Ovidio
Pérez Morales 14-06-2012
A
continuación reproducimos la carta de Monseño Ovidio Pérez Morales, a propósito
de la reunión que sostuvieron miembros de la Conferencia Episcopal con
representantes del gobierno.
La reciente reunión entre
los directivos de la Conferencia Episcopal Venezolana y una representación
gubernamental del más alto nivel, suscitó no pocos comentarios y unos cuantos
rumores. Resultó también extraña, dada la ruptura de puentes producida
por el sector oficial hace casi diez años.
En la agenda normal de las
asambleas ordinarias del Episcopado se contempla, desde décadas, un tiempo para
la visita de un alto funcionario del Gobierno (antes era el Ministro de
Justicia y Cultos), con el fin de intercambiar sobre asuntos de interés común.
A partir de 1999 ese espacio comenzó a estar vacío, hasta que la
intercomunicación se rompió por completo. A esto se añade que peticiones
también escritas para una audiencia presidencial no recibieron respuesta. Con
la reunión de Mayo se ha restablecido una comunicación, que esperamos,
continúe. El país no gana nada con ruptura de puentes. Los miembros de la
Iglesia son simultáneamente ciudadanos del Estado venezolano y postulan que sus
representantes se entiendan, al menos, en cuestiones fundamentales-límite. Para
no decir que desean una regular colaboración mutua en cuestiones beneficiosas
para todos.
Algún periodista ha dicho
que dicha reunión habría constituido un apaciguamiento de la Iglesia, impuesto
por Roma y debido a motivos financieros. Esta afirmación, aparte de ser
totalmente falsa, revela un tratamiento light
y completamente desinformado de la cuestión. Estimo que la Iglesia, y
concretamente, los obispos, necesitan críticas serias, con fundamento, las
cuales pueden también conducir, en casos, a cambios que mejoren actitudes o
comportamientos de los pastores. En efecto, la Iglesia, que peregrina en y con
la historia, no puede considerarse ni autosuficiente ni como comunidad
perfecta. Pero no ayudan a su mejoramiento y conversión infundios como los
mencionados. De paso no estaría de más agregar, a propósito de este tipo
de reuniones, que, a menos darse una grave justificada razón en contrario,
conviene o se necesita una información autorizada , veraz y oportuna, a la
opinión pública, sobre las mismas, pues no hay nada más contraproducente que el
“secretismo” en tales casos.
Intercambiar, dialogar, no
significa ni “apaciguar”, ni “apaciguarse”; tampoco, renunciar a las
propias identidades y convicciones. Implica sí entrar en comunicación para iniciar
o mejorar el mutuo conocimiento, entenderse en puntos que puedan disminuir
tensiones y lograr acuerdos: progresar en verdad y bondad. El bien común ha de
ser horizonte hacia el cual se encaminen los encuentros. El diálogo supone
pluralidad y polifonía. Cerrarse a la comunicación sería renunciar a la
condición más propia de un ser, como el humano, que se define como ser para la comunicación y la comunión.
Al fin y al cabo –creemos los cristianos- Dios, primer principio y fin supremo
de todo, es Amor (ver 1Jn4, 8), comunicación, comunión. Para la Iglesia el
diálogo es, desde tiempos del Vaticano II, algo no sólo bueno sino obligante e
irreversible. Lo explicitó Juan Pablo II a propósito del Ecumenismo y en máxima
apertura interreligiosa e interhumana.
Con respecto a un encuentro
Episcopado-Gobierno en Venezuela, realista, fundado en la verdad y tendiente al
logro de acuerdos beneficiosos para el país, no sobra recordar la línea
del proyecto político-ideológico oficial, a saber, socialista de corte marxista,
como se autoidentifica el “Socialismo Siglo XXI”. Con ocasión de la propuesta
de reforma constitucional sometida a referéndum en 2007 sobre la implantación
de un “Estado Socialista” en Venezuela, el Episcopado tomó una posición firme y
clara. La expresó en la exhortación Llamados
a vivir en libertad. Allí, como conclusión, leemos lo siguiente:
-la proposición de un
“Estado Socialista” es contraria a principios fundamentales de la actual
Constitución, y a una recta concepción de la persona y del Estado.
-la propuesta de Reforma
excluye a sectores políticos y sociales del país, que no estén de acuerdo con
el Estado Socialista, restringe las libertades y representa un retroceso en la
progresividad de los derechos humanos.
-por cuanto el proyecto de
Reforma vulnera los derechos fundamentales del sistema democrático y de la
persona poniendo en peligro la libertad y la convivencia social, la
consideramos moralmente inaceptable a la luz de la Doctrina Social de la
Iglesia.
Esa fue y es la posición de
la Conferencia Episcopal Venezolana. El verbo lo uso aquí también en
indicativo, por cuanto lo que se propuso entonces y fue rechazado, se ha venido
de facto implementando; más aún, para la próxima jornada electoral del 7 de
Octubre se plantea como propósito, de parte oficial, la profundización de
su socialismo.
Recuerdo esta posición del
Episcopado para subrayar, precisamente por las hondas diferencias existentes y
ante eventuales situaciones críticas que se puedan presentar en relación al
7-0, la conveniencia y necesidad de reuniones como la que es materia de
estas líneas. Y también para salir al paso de consejas periodísticas sobre
crematísticos apaciguamientos.
Estoy seguro de que la gran
mayoría de los venezolanos espera la continuación de la reunión de Mayo en
otras y con otros (sectores políticos y sociales en general). Resulta
plausible, en este sentido, que al día siguiente de reunirse con el gobierno,
el Episcopado hizo lo mismo con el candidato presidencial de la oposición.
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