Escrito por León Arismendi Jueves, 12 de Abril de 2012
Si
no fuese porque cada trastada revolucionaria le pone dificultades adicionales
al futuro del país, a los señores del gobierno habría que dejarlos seguir por
el despeñadero en el que decidieron meterse. Con contadísimas excepciones, oír
a los voceros oficiales hablar de sus intenciones con la proyectada nueva LOT,
da dolor de bolas. Al llevado y traído tema de las prestaciones sociales, como
era de esperarse, se asocian los mayores disparates. A uno le queda la
tranquilidad de conciencia de haber advertido, desde los ya lejanos días de la
Asamblea Constituyente, que la ceguera del fanatismo no era buena consejera en
asunto tan delicado. Más de una vez dijimos que en lugar de acudir a la lucha
de clases y al marxismo leninismo, era preferible apelar a una calculadora.
Pero, ni modo; en el camino me he ido convenciendo de que algunos personajes de
esos que se desgañitan condenando la explotación de la clase obrera jamás en su
vida han cobrado prestaciones sociales y mucho menos las han cuantificado.
Por estos días, en un programa de televisión, uno de estos diputados, rojo y de parche en el ojo, volvió con la cantaleta del presunto robo implícito en la reforma de 1997 y, sin tomar aire, concluyó afirmando que la nueva ley preservaría los beneficios previstos en aquella normativa. Una verdadera joya del razonamiento lógico: la estafa consagró nuevos derechos que, además, no se pueden desmejorar. O mejor dicho: volver al sistema que existía antes de la reforma supone joder a los trabajadores, muchos de los cuales, en junio del presente año, tendrán derecho a percibir 90 días de prestaciones anuales. Pero la guinda del frasco la puso el mismísimo Presidente de la República en compañía, entre otros, del ministro Giordani, a quien Teodoro suele denominar el rey de la pamplina frita. Como quien ofrece la ruta expedita al dorado, Chávez anunció la creación de un fondo de prestaciones sociales al cual irían a parar las que le corresponden, tanto a los trabajadores del sector público como a los del privado. La cara de gozo del ministro era de antología, a lo mejor es suya la arquitectura de la iniciativa.
Ni por asomo les pasa por la sesera que en la reforma del 97 lo que antes era una atribución del patrono se convirtió en un derecho de los trabajadores; esto es, la potestad de decidir el destino de sus prestaciones, para lo cual se establecieron tres opciones: un fideicomiso individual, abonos en la contabilidad de la empresa o un fondo de prestaciones; esto último, cuando se dictara una ley que regulara su funcionamiento.
Se pretende revertir ese derecho para que un gobierno maula, que incumple todos los días con sus obligaciones laborales, que no da ni préstamos ni anticipos, ni paga los intereses de las prestaciones a quienes le prestan servicios, se erija en custodio de las de todos los trabajadores del país. Supongo que Giordani sacó la cuenta de cuánto es el ahorro acumulado en fideicomisos laborales y decidió meterle mano, en interés del "proceso".
Como dicen por ahí: el muchacho que es llorón y la mamá que lo pellizca. Lo que Chávez anunció el sábado es otro decreto de expropiación. Dudo que los trabajadores se lo calen.
Por estos días, en un programa de televisión, uno de estos diputados, rojo y de parche en el ojo, volvió con la cantaleta del presunto robo implícito en la reforma de 1997 y, sin tomar aire, concluyó afirmando que la nueva ley preservaría los beneficios previstos en aquella normativa. Una verdadera joya del razonamiento lógico: la estafa consagró nuevos derechos que, además, no se pueden desmejorar. O mejor dicho: volver al sistema que existía antes de la reforma supone joder a los trabajadores, muchos de los cuales, en junio del presente año, tendrán derecho a percibir 90 días de prestaciones anuales. Pero la guinda del frasco la puso el mismísimo Presidente de la República en compañía, entre otros, del ministro Giordani, a quien Teodoro suele denominar el rey de la pamplina frita. Como quien ofrece la ruta expedita al dorado, Chávez anunció la creación de un fondo de prestaciones sociales al cual irían a parar las que le corresponden, tanto a los trabajadores del sector público como a los del privado. La cara de gozo del ministro era de antología, a lo mejor es suya la arquitectura de la iniciativa.
Ni por asomo les pasa por la sesera que en la reforma del 97 lo que antes era una atribución del patrono se convirtió en un derecho de los trabajadores; esto es, la potestad de decidir el destino de sus prestaciones, para lo cual se establecieron tres opciones: un fideicomiso individual, abonos en la contabilidad de la empresa o un fondo de prestaciones; esto último, cuando se dictara una ley que regulara su funcionamiento.
Se pretende revertir ese derecho para que un gobierno maula, que incumple todos los días con sus obligaciones laborales, que no da ni préstamos ni anticipos, ni paga los intereses de las prestaciones a quienes le prestan servicios, se erija en custodio de las de todos los trabajadores del país. Supongo que Giordani sacó la cuenta de cuánto es el ahorro acumulado en fideicomisos laborales y decidió meterle mano, en interés del "proceso".
Como dicen por ahí: el muchacho que es llorón y la mamá que lo pellizca. Lo que Chávez anunció el sábado es otro decreto de expropiación. Dudo que los trabajadores se lo calen.
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