Carlos Tablante 02 de marzo de 2021
@TablanteOficial
Independientemente
de la estrategia política que sea asumida en el marco de un
futuro proceso para el restablecimiento de la democracia en el país, resultará
fundamental el tener en consideración la estructura de poder sobre la que
se afinca el gobierno de Nicolás Maduro.
La dinámica sociopolítica de los últimos años ha
dejado una clara evidencia de cómo el oficialismo ha basado la continuidad del
gobierno y del proyecto chavista/madurista no sólo en el monopolio de las armas
del Estado y de algunos grupos ilegales, sino en un sistema de acuerdos,
relaciones y prácticas sociales distintas a las que regularon la vida y
convivencia de los venezolanos durante la democracia. Maduro ha venido
edificando una nueva institucionalidad político-criminal para garantizarse el
control político y social de la población venezolana y el financiamiento ilegal
de sus aliados. La mayor expresión de esta institucionalidad está representada
en el denominado ejército cívico-militar-policial que se ha constituido en el
soporte del régimen de Maduro.
En este “nuevo ejército” las milicias bolivarianas y,
especialmente, los militares profesionales fueron ubicados como un eslabón más
de una cadena que está integrada por militantes del PSUV y Consejos Comunales,
los cuerpos de inteligencia y seguridad del Estado, pequeños grupos delictivos
anárquicos, los Colectivos, mega-bandas criminales, las disidencias de las
FARC, grupos guerrilleros del ELN y paramilitares.
Surgido inicialmente en los barrios populares del
oeste de la ciudad de Caracas cuando los colectivos sociales fueron
incorporados a la defensa de la revolución bolivariana y el gobierno, la
iniciativa se fue extendiendo por distintos barrios y regiones del país a
través de experiencias y actores distintos. Es decir, en aquellas zonas en las que
hay una presencia relevante del crimen organizado, el régimen de Maduro los ha
ido incorporando como aliados a sus planes de control social, represión e
intimidación política, al igual que los colectivos.
Para la construcción de este nexo entre la política y
el crimen organizado el régimen y sus principales líderes no solo han actuado
con descarada complicidad y tolerancia hacia la operación de estos grupos, sino
que incluso les han delegado roles y funciones inherentes al Estado. Esto
incluye, entre otras, responsabilidades en materia de seguridad ciudadana,
gestión de programas sociales, administración de justicia, control territorial,
gestión de la economía local, oferta de servicios públicos y manejo de
infraestructura física pública.
Otro de los aspectos que destaca en la alianza entre
Maduro y los integrantes de su red de poder se relaciona con el
autofinanciamiento. De hecho, en las alianzas se establece que tanto algunos
componentes policiales y militares, así como dirigentes políticos, guerrilleros,
paramilitares, colectivos y, en general, bandas del crimen organizado, están
autorizados para operar una red de negocios legales e ilegales. Es decir, el
delito autorizado.
Entre esas actividades se encuentran, el tráfico de
drogas, el contrabando de combustible, alimentos, medicinas y minerales, el
tráfico de armas y de personas, el secuestro, el robo, el sicariato, la
extorsión, el abigeato. Adicionalmente, en diferentes regiones del país hay
suficientes registros y evidencias que permiten afirmar que los gobiernos
regionales y municipales usan dinero proveniente de las economías criminales
para financiar sus obras, proyectos, programas e, incluso, los salarios de sus
trabajadores. Este dato ratifica que Maduro mantiene una economía oscura que le
permite financiar su proyecto político sin control de las instituciones del
Estado.
Es decir, perfila un nuevo orden social cuyo rasgo
principal se encuentra en esos puentes en los que se autoriza la convivencia
entre lo legal y lo ilegal; lo permitido y el delito; el crimen y la política;
el mercado formal y el mercado negro. Después de todo, esa complicidad
cívico-militar-policial es lo que nosotros hemos definido como un Estado
delincuente.
Entre estas interacciones han destacado las alianzas
establecidas con organizaciones criminales nacionales, como son los casos de la
mega banda del “Coqui” que opera en el sector de la Cota 905 y la de “Wilexis”
en la comunidad de Petare, en la ciudad de Caracas; así como la conocida como
el “Tren de Aragua”, dirigida por el líder negativo de reclusos (pran) Héctor
Guerrero Flores (alias Niño Guerrero), quien opera desde el Centro
Penitenciario del estado Aragua o penal de Tocorón, donde cumple condena.
Precisamente, la fortaleza y el poder alcanzados a la
fecha por estas mega bandas y la inmunidad de que disponen para el ejercicio de
sus operaciones delictivas son producto de acuerdos y convenios alcanzados con
líderes políticos, instituciones y altos cargos del gobierno. Destacan entre
estos la conformación de las denominadas “Zonas de Paz”, creadas en 2013 por
iniciativa del gobierno, en donde se delegó en los grupos delictivos el control
y la gestión de seguridad de determinadas áreas o zonas, sin interferencia
alguna o participación de los organismos de seguridad del Estado.
Por supuesto, la publicidad del gobierno proclamaba
que el acercamiento con esos grupos criminales perseguía fines pacíficos,
exclusivamente; pero después de ocho años los hechos muestran una realidad
diferente. Los datos dicen que el programa “Zonas de Paz” fue el medio que
Maduro utilizó para ampliar el ejército cívico-militar como escudo de
protección para su ambición desmedida de poder.
