Lidis Méndez 24 de febrero de 2024
Las
elecciones libres y justas son la piedra angular del traspaso de poder en los
Estados contemporáneos, ya que estas permiten a los ciudadanos expresar su
voluntad política y elegir a sus representantes. En tal sentido, es fundamental
garantizar que se respeten los derechos humanos en los procesos electorales.
Existen varios instrumentos jurídicos internacionales que establecen estándares en esta materia. La Declaración Universal de Derechos Humanos consagra el derecho a elecciones periódicas por sufragio universal. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos profundiza este derecho, agregando que las elecciones deben ser genuinas, realizarse por voto secreto y permitir la libre expresión de la voluntad de los electores.
Otros
tratados regionales, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la
Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, también protegen los
derechos políticos y el acceso al sufragio. Asimismo, organismos
internacionales como la ONU y la OEA han emitido declaraciones y directrices
sobre cómo garantizar elecciones libres en el marco del respeto de los derechos
humanos.
Estas
normas internacionales establecen principios clave, como la no discriminación
en la participación política, la independencia de los órganos electorales, el
acceso equitativo a los medios de comunicación para todos los candidatos y la
transparencia de los comicios y resultados. También prohíben limitar
irrazonablemente el derecho al voto y perpetuarse indebidamente en el poder.
Cada
vez que se realizan elecciones controversiales, todos los reflectores apuntan a
las misiones de observación electoral. Se esperan con ansias sus reportes para
conocer si validan o refutan las acusaciones de fraude que suelen circular
cuando un resultado es muy reñido o totalmente opuesto a la intención y voto de
la mayoría de los electores.
Los
Estados tienen la obligación de proteger estos derechos fundamentales en
materia de elecciones. La comunidad internacional debe supervisar de manera
segura y adecuada que cumplan las normas vigentes y denunciar cualquier
violación o retroceso.
No puede
negarse que los informes de expertos independientes cumplen un rol vital.
Ofrecen una mirada técnica y especializada sobre posibles irregularidades.
También confirman si se cumplieron o no los estándares para considerar los
comicios como libres y limpios e influyen sobre la percepción
internacional acerca de la legitimidad de los procesos electorales en una
nación.
Aun
así, su capacidad de alterar veredictos o imponer rectificaciones es limitada.
Cuando se ha consumado un fraude con complicidades en el árbitro electoral y el
sistema de justicia, pocas veces una denuncia de observadores logra modificar
los hechos.
Quizás
el mayor efecto concreto de un reporte que evidencia violaciones graves, es que
puede activar sanciones diplomáticas y económicas desde otros países o bloques
regionales o fortalecer las protestas ciudadanas contra comicios percibidos
como ilegítimos. Pero revertir un resultado fraudulento confirmado por las
instituciones domésticas sigue siendo una hazaña extraordinariamente compleja.
Los
informes de observación electoral importan mucho para mantener viva la
conversación democrática en cada país y construir reformas graduales que
fortalezcan la integridad de futuros comicios. Pero esperar que por sí solos
determinen el destino de unos controvertidos resultados electorales, es asignarles
un impacto y poder que no detentan frente a sistemas donde se han corrompido
todas las barreras de contención. Son una voz de alerta, más no la voz
definitoria como ya lo hemos experimentado en este último mandato presidencial.
¡El tiempo apremia…Venezuela, llegó la hora de despertar!
Lidis
Méndez
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