Pedro Pablo Peñaloza 04 de marzo de 2021
@pppenaloza
Activistas de derechos humanos advierten que el plan
«Integración Responsable», anunciado por el gobierno de la isla, genera
«inquietud y confusión», especialmente entre las personas que provienen de
Venezuela y aún no cuentan con sus papeles para residir y trabajar legalmente
Lejos de transmitir certeza y sosiego a los migrantes
sin papeles que residen en Curazao, el anuncio del gobierno de la isla sobre la aplicación
del plan “Integración Responsable” ha traído “confusión” y dudas, según
denunció a través de un comunicado la organización no gubernamental Human
Rights Defense Curaçao (HRDC).
HRDC señala que las principales interrogantes guardan
relación con el destino de la comunidad de venezolanos, que en los
últimos años han llegado a la isla huyendo de la emergencia humanitaria
compleja que sacude a la nación sudamericana.
“Este hecho -el anuncio del plan Integración
Responsable- ha traído hasta nuestra organización muchas reacciones y
preguntas, particularmente de los no documentados. Principalmente del lado de
los venezolanos, que han huido de su país y que están en una crisis dramática
continuamente. Ya por muchos años ellos piden una oportunidad en
nuestra isla para vivir y trabajar de una manera justa y legal. Además, han
abogado por distintas posibilidades: permiso temporal de estadía y trabajo
hasta la concesión de una amnistía total”, subraya la asociación civil que es
dirigida por la activista Ieteke Inchi Witteveen.
Pasándola mal
El Ministerio de Justicia de Curazao informó el 21 de
febrero de 2021 que pondría en marcha “un proceso de Integración Responsable
para ciertas personas que actualmente permanecen indocumentadas” en la
isla. Asimismo, las autoridades destacaron lo siguiente: “Es importante
reiterar que el trámite de Integración Responsable solo cuenta para personas
que ingresaron al país de Curazao de manera legal antes del 13 de marzo de 2020
y que a pesar de estar sin documentos de estadía, cumplen con todos los
requisitos vigentes para permanecer en Curazao”.
La agrupación encabezada por Witteveen advierte que
“el anuncio repentino, que no está acompañado de una campaña informativa y
transparente sobre lo que encierra exactamente el arreglo, es motivo de
mucha inquietud y confusión para personas que lo tienen ya muy difícil”.
La oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas
para los Refugiados (Acnur), registra que en Curazao viven
aproximadamente 17.000 venezolanos en situación irregular.
Sin embargo, el comisionado de la Organización de
Estados Americanos (OEA) para los Migrantes y Refugiados Venezolanos, David
Smolansky, sostiene que la cifra podría llegar a 26.000. En
consecuencia, la primera minoría en la población inmigrante de la isla es de
origen venezolano y representa cerca del 15% del total de la población.
Witteveen recuerda que “mientras los ministros estaban
proclamando el manejo de oportunidades para migrantes en la Iglesia de
Steenrijk, en ese preciso momento en el Aeropuerto de Hato se llenaba
un avión para un vuelo de deportación (usando la palabra de ‘repatriación’) de
venezolanos que fueron sacados como si fueran criminales”.
Deuda pendiente
HRDC recibe la iniciativa oficial resaltando que llega
“después de muchos años de negligencia en cuanto al manejo migratorio y
hasta violación fundamental de los derechos humanos de los migrantes y
refugiados vulnerables”. Apunta que la declaración del Ministerio de
Justicia “ha generado una expectativa grande” entre los extranjeros que esperan
“poder formar parte de nuestra sociedad sin tener que pasar por los tratos
inhumanos y represivos del gobierno”.
Ante la falta de precisión por parte de las autoridades,
la ONG formula una serie de preguntas que tocan el fondo del problema. “¿Qué
grupo se beneficiaría de la ‘Integración Responsable’? ¿Solo el grupo de
migrantes con capacidades de nivel universitario o adinerados? ¿Incluirían a
personas de otras clases sociales, sin diploma formal y con pocos ingresos?”.
Los activistas también quieren saber si esta propuesta
cuenta con el aval del Reino de los Países Bajos, “de forma que el Reino no
tenga que pasar nuevamente una vergüenza internacional en foros internacionales
como responsable de violaciones a los derechos humanos”.
Por último, HRDC “hace una apelación urgente
al gobierno para que avance hacia la formulación y realización de un manejo de
migrantes profundo, inclusivo y coherente. En la sociedad de Curazao
poscovid podremos hacer uso del talento y productividad de los migrantes sin
discriminación de clase social, color o género”.
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