Versión Final 24 de febrero de 2024
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El
gobierno nacional ha protagonizado una serie de hechos que han provocado no
solo el repudio de la oposición venezolana. La inhabilitación de María Corina
Machado y la detención de Rocío San Miguel fueron decisiones muy críticas. el
país sigue viviendo momentos de mucha tensión que generan cierta preocupación
en la población.
En
medio de un clima de mucha incertidumbre y cuestionamientos, acompañado de una
profunda crisis que se sigue profundizando desde hace años, Venezuela se
mantiene a la espera de conocer la fecha de los comicios presidenciales,
proceso que será crucial para definir el rumbo que tomará el país en los
próximos seis años.
Pese a
finalizar el 2023 con el acuerdo firmado en Barbados entre el Gobierno y la
oposición, seguido de la decisión de Estados Unidos de relajar algunas sanciones
económicas y proceder a la liberación del empresario Alex Saab, el
país sigue viviendo momentos de mucha tensión que generan cierta preocupación
en la población.
En las
últimas semanas, el gobierno nacional ha protagonizado una serie de
hechos que han provocado no solo el repudio de la oposición venezolana,
sino de buena parte de la comunidad internacional, quienes han expresado su
rechazo a diversas medidas que ponen en duda la intención del Estado de cumplir
con la ruta acordada en las negociaciones.
Una candidatura truncada
La
opositora María Corina Machado logró una importante victoria en las elecciones
primarias realizadas el pasado 22 de octubre con un 92 % de
los votos. El triunfo de la dirigente de Vente Venezuela despertaba la ilusión
de alcanzar un cambio de gobierno, luego de ser considerada como la única
contrincante que podía derrotar a Nicolás Maduro en unos comicios
presidenciales.
Sin
embargo, la exdiputada presentaba una inhabilitación para ejercer
cargos públicos por 15 años, medida impuesta por la Contraloría General en
junio por presuntamente "solicitar la aplicación de sanciones y bloqueo
económico".
Dicha
decisión fue ratificada nuevamente el pasado 26 de enero,
luego de que el Tribunal Supremo de Justicia rechazará la solicitud de la
dirigente política para retirar la orden administrativa, situación que la deja
fuera de la carrera electoral.
Para
los opositores, este fallo rompe con lo establecido en el acuerdo de
Barbados, mientras que para el Gobierno la medida cumple con lo pactado en el
documento.
Pese a
esta decisión, María Corina Machado no descarta la posibilidad de
participar en la contienda electoral. La líder opositora ha dejado claro en
varias oportunidades que continuará con la ruta electoral hasta alcanzar la
victoria en unas elecciones libres.
Detención
de Rocío San Miguel
La
detención de la activista de Derechos Humanos Rocío San Miguel el pasado 9 de
febrero mientras intentaba salir del país fue uno de los eventos que puso
nuevamente al Gobierno venezolano en el ojo del huracán.
Después
de dos días sin conocer el paradero de la presidenta de la ONG Control
Ciudadano, el fiscal general Tarek William Saab confirmó la detención alegando
que había una orden de captura en su contra.
San
Miguel fue imputada por los delitos de "traición a la patria",
"terrorismo" y "conspiración", por
presuntamente participar en una conspiración para asesinar al presidente
Nicolás Maduro, este hecho provocó diversas críticas de distintas ONG y
organizaciones internacionales, quienes mostraron su solidaridad con San
Miguel, quien aparentemente sigue sin mantener contacto con su equipo legal.
Expulsión
de la ONU
Después
de darse a conocer la detención de Rocío San Miguel, uno de los organismos que
se pronunció en rechazo de esta medida fue la Oficina del Alto
Comisionado de la ONU para los DD.HH., que expresó su "profunda
preocupación" por la detención de la activista.
El
pronunciamiento del ente internacional no fue bien visto por el Gobierno
venezolano, que tomó represalias y decidió expulsar a los funcionarios de esa
organización.
El
canciller venezolano, Yvan Gil, explicó que "la decisión se debe al
impropio papel que esta institución ha desarrollado, que
lejos de mostrarla como un ente imparcial, la ha llevado a convertirse en el
bufete particular que permanentemente se confabulan contra el país".
Días
después, el propio Nicolás Maduro aseguró que la oficina "se
transformó en una oficina de espionaje interno, de conspiración interna
(...) en el bufete de abogados de terroristas, conspiradores, golpistas y magnicidas
de Venezuela".
Desde
entonces, los 13 empleados de la citada oficina abandonaron Venezuela y
se instalaron en Panamá, desde donde continúan haciendo seguimiento a las
actividades suscitadas en el país.
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