Por Carlos Romero M., 28/10/2016
El 6 de diciembre de 2015, por primera vez desde
1999, los venezolanos lograron, con la participación electoral, legitimar una
Asamblea Nacional plural y con mayoría calificada a favor de la Unidad. A
través del voto, se logró recuperar la Asamblea Nacional como espacio para el
debate de los asuntos públicos y de los problemas políticos del país.
Desde su instalación formal, en enero de 2016, el
Poder Ejecutivo y el Poder Judicial se han encargado de entorpecer la función
parlamentaria y los diputados, conscientes de su responsabilidad, han resistido
con firmeza. La insistencia del Gobierno y del Tribunal Supremo de
Justicia en desconocer la existencia de la Asamblea Nacional, la han llevado a
debatir y aprobar tres acuerdos políticos de gran importancia y valor
histórico.
El 13 de octubre de 2016, se aprobó un primer
Acuerdo sobre la Defensa de la Democracia y la Constitución, a través del
cual la Asamblea Nacional formalmente desconoce la autoridad y vigencia de los
actos del Poder Ejecutivo y las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que
contraríen los valores, principios y garantías democráticos y lesionen las
derechos fundamentales.
Unos días después, el 23 de octubre, luego de un
importante debate político y con presencia de los diputados del oficialismo, se
aprobó un segundo Acuerdo a través del cual la Asamblea Nacional denunció la
ruptura del orden constitucional y un golpe de estado continuado de Nicolás
Maduro contra la Constitución y el Pueblo.
Finalmente, el 25 de octubre, un nuevo Acuerdo
anuncia el inicio del procedimiento de declaratoria de Responsabilidad Política
del Presidente de la República y decide citarlo para que acuda a la Asamblea
Nacional y exponga sobre su responsabilidad ante las graves violaciones a la
Constitución, los Derechos Humanos y la Democracia.
En el contenido de esos tres acuerdos, la
Asamblea Nacional reconoció la existencia de la sociedad civil como actor en
ese proceso político que se ha activado en defensa de la Constitución y de la
Democracia en Venezuela. En tal sentido, en el acuerdo aprobado el 13 de
octubre, está la encomienda a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional a
liderar un proceso de consulta y organización de la sociedad venezolana para la
defensa de la Constitución, la Democracia y el Voto.
En el acuerdo del 23 de octubre, la Asamblea
Nacional decide convocar al pueblo a defender de manera activa, constante y
valiente la Constitución, la democracia y el estado de derecho hasta lograr la
restitución del orden constitucional.
Por último, en el acuerdo del 25 de octubre, la
Asamblea se declaró en Sesión Permanente de consulta popular, por medio de la
plenaria y sus Comisiones Permanentes, en la sede del Parlamento y en las
comunidades, para determinar junto al Pueblo, en asambleas de ciudadanos,
movilizaciones y diversas otras formas de deliberación y manifestación pública,
las decisiones posteriores que deban adoptarse ante la ruptura constitucional.
¿Cómo se instrumenta esa participación ciudadana
en estos momentos? La respuesta a esa inquietud representa un desafío, un
reto y una necesidad. En Baruta hay una experiencia ciudadana interesante
que algunas luces podría dar en ese sentido, sin duda no es la única, hay
muchas otras experiencias, pero en este caso, quien escribe es testigo directo.
El pasado 25 de octubre la Red de Organizaciones
Vecinales de Baruta (RedOrgBaruta), impulsó con éxito una Asamblea para
analizar, debatir y divulgar el contenido del acuerdo político del 25 de
octubre y en ese ejercicio cívico, vecinos de Baruta y El Hatillo presentes en
esa convocatoria se comprometieron a acompañar a la Asamblea Nacional en el
complejo proceso de restituir el orden constitucional.
RedOrgBaruta es un movimiento vecinal que viene
operando en el municipio Baruta y cuya misión persigue reivindicar la
participación ciudadana en los asuntos públicos para lograr mayor inclusión
social posible en el debate público y en la búsqueda de soluciones a los
problemas nacionales, estadales y municipales.
