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional de las Migraciones. Las rutas de la migración en las Américas son las más mortales y una de las peores es la frontera entre México y Estados Unidos, con 5815 decesos.
Aunque
migrar es un derecho humano, las restrictivas políticas migratorias de los
países obligan a las personas, que no cumplen con los requisitos para solicitar
una visa, a someterse a peligrosos recorridos en la búsqueda de una vida mejor.
Hoy, cuando conmemoramos el día internacional de las personas migrantes
queremos hacer un llamado a la reflexión sobre el fenómeno migratorio en la
región, la gestión migratoria y la necesidad de proteger la vida de estas
personas.
El
derecho a migrar y las políticas migratorias
Se
estima que 281
millones de personas en el mundo son migrantes internacionales. Es decir,
cerca del 3.6% de la población mundial. Pese a que se habla con frecuencia de
una crisis migratoria, la verdad es que en términos porcentuales la cifra se ha
mantenido relativamente estable durante los últimos 20 años.
En
Latinoamérica y el Caribe se encuentra el 14.8% de los migrantes
internacionales. Un reto mayúsculo para la gestión migratoria y la protección
de sus derechos fundamentales.
Aunque
desde 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se reconoce “el
derecho de toda persona a circular libremente y a elegir su residencia en el
territorio de un Estado”, la libre circulación está supeditada a la protección
de Estado-Nación que se configura en políticas migratorias.
El
principal problema es la securitización de las políticas migratorias que, en
muchos casos percibe a las personas migrantes como una amenaza para la
seguridad nacional y deja en segundo plano los derechos humanos. Desde esta
óptica, aquellas medidas que buscan preservar el orden, además de necesarias se
encuentran plenamente justificadas.
Tal
fue el caso de los 59
venezolanos expulsados de Colombia en 2019, a quienes se les atribuía
la responsabilidad de protagonizar hechos vandálicos en Bogotá durante las
protestas sociales de ese año.. Nueve de ellos emprendieron acciones legales
debido a las arbitrariedades de la autoridad migratoria durante el proceso de
expulsión. Entre ellas, el hecho de ser abandonados en medio del Río Orinoco.
En
este sentido, luego de un complejo proceso legal, la Corte Constitucional se ha
pronunciado al encontrar que se
vulneró el debido proceso y la dignidad humana, por lo cual dictó medidas
para revocar la expulsión de siete de ellos y evitar la repetición de las
irregularidades encontradas en el caso. Pese a lo positivo del fallo, esta
situación deja en evidencia una forma de criminalización de la migración y los
riesgos de situar la seguridad por encima del derecho de las personas
migrantes.
Otro
ejemplo de los retos estructurales de la población en materia de política
migratoria es la ausencia del enfoque de género, de niñez.
Acciones tan alarmantes como la
deportación de mujeres embarazadas de origen haitiano cuando asisten a
centros de salud y hospitales en República Dominicana no pueden pasar
inadvertidas. Tampoco, los silencios sobre la niñez
víctima de la violencia e intersecciones en
complejos contextos migratorios. Las múltiples capas de derechos en la gestión
migratoria deben ser visibles y rectoras en las políticas públicas.
Migrar
en tiempos de pandemia
Si
bien la pandemia afectó a todos, los migrantes -como otras poblaciones
vulnerables- enfrentaron mayores dificultades. Las medidas de contención ante
la emergencia sanitaria adoptadas por los países fue solo una de ellas. El cierre
de fronteras y el aislamiento prolongado para contener la propagación del
virus, dejó a miles
de personas en una situación aún peor.
Además,
sin la posibilidad de retornar a sus países de origen o culminar el viaje, esta
población fue condenada a condiciones de vulnerabilidad extrema. La condición
migratoria irregular, en muchos casos, limitó el acceso a la vacunación o
servicios de salud, que priorizaban a los nacionales o personas regularizadas.
La precaria situación de estas personas, exacerbó los discursos de odio y las
narrativas sobre el peligro de salud pública que representaba esta población.
En
resumen, los migrantes han sido víctimas de múltiples formas de violencias que
no distinguían edad o género vinculadas a la xenofobia y la discriminación. En
este sentido, los Estados
asociados al MERCOSUR respondieron con una declaración de compromiso
para aumentar los esfuerzos de atención a sus necesidades y, particularmente
para evitar la discriminación contra esta población bajo una premisa necesaria
“Nadie ha de quedar relegado, y ningún derecho humano desatendido”
Día
Internacional de las Personas Migrantes: un llamado a la acción
Desde
el año 2016, en el marco de la Declaración de Nueva York
para los Refugiados y los Migrantes, la Asamblea General de las Naciones
Unidas estableció el 18 de diciembre como el Día Internacional de las Personas
Migrantes. Con esto se busca exponer la multiplicidad de retos a los que se
enfrentan, las lecciones aprendidas por los países de acogida y sobre todo las
oportunidades de cooperación para fortalecer la gestión migratoria de una forma
segura, ordenada y regular.
En ese
sentido, la declaración reconoce los aportes de la población migrante y la
necesidad de proteger la seguridad, la dignidad y los derechos humanos de las
personas migrantes, independientemente de su estatus migratorio. Esto impulsó
la idea de contribuir a lo que conocemos hoy como el Pacto
mundial para una migración segura, ordenada y regular, un esfuerzo
intergubernamental adoptado por más de 150 países en 2018.
Vale
la pena recordar que muchas de estar personas migran obligadas por las
condiciones de sus países de origen por lo que hablar de migración y derechos
siempre será complejo. Criminalizar la migración no la detiene, solo expone a
mayores peligros la vida de las personas migrantes. El llamado al unísono es
para los gobiernos con el fin de garantizar los derechos humanos en la gestión
migratoria.
Mairene
Tobón Ospino es investigadora posdoctoral del Centro de Estudios en Migración
de la Universidad de los Andes, Bogotá.
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