DW 27 de septiembre de 2019
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La
Unión Europea (UE) sancionó este viernes a siete miembros de las fuerzas de
seguridad venezolanas por "torturas" y otras "violaciones"
de DD. HH., cuatro de ellos en relación con la muerte del militar Rafael
Acosta.
Los
siete miembros de las "fuerzas de seguridad e inteligencia"
sancionados están implicados "en torturas y otras violaciones graves de
los derechos humanos", indica en un comunicado este viernes (27.09.2019)
la institución europea. Acosta falleció a finales de junio en un hospital en
Caracas por presuntas torturas durante su detención.
"La
UE decidió aplicar medidas específicas adicionales contra siete miembros de las
fuerzas de seguridad e inteligencia implicados en torturas y otras violaciones
graves de los derechos humanos", indicó en un comunicado la jefa de la
diplomacia europea, Federica Mogherini.
Cuatro
de los funcionarios sancionados están "relacionados con la muerte del
capitán Acosta", precisó el Consejo de la UE en otro comunicado, en
referencia al militar fallecido a finales de junio en un hospital en Caracas
por presuntas torturas durante su detención.
Los siete funcionarios venezolanos se unen a los 18
sancionados en 2018 por la UE, entre ellos la vicepresidenta Delcy Rodríguez,
con la congelación de sus activos en suelo europeo y una prohibición de viajar
a los países del bloque.
El ministro de Asuntos Exteriores español, Josep
Borrell, había solicitado la adopción de estas medidas en julio durante una
reunión con sus pares, basándose en el informe de la Alta Comisionada de la ONU
para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Venezuela
se convirtió en 2017 en el primer país latinoamericano sancionado por la UE,
aunque son blanco de las críticas de los opositores al gobierno de Nicolás
Maduro para aumentar la presión al nivel de Estados Unidos.
Además
del embargo de armas en 2017, los europeos sancionaron un año después a varios
responsables del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo, así como al
dirigente chavista Diosdado Cabello, considerado el número dos del gobierno
venezolano.
Los
europeos también sancionaron ese año a responsables o ex responsables de las
fuerzas de seguridad e inteligencia, entre ellos el actual ministro de
Industria, Tareck El Aissami, a quien acusan de ser "responsable" de
"torturas".
Con
sus sanciones, que son reversibles, y sus contactos diplomáticos, sobre todo a
través del Grupo Internacional de Contacto (GIC), la UE presiona por una
"solución pacífica, política y democrática" a la crisis en Venezuela.
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