Es el caso, que las mega bandas beneficiados con estos
acuerdos siguen coordinando desde sus enclaves de “paz” o “zonas despejadas”
bajo su control, las operaciones de secuestro, asesinato, tráfico de drogas ,
minerales y personas, extorsión y robo de vehículos, entre otros. Todo ello sin
que los cuerpos de seguridad del Estado intervengan en los territorios y zonas donde
operan.
Se trata de un pacto que se está acelerando a la misma
velocidad con la que se radicalizan la crisis socioeconómica y la incapacidad
de la cleptocracia para atender la demanda social desbordada por la crisis
humanitaria.
Después de todo, el chavismo/madurismo pareciera ir
perfeccionando cada día los términos del modelo de asociación con el mundo
criminal, un paso indispensable para incorporarlos como eslabón de ese ejercito
cívico- militar-policial que en un supuesto escenario de revueltas populares o
intervención militar internacional, saldría en defensa del régimen y la
supuesta revolución bolivariana.
En este contexto hay un caso que requiere una especial
mención, el referente a la mal llamada mega banda “el tren de Aragua” (TdA). En
la última década, el TdA ha pasado a convertirse en la más poderosa, violenta y
criminal mega banda venezolana, que cuenta con unos 2,700 integrantes con un
alto poder de fuego. Estos operan en los estados Aragua, Carabobo, Guárico,
Trujillo, Miranda, Bolivar, Sucre, Lara y Táchira. En la actualidad ha sido
comprobado su despliegue transnacional a países como Colombia, Ecuador, Perú y
Brasil. El crecimiento experimentado por la banda es expresión de las ventajas
derivadas del apoyo y la inacción del Estado venezolano.
Por un lado, esto ha sido posible gracias a una medida
adoptada por la ministra de Prisiones (2011-2020) Iris Valera, por la cual la
cárcel de Tocorón (con cerca de 7,000 internos) quedó excluida del denominado
“Nuevo Régimen Penitenciario” diseñado para controlar la criminalidad en las
prisiones. Con esta decisión, la autoridad del Estado en el penal resultó
sustituida por la autoridad criminal del “Niño Guerrero”. Tal acción convirtió
a Tocorón en una fortaleza desde donde se dirigen amplias redes de
microtráfico, sicariato, robo de vehículos, secuestros, extorsión, etc.
En las instalaciones del penal, se ha desarrollado una
poderosa red criminal de control penitenciario que les ha permitido acumular
cuantiosas ganancias económicas. Parte proviene de la imposición a cada uno de
los presos de una cuota de extorsión o “causa” de la cual obtienen cerca de
1.500.000 de dólares anuales. Además, el penal es favorecido por el Ministerio
de Prisiones con la autorización del traslado de presos desde otros penales.
Estas gestiones implican pagos en efectivo para la banda y le permiten también
la renovación de sus miembros. Adicionalmente, han desarrollado una red de
negocios dentro de las instalaciones, tales como: restaurantes, salas de
apuestas, discotecas, salas de fiestas, parques infantiles, zonas de
alojamiento, áreas deportivas y hasta un banco para gestionar el depósito de
deudas y créditos a los internos. En el penal se organiza y ordena la ejecución
de los diversos delitos por parte de los miembros de la banda y se colecta el
dinero recaudado. Los miembros de la banda cuentan con sofisticados equipos de
comunicación móvil. El modelo de organización criminal establecido en Tocorón
ha sido exportado a otros centros del sistema carcelario venezolano.
Igualmente, un acuerdo tácito alcanzado con el
gobierno le permitió a la mega banda el establecimiento de una “Zona de Paz” en
la populosa comunidad de la zona industrial de San Vicente, ubicada al sureste
del estado Aragua, a 30 kmts de Tocorón. En esta área, que cuenta con 20
barrios populares, fueron eliminadas las estaciones de policías y se suspendió
el patrullaje preventivo y los operativos por parte de los organismos de
seguridad. Los rumores señalan que tales actuaciones estuvieron alentadas y
coordinadas desde su inicio por personeros vinculados al régimen. Podemos decir
que las denominadas “zonas de paz” son en realidad laboratorios sociales para
ensayar la relación entre la política y la delincuencia organizada.
Los jefes de el TdA ejercen en esta área una autoridad
cuasi legítima por medio de la cual establecen las normas de convivencia y
seguridad, intervienen en problemas maritales y de convivencia, ordenan
desalojo de bienes inmuebles, gestionan la venta de alimentos y licores, etc.
Bajo la figura de la Fundación “Somos el Barrio JK” Movimiento Social, este
grupo criminal ha desarrollado capacidades organizativas y de logística para
suplantar algunas funciones del Estado. Por su cuenta o conjuntamente con la
gobernación del estado y la alcaldía del Municipio Giraldot, realizan programas
de mejoramiento de servicios básicos e infraestructuras locales. Igualmente
coordinan los programas sociales del gobierno (como el CLAP), gestionan la
entrega de ayudas sociales y económicas, promueven y financian actividades
recreativas, ofrecen supuestos servicios de custodia para los comercios
minoristas, ejercen el control sindical de las empresas ubicadas en la zona,
coordinan mercados populares, estaciones de gasolina y el transporte público.
Incluso, en estos barrios han llegado a decretar “toque de queda” de
obligatorio cumplimiento para sus habitantes y los comercios.
Bajo tales circunstancias, la perversa y estrecha
relación que se ha establecido entre el régimen de Maduro y las organizaciones
del crimen organizado, debe ser considerada como una de las grandes amenazas de
una eventual transición hacia la democracia, que al mismo tiempo representa un
inmenso desafío para la política, obligada a encontrar de manera creativa las
respuestas apropiadas frente a esta compleja situación.
Carlos Tablante
@TablanteOficial
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