La recolección de desechos sólidos, el problema
urbano que generan las invasiones, la crisis en la prestación del servicio de
agua, entre otros temas, han ocupado la agenda vecinal de la RedOrgBaruta en
los últimos 2 años con resultados tangibles y concretos.
RedOrgBaruta, a lo largo del año 2016, también ha
dedicado tiempo en su agenda para desarrollar acciones concretas de
acompañamiento a la Asamblea Nacional y en cada oportunidad, el debate plural
ha logrado identificar consensos necesarios para que los vecinos organizados
puedan fijar posición ciudadana sobre las amenazas que atentan contra la
función parlamentaria de la Asamblea Nacional.
En este sentido, el 2 de marzo de 2016, RedOrgBaruta
aprobó una Declaración pública en rechazo a la Sentencia de la Sala
Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del 1 de marzo de 2016
que limitó las funciones contraloras de la Asamblea Nacional. Luego, el
27 de abril de 2016, como respuesta a las tensiones generadas entre el Poder
Judicial y el Poder Legislativo, RedOrgBaruta aprobó un documento titulado: Declaración
Ciudadana en defensa de la Voluntad del Pueblo, en cuyo contenido se
reiteró el respaldo a la Asamblea Nacional y de manera expresa, se acordó
desconocer a la Sala Constitucional como único interprete de la Constitución.
Un nuevo ejercicio ciudadano se logró realizar el
19 de octubre, cuando con la presencia de más de 100 vecinos en Asamblea de
Ciudadanos, se aprobó de manera unánime otro documento, titulado Declaración:
Baruta dice NO al TSJ y respalda a la Asamblea Nacional, cuyo contenido
fue respaldar y divulgar el Acuerdo en defensa de la Democracia y la
Constitución aprobado por la Asamblea Nacional el 13 de octubre de 2016.
La Declaración de la RedOrgBaruta de abril 2016
fue entregada formalmente a la Asamblea Nacional e incluso al Tribunal Supremo
de Justicia (TSJ) y en el caso de la Declaración del 19 de octubre, la misma
fue entregada al Diputado Juan Andrés Mejías, electo en el 2015 por ese
circuito.
Desde la experiencia de RedOrgBaruta, se puede
afirmar que en estos momentos difíciles, la sociedad civil organizada es la
mejor aliada del Parlamento para la tarea de divulgación y análisis con vecinos
y otros actores locales, de los acuerdos y decisiones que adopte la Asamblea
Nacional en los próximos días a los fines de respaldarlas, comprenderlas y en
consecuencia legitimarlas.
La existencia de al menos un diputado de la
unidad en cada entidad federal, así como también, las facilidades que otorga el
uso adecuado de la tecnología, permite crear vínculos naturales entre electores
y elegidos, a los fines de generar canales de comunicación efectivos que
faciliten a la Asamblea Nacional impulsar esas consultas populares a que hace
mención en los acuerdos aprobados.
Los vecinos de Baruta, organizados en Red, han
venido, a su manera, acompañando a la Asamblea Nacional durante este año 2016 y
en esa Asamblea de divulgación y análisis del acuerdo del 25 de octubre, quedó
en evidencia la necesidad de comprender su alcance y aclarar las expectativas
creadas.
La sociedad civil debe hacer el mejor esfuerzo
para organizarse, planificar y diseñar acciones para defender la Asamblea
Nacional, no puede limitarse a lineamientos nacionales, debe atenderlos, pero
debe asumir su independencia y libertad de asociación para que desde sus
comunidades promuevan la defensa de la Asamblea Nacional; hacerlo, es
reivindicar nuestro voto, nuestra cualidad de ciudadanos y es garantizar que la
hoja de ruta institucional y constitucional pueda lograr los resultados
esperados: restituir el orden democrático y reencontrarnos con la Democracia.
Escrito para @PolitikaUCAB
Carlos Romero M.
@carome31
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