Infobae 02 de octubre de 2021
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Una
comitiva de diputados viajó a Roraima, en la frontera con Veenzuela, donde
visitó a los venezolanos refugiados allí. “Espero que sea castigado por todo el
mal que causa a su pueblo”, afirmó el legislador Hiran Goncalves
La
Comisión de Seguridad Social y Familia (CSSF) del Congreso de Brasil, integrada
por diputados federales, informó que la próxima semana se propondrá una
denuncia ante la Corte Internacional de La Haya contra el dictador de
Venezuela, Nicolás Maduro.
La Comisión llegó a Roraima, en la frontera con Venezuela, para visitar la ciudad de Pacaraima y ver de cerca la situación de la crisis migratoria.
El
diputado federal Hiran Goncalves destacó que Maduro debe ser castigado por las
acciones causadas en el país vecino. “La próxima semana propondremos de
inmediato a la Corte Internacional de La Haya una denuncia de lesa humanidad.
Espero que sea castigado por todo el mal que causa a su pueblo”, dijo Hiran.
El
autor de la solicitud, el diputado Leandre Dal Ponte, de Paraná, destacó la
importancia de la visita al estado. “Estamos aquí para identificar la gravedad
del problema, en cuanto a la responsabilidad, que tenemos que buscar
instrumentos de poder, para contribuir en esta crisis humanitaria”, destacó
Leandre.
El
diputado federal Hiran Gonçalves dijo que los legisladores de la CSSF tenían
que ver de cerca la situación de la crisis migratoria. “Contamos con el apoyo
de estos parlamentarios para encontrar soluciones a este problema que enfrenta
Roraima. El problema de la crisis migratoria afecta a todo Brasil, no sólo a
nuestro estado”, señaló.
Inegraron
la delegación los diputados federales Giovani Cherini, de Rio Grande do Sul;
Carmen Zanotto, de Santa Catarina; Leandre Dal Ponte, de Paraná y Paula
Belmonte, del Distrito Federal. A la reunión asistieron también los diputados
federales por Roraima, Hiran Gonçalves y Haroldo Catedral.
El
dictador chavista ya enfrenta un proceso ante la Corte Penal Internacional. De
hecho, en agosto pasado la fiscalía de la CPI confirmó que el régimen de
Nicolás Maduro cometió crímenes de lesa humanidad en Venezuela y afirmó que
dichos delitos deben ser investigados.
“La
Fiscal ha concluido que la información disponible proporciona una base
razonable para creer que desde al menos abril de 2017, autoridades civiles,
miembros de las fuerzas armadas y personas progubernamentales han cometido
crímenes de lesa humanidad de encarcelamiento u otra privación grave de la
libertad física en violación de las normas fundamentales del derecho
internacional”, según se lee en el informe sobre Actividades de Exámenes
Preliminares que Fatou Bensouda, fiscal de la CPI hasta el pasado junio, dejó a
su sucesor Karim Khan.
La
Fiscal también concluyó que los casos que probablemente surgirían de una
investigación de estos presuntos crímenes “serían admisibles de conformidad con
el artículo 17 (1) (a) - (d) del Estatuto” de Roma, el instrumento constitutivo
de la Corte Penal Internacional.
El
informe señala que “luego de un proceso exhaustivo e independiente, que se ha
beneficiado de la cooperación constante del Gobierno de Venezuela, así como de
otras partes interesadas, la Fiscal ha concluido que existe una base razonable
para creer que los delitos de la competencia de la Corte se han cometido en
Venezuela”.
Entre
los delitos cometidos por las fuerzas del régimen chavista el informe cita
casos de tortura, violencia sexual y persecución por motivos políticos.
Responsables
de estos crímenes fueron, según la fiscal de la CPI, la Policía Nacional
Bolivariana, el Servicio Nacional de Inteligencia Bolivariano (SEBIN), la
Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), las Fuerzas de Acción
Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas (CICPC) , la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando
Nacional Antiextorción y Secuestro (CONAS), y otras unidades de la Fuerza
Armada Nacional Bolivariana (FANB).
“Además,
la información disponible indica que personas afines al gobierno también
participaron en la represión de opositores reales o presuntos al Gobierno de
Venezuela, principalmente actuando junto con miembros de las fuerzas de
seguridad o con su aquiescencia”, agrega el informe.
Según
la fiscalía, los casos que surgirían de una investigación sobre la situación en
Venezuela serán admisibles ante la CPI “en términos de inacción”, es decir
debido a la falta de voluntad del régimen chavista a perseguir las denuncias de
violaciones. Esto cumpliría con el principio de
complementariedad, uno de los requisitos que causa la intervención de la Corte
cuando un país no juzga o no puede juzgar los hechos de competencia del
tribunal.
“Las
autoridades no están realmente dispuestas a investigar y/o enjuiciar esos
casos. Esto se debe a que, según la información disponible, se han iniciado
procesos internos o se han tomado decisiones nacionales con el propósito de
proteger a las personas de la responsabilidad penal”, asegura el informe.
Además,
días atrás se conoció el nuevo informe de la Misión Internacional
Independiente de la ONU para Venezuela, que acusa al sistema de Justicia del
país de no ser independiente, que podría agilizar el proceso de la Corte Penal
Internacional sobre posibles violaciones de derechos humanos.
El
informe denuncia prácticas como el uso de supuestas pruebas obtenidas mediante
tortura y la emisión de órdenes de detención “retroactivas” para ocultar
arrestos ilegales.
La
misión, creada por el Consejo en 2019 y que emite ahora su segundo informe sobre
la situación en Venezuela, también cree que hay “motivos razonables” para creer
que políticos venezolanos de alto nivel han influido significativamente en el
Poder Judicial del país.
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