emili j. Blasco
abc_es /
corresponsal en washington Día 30/04/2012
El líder venezolano era informado cada semana de las
operaciones de tráfico de drogas realizadas bajo control del Ejército, según
pudo saber ABC
Hugo Chávez ha
estado recibiendo durante años informes semanales sobre las operaciones de
narcotráfico realizadas en Venezuela, llevadas a cabo bajo control de las
Fuerzas Armadas. Detalles de esos encuentros, en los que el director de la
Inteligencia Militar habría dado cuenta puntualmente al presidente venezolano
de cómo se estaba desarrollando el negocio de los estupefacientes, han sido
ofrecidos a la poderosa Agencia Antidroga estadounidense (DEA, por sus siglas
en inglés) por el huido magistrado venezolano Eladio Aponte. Así lo ha podido
saber ABC de fuentes conocedoras de los
pormenores de la voluntaria entrega de Aponte a las autoridades de Washington.
Un
narcotráfico de Estado, dirigido por «narcogenerales» y tutelado por el propio
Hugo Chávez, y una Justicia amañada tanto para proteger esas operaciones como
para «montar» juicios contra disidentes políticos, es la Venezuela del chavismo
cuya realidad ahora emerge ante la descomposición del régimen. Pieza clave de
esa utilización de los tribunales para los intereses del régimen fue el juez
Aponte, primero como fiscal militar, y luego como responsable de la Sala Penal
del Tribunal Supremo de Justicia del país. Con Chávez en plena salud, Aponte
habría tenido pocas oportunidades de escaparse. Pero ahora, con el presidente
frecuentemente en Cuba y los responsables de seguridad más preocupados por su
propio futuro, nadie reparó en que el gran testigo de la corrupción del
chavismo podía marcharse del país.
La huida
Destituido el 20 de marzo por las
acusaciones de Walid Makled, un excapo civil de la droga caído en desgracia
debido a luchas internas, Aponte acudió a su despacho el día de su escapada
para recoger sus cosas. Cuando salió del edificio le dijo al chófer que
prefería regresar a casa en taxi. Viajó en taxi hasta la península de
Paraguaná, a unos 500 kilómetros de Caracas. Allí contrató a un pescador para
que lo llevara en lancha a la isla de Aruba, a 45 minutos de distancia. Y en la
isla tomó un avión, primero a Panamá y luego a Costa Rica, donde le recogió la
DEA.
Sospechando
que podía pagar los platos rotos por el caso Makled —él mismo había usado a
chivos expiatorios muchas veces para salvar la cara de altos mandos militares
en procesos penales—, Aponte estuvo enviando fuera del país documentos
confidenciales durante tres meses. Todos están ya en poder de las autoridades
estadounidenses.
Carta comprometedora
Entre ellos, por ejemplo, hay una
comprometedora carta de 2007 en la que el entonces ministro de Defensa, el general
Raúl Baduel, informaba a Chávez de que existían «suficientes elementos que
vinculan» al general Henry Rangel, hoy titular de Defensa, con un caso de
narcotráfico: un cargamento de 2,2 toneladas de cocaína, procedente de las
FARC, se había guardado en un cuartel del Ejército de una zona fronteriza con
Colombia y estaba siendo transportado por un convoy militar cuando fue
interceptado. La carta, a la que ha tenido acceso este periódico, señalaba que
Rangel era primo de uno de los imputados, y añadía: «Muy respetuosamente
sugiero se abra una profunda investigación y auditoría de sus bienes (...), y
el cese de sus actividades laborales, hasta que se pueda descartar su
participación en los hechos antes mencionados».
Chávez
no solo no promovió una investigación, sino que, de acuerdo con Aponte, le
habría insistido para tapar cuanto se pudiera el asunto. Una injerencia en
asuntos judiciales desde la Presidencia de la República que el juez asegura es
frecuente en el régimen. Baduel pagó su osadía con la obligación de retirarse
del Ejército al cabo de unos pocos meses, y en 2010 fue sentenciado a ocho años
de prisión por corrupción. Rangel fue promocionado, como también lo acabaría
siendo el teniente coronel Pedro Maggino, principal encausado en el mencionado
proceso judicial, que Aponte manipuló. El expediente de ese juicio permite
concluir que el caso «no era un incidente aislado y que la planificación
apuntaba a una red de narcotráfico bien establecida de oficiales militares»,
según el dictamen de juristas que lo han examinado.
El capo de los capos
Aponte es la primera persona que
involucra directamente a Chávez en ese negocio, según el testimonio que avanzó
una vez ya fuera de Venezuela a las fuentes consultadas por ABC. El magistrado
aseguró que varias veces había estado presente cuando el director de
Inteligencia Militar presentaba su informe semanal al presidente sobre las
operaciones de tráfico de droga. No está claro que esa acusación la pueda
sustentar con pruebas escritas. En cualquier caso, asegura tenerlas (por
ejemplo, pagos a cuentas bancarias) contra Diosdado Cabello, el presidente de
la Asamblea Nacional, que es el jefe del partido y uno de los posibles
sucesores de Chávez al frente del movimiento. «Cabello es el capo de los capos,
porque es el que controla toda la infraestructura del lavado del dinero»,
declaró Aponte, de acuerdo con las fuentes citadas.
En
declaraciones que entonces también hizo a la cadena SoiTV de Miami, calificó al
general Clíver Alcalá,
que comanda la División Acorazada, como «el zar de la droga», quien se ocupa de
la operatividad de los envíos, en colaboración nada menos que con la Oficina
Nacional Antidroga, el coronel Néstor Reverol.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Para comentar usted debe colocar una dirección de correo electrónico