DW 19 de septiembre de 2019
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Los
delitos atribuidos a los empresarios Alex Saab y Álvaro Pulido sobresalen de
entre los grandes casos de corrupción. Washington le aprieta las tuercas a
quienes se han enriquecido, con la ayuda del chavismo.
El
neologismo “boliburguesía” es usado para describir a un segmento de la sociedad
venezolana que prospera económicamente bajo el auspicio de la “Revolución
Bolivariana”, dedicándose a prácticas capitalistas –lícitas e ilícitas– de las
que han sacado provecho los Gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, los
grandes promotores del “socialismo del siglo XXI” en América Latina y el
Caribe. Pero entre los beneficiarios más prominentes de esa simbiosis no sólo
hay venezolanos: el pasado 25 de julio, la Oficina de Control de Activos
Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro de Estados Unidos,
sancionó a los empresarios colombianos Alex Saab y Álvaro Pulido por su
presunta implicación en una red de corrupción para obtener contratos del
estamento chavista. La medida también fue aplicada contra algunos de sus
familiares.
Según
Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, Saab y dos de sus hijos (Isham y Shadi),
Pulido y uno de los suyos (Emmanuel), un funcionario chavista (José Vielma
Mora, exministro de Comercio Exterior y exgobernador del estado andino de
Táchira), tres hijastros de Maduro y la pareja de uno de ellos (Walter Gavidia
Flores, Yoswai Gavidia Flores, Yosser Gavidia Flores y su esposa Mariana
Staudinger) fueron castigados por haberse enriquecido ilegalmente mediante
contratos sobrevalorados vinculados con los Comités Locales de Abastecimiento y
Producción (CLAP), un programa social de reparto de alimentos subvencionados
iniciado en 2016. Trece empresas fueron señaladas de contribuir a orquestar el
fraude desde diferentes países. Este martes (17.9.2019), otros parientes
cercanos de Saab y Pulido fueron blanco de sanciones similares.
Proyectos
familiares
La
OFAC penalizó a dos hermanos de Saab (Amir Luis y Luis Alberto), a otro hijo de
Pulido (David Enrique) y a dieciséis compañías que han actuado directa e
indirectamente en su nombre. Sus activos han sido congelados en Estados Unidos
y cualquier transacción financiera con ciudadanos o entidades estadounidenses
les ha quedado prohibida. El Departamento de Justicia de Estados Unidos asegura
que Saab y Pulido vienen incurriendo sistemáticamente en fechorías de grandes
magnitudes desde 2011, cuando debutaron como contratistas del Ejecutivo
venezolano; Chávez les encargó el levantamiento de casas prefabricadas para la
población de bajos ingresos. Se alega que, entre noviembre de 2011 y septiembre
de 2015, dichos empresarios se confabularon para lucrarse con el control de
cambio vigente en Venezuela.
Se
les acusa de haber adquirido dólares a una tasa favorable para comprar
materiales de construcción, presentado facturas de importación falsas
relacionadas con mercancía que nunca llegó a Venezuela, sobornado a
funcionarios gubernamentales para que aprobaran los documentos en cuestión y
transferido aproximadamente 350 millones de dólares desde Venezuela hacia
Estados Unidos y otros países. A partir de 2013, tras la muerte de Chávez,
Maduro favoreció a Saab y a su mano derecha con concesiones diversas que incluyeron
contratos con la empresa estatal Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA). Ellos
también han sido vinculados con operaciones ilegales en el marco de la
explotación de oro en el Arco Minero del Orinoco. En su Colombia natal, Saab,
de 47 años, y Pulido, de 55, se cuidaron de mantener un perfil bajo.
Bajo
perfil
Sus
nombres atrajeron la atención de la prensa por primera vez en 2017, cuando
ArmandoInfo –el buró de investigación que desveló el capítulo venezolano de los
“Papeles de Panamá”– constató su involucramiento en una red de compañías
fantasma creada alrededor de los CLAP. Poco después, Luisa Ortega Díaz, otrora
Fiscal General de Venezuela, acusó a Saab de ser testaferro de Maduro.
ArmandoInfo también reveló que Álvaro Pulido había cambiado de identidad –su
nombre verdadero es Germán Rubio– con miras a borrar sus nexos con el
narcotráfico. “Las actividades de Saab y Pulido no han pasado inadvertidas en
Colombia; la Fiscalía General de la Nación las está investigando porque algunas
de sus operaciones se desarrollaron en territorio colombiano”, dice Andrés
Hernández, director ejecutivo de la oficina de Transparencia Internacional en
Bogotá.
“En
Venezuela abundan los casos de corrupción de grandes proporciones. De ellos,
unos cincuenta están siendo investigados por la Justicia de otros Estados
porque su impacto trasciende las fronteras venezolanas. De entre todos esos
delitos sobresalen los atribuidos a Saab y Pulido por el volumen de los montos
en juego –se habla de miles de millones de dólares–, por el rango de sus
presuntos cómplices, por las evidencias del perjuicio que los fraudes
mencionados le causaron a los venezolanos de a pie y por los indicios de que
una gran red internacional de empresas estuvo implicada en los mismos”,
comenta, por su parte, Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de la
dependencia de Transparencia Internacional en Caracas. A sus ojos, la
posibilidad de que personas cercanas al chavismo sean procesadas por corrupción
fuera de Venezuela inquieta a Maduro.
Anillos
de poder
El
sociólogo Héctor Briceño, profesor del Centro de Estudios del Desarrollo
(CENDES), con sede en Caracas, comparte la opinión de De Freitas sólo
parcialmente. “La cúpula del Gobierno está formada por una serie de círculos
concéntricos. En torno al núcleo de poder hay varios anillos integrados por
grupos de interés. Pero el respaldo de estos grupos de interés es prescindible.
Cuando un aliado del chavismo es buscado y detenido por organismos
internacionales o sancionado por autoridades estadounidenses, Maduro puede
remplazarlo. Lo mismo aplica cuando un grupo de interés se muestra desleal. Por
ejemplo, los principales conspiradores detrás de la fallida rebelión militar
del pasado 30 de abril eran testaferros de la élite chavista y grupos
económicos que la habían apoyado hasta ese momento”, arguye Briceño.
“Eso
nos lleva a concluir que la presión ejercida por Washington sobre los socios
del chavismo sí surte efectos tangibles. Pero, insisto, los testaferros son
sustituibles. Algo similar puede verse a otra escala: cuando ciertas empresas
de un país se niegan a hacer negocios con la Revolución Bolivariana, aparecen
otras dispuestas a hacerlo. Esa es la nueva realidad político-económica
internacional: hay sistemas financieros, económicos y comerciales alternativos,
no occidentales, donde el establishment chavista puede obtener lo que necesita
para subsistir”, añade el experto del CENDES, actualmente de paso por la
Universidad de Rostock. Si Estados Unidos les pone el guante, Saab y Pulido
pueden terminar siendo condenados a hasta veinte años de prisión por los
crímenes que se les imputa. Si ese escenario se consuma, sus vacantes en
Caracas seguramente serán ocupadas por otros.
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