Trino Márquez 19 de septiembre de 2019
@trinomarquezc
El
encuentro del gobierno con varios partidos minoritarios con el fin de
constituir una mesa de diálogo y llegar a un conjunto de acuerdos, algunos de
los cuales entraron en vigencia, desató una larga cadena de críticas, no solo
de los ‘guerreros del teclado’, grupúsculo imposible de complacer, sino de
analistas muy sensatos, que tratan de interpretar el curso de la realidad nacional
con el cerebro, y no con las vísceras. Eduardo Fernández, quien venía
trabajando con parte del grupo firmante y a quien no puede calificársele de
extremista, tomó distancia de ese encuentro, con el estilo moderado que lo
caracteriza.
Muchos
de los cuestionamientos que se han planteado son razonables. Ciertamente, los
acuerdos firmados están llenos de vacíos y contradicciones. El sector que se
reunió con el gobierno es minúsculo. Carece de representatividad parlamentaria
y nacional. Apenas lo conforman seis diputados. En las encuestas más confiables
aparece con menos de 5% de respaldo popular.
En
el documento se evita plantear una nueva elección presidencial. Sin este
componente, se rompe la conexión con los agentes de la comunidad internacional
más activos: la Unión Europea, el Grupo de Lima, el Grupo de Contacto
Internacional. La inmensa mayoría de los países democráticos del mundo pusieron
en entredicho la validez de las elecciones de mayo de 2018. Henri Falcón, cuya
organización, Avanzada Progresista, censuró los resultados de esos comicios,
ahora se hace el desentendido. La incongruencia es obvia. Los firmantes del
pacto deberían saber que mientras Nicolás Maduro permanezca en Miraflores, será
imposible comenzar a solucionar los graves problemas que confronta la nación en
todos los órdenes. Vivimos en un régimen presidencialista en el cual la
Presidencia de la República es la llave maestra que sirve para destrabar
cualquier conflicto o para crear un obstáculo insalvable. El acuerdo eludió
encarar el principal reto nacional. Se quedó en las ramas.
En
el pacto se habla de la reincorporación de la bancada del Psuv a la Asamblea
Nacional. El Presidente de ese cuerpo es Juan Guaidó. ¿Significa, entonces, que
el partido oficialista aceptará el mandato del principal líder opositor de la
actualidad? Nada indica que estén dispuestos a tomarse ese purgante.
El
retorno a la normalidad de la AN tendría que significar la disolución de la
Asamblea Constituyente, órgano ilegítimo e inconstitucional que no ha sido
reconocido por ninguna nación importante del planeta, y una de las causas
fundamentales del cuestionamiento a los comicios del 20-M, pues en nombre de la
supraconstitucionalidad que el régimen le concedió, convocó esa cita electoral,
violando las normas establecidas en la Ley de Procesos Electorales. ¿Aceptará
Diosdado Cabello, quien se atrincheró en la AC, ceder ante Guaidó y el resto de
la directiva de la AN? Ese pequeño detalle no lo dirime el acuerdo.
La
relación entre la AN y el TSJ tampoco se aborda. El TSJ declaró a la AN en
desacato. Le amputó todas sus competencias contraloras. El Parlamento no puede
interpelar a los ministros, ni a los jefes de los otros poderes, ni al
Presidente del Banco Central o de las empresas públicas, ni a ningún alto
funcionario porque el Jefe del Estado, amparado en el dictamen del TSJ, lo
impide. La Ley de Emergencia Económica, cuya vigencia ya lleva cuatro años,
despojó a la AN de todas las competencias financieras. Ni siquiera está
capacitado para discutir y aprobar la Ley de Presupuesto Nacional.
La
elección del nuevo CNE, tema que se toca en el compromiso, debe realizarse en
la AN. ¿Será en esa institución donde se tomará la decisión, siguiendo las
pautas previstas en la Ley del Sufragio? Nada hay al respecto.
La
liberación de los presos políticos aparece como un hecho azaroso. Como una
concesión graciosa por parte del régimen. Afortunadamente, un dirigente tan
curtido como Edgar Zambrano puso las cosas en su sitio. Al momento de su
liberación dijo que él nunca debió haber estado detenido. Que se había tratado
de un secuestro y de una violación al principio universal de la inmunidad
parlamentaria, base de la labor legislativa en toda democracia representativa.
Se deslindó con claridad de toda fórmula colaboracionista o de gesto
complaciente con el régimen.
Las
inconsistencias y lagunas existentes en el documento y la forma como actuó ese
grupo -a espaldas de la opinión pública nacional, de la inmensa mayoría de los
diputados de la AN, de la oposición que participó en la ronda de Oslo y
Barbados y del Reino de Noruega- cubren de sospechas razonables el acuerdo.
Aparece
como una emboscada contra Juan Guaidó, dirigida a congraciarse con la élite
entronizada en el poder, cuya única preocupación es mantenerse indefinidamente
en Miraflores. Tampoco la comunidad internacional ha recibido con agrado la
suscripción del acuerdo. Existe la convicción de que se actuó con premeditación
y alevosía para dinamitar a Guaidó, y torpedear los esfuerzos que la oposición
que goza de mayor respaldo nacional y parlamentario había realizado en Oslo y
Barbados, bajo los auspicios de Noruega.
Se
vieron demasiadas grietas en la Casa Amarilla. Ahora la oposición queda más
dividida y débil. El régimen se atornilla y disfruta.
Trino
Márquez
@trinomarquezc
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