Por Óscar Lucien. 30/03/12
"Diga payaso
que yo suelto la risa" parece ser el eslogan de la fiscal Luisa Ortega
Díaz cada vez que el teniente coronel Chávez piensa, insinúa, opina o
claramente ordena que debe tomarse una medida judicial en tal o cual dirección.
"Apenas usted diga Carnaval yo tiro papelillos" parece ser el lema de
la fiscal Ortega Díaz ante cualquier deseo del presidente Chávez que involucre
al Ministerio Público, siempre, claro, que su antojo esté relacionado con
alguna medida en contra de algún individuo o institución que no comulgue con el
ideario excluyente del socialismo del siglo XXI. Prueba en contrario, Chávez la
mandó a meter preso al líder del colectivo La Piedrita y la fiscal miró para el
techo.
No abrumaré al
amable lector con conocidos ejemplos, extravagantes atentados al decoro
jurídico y al mínimo respeto a la independencia y autonomía de los poderes
públicos. Allí se acumulan, en la hemeroteca de la infamia que hemos de
desempolvar más temprano que tarde. Tampoco voy a referirme al triste episodio
de la fiscal Luisa Ortega clamando en la Asamblea Nacional por una Ley Contra
Delitos Mediáticos (sic), tan bochornosa que fue rechazada por los propios de
su rebaño. Cito a la señora Ortega en aquellos días de julio de 2009: "Es
necesario que el Estado venezolano regule la libertad de expresión. Pido que se
ponga límite a ese derecho". Pero en menos de dos años, la jefa del
Ministerio Público vuelve por sus fueros y solicita y obtiene una medida
cautelar que limita las informaciones sobre el agua contaminada en algunas
regiones del país.
En adelante, toda
información dependerá de un informe técnico de una autoridad competente, con lo
cual, instaura, de facto, la censura previa.
Los gremios
profesionales de la comunicación y organismos internacionales que velan por la
defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información han
cuestionado la medida, alertando sobre el incesante "cerco rojo" a la
libertad de expresión y al derecho a la información de los venezolanos:
denuncian la medida como expresión de la perversa concepción gubernamental de
la hegemonía comunicacional.
Sin embargo, quiero
poner de relieve otro impacto de igual o mayor gravedad de esta descocada
medida cautelar, que no ha sido suficientemente destacado y que atenta contra
un pilar esencial de la democracia participativa como lo es la contraloría
ciudadana, la fundamental valoración de un papel activo de la población en las
cuestiones públicas, de particular relevancia en cuestiones ambientales.
Una referencia
histórica es insoslayable en esta materia: el reconocimiento a la importancia
de la participación ciudadana fue valorado y legitimado en la Declaración de
Río sobre Ambiente y Desarrollo (1992), suscrita por más de cien jefes de
Estado y de Gobierno, la cual en su principio 10 establece que "... el
mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de los
ciudadanos interesados en el nivel que corresponda... En el plano nacional,
toda persona deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio
ambiente de que dispongan las autoridades públicas, incluida la información
sobre los materiales y las actividades que encierran peligro en sus
comunidades, así como la oportunidad de participar en los procesos de adopción
de decisiones. Los Estados deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la
participación de la población poniendo la información a disposición de
todos".
Los Estados, señora
fiscal, y en el caso venezolano usted debería ser un pilar esencial,
"deberán facilitar y fomentar la sensibilización y la participación de la
población poniendo la información a disposición de todos". No es
imponiendo cortapisas al libre flujo de la información, no es con medidas
judiciales que inhiben y criminalizan la contraloría ciudadana. El teniente
coronel Chávez vive enarbolando la Constitución a cada rato como un mago saca
el conejo de la chistera pero por lo visto como mero ejemplar de utilería que
los representantes de los poderes públicos ignoran y violentan sin recato. Me
permito recordar, nuevamente, señora fiscal Ortega, el artículo 62 de la carta
magna: "Todos los ciudadanos y ciudadanas tienen el derecho de participar
libremente en los asuntos públicos, directamente o por medio de sus representantes
elegidos o elegidas. La participación del pueblo en la formación, ejecución y
control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo
que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo.
Es obligación del
Estado y deber de la sociedad facilitar las condiciones más favorables para su
práctica".
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