Por Luis Ugalde S. J.
La justa rebelión contra los
gobiernos tiránicos es una doctrina católica milenaria y un derecho humano
fundamental. La justificación ética base de todo gobierno es su condición de
medio necesario para lograr el bien común. Por eso, cuando el régimen se
convierte en instrumento del mal común del conjunto de los ciudadanos y los
agrede con un gobierno de creciente pobreza, corrupción, inseguridad y manejo
de lo público como botín privado, ya es dictadura. Hace mucho tiempo que
era clara la condición dictatorial del régimen imperante en Venezuela,
pero las desvergonzadas decisiones de la semana pasada para impedir el
revocatorio presidencial, ponen en evidencia un radical atentado contra la
democracia social venezolana.
Los artículos 2 y 3 de la
Constitución definen la naturaleza y fines de nuestra democracia y los deberes
de su Estado y gobernantes. Los viola el Ejecutivo apoyado en el uso servil del
poder judicial, electoral y de la fuerza armada: Ya no estamos en “un Estado
democrático y social de Derecho y Justicia”, ni hay “preeminencia de los
derechos humanos, la ética y el pluralismo político” y el gobierno no está
ordenado a defender “la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la
solidaridad y la democracia", sino a imponerse y mantenerse en el poder (
Const. art. 2).
En consecuencia este régimen
atenta contra los fines esenciales del Estado democrático venezolano como son
“la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad y el
ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad
justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y bienestar del
pueblo”( Const. art.3).
Esto desata y activa en
todos los demócratas un deber, una obligación: salir del régimen dictatorial.
Es un derecho y un deber humano fundamental, aunque no esté escrito en ninguna
parte. Pero en Venezuela además está recogido en el artículo 350 de la
Constitución: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su
lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier
régimen, legislación o autoridad que contraríe los valores, principios y
garantías democráticas o menoscabe los derechos humanos” (art. 350). En esa
situación todo ciudadano o ciudadana “tendrá el deber de colaborar en el
restablecimiento de su efectiva vigencia” (art. 333). Por si alguien tenía
dudas, el Gobierno se ha encargado de demostrarnos su condición dictatorial y
recordarnos nuestra obligación de desconocer sus decisiones antidemocráticas y
cambiar el régimen.
Estamos en tiempos que
exigen inteligencia política, flexibilidad y valor para salir de la dictadura.
Todos los demócratas y muy especialmente sus representantes de la Asamblea
Nacional y los líderes políticos deben caminar decididos y unidos al rescate de
la democracia. Tiene especial responsabilidad la Fuerza Armada en el
restablecimiento de la democracia. El régimen venezolano es un escándalo
mundial y un reto a la responsabilidad de todas las instancias democráticas.
Que nadie espere que la Iglesia actúe con neutralidad equidistante entre
dictadura y democracia.
Al mismo tiempo hay que
poner las bases para la difícil reconstrucción económica, social, política y
moral del país, con un gobierno de salvación nacional que solo es posible con
un diálogo eficaz abierto que incluya todas las posiciones políticas. Sin
diálogo para cambiar y reconstruir no habrá democracia social. Bloquearlo sería
un suicidio para los demócratas, como lo sería ser ingenuos ante el cinismo
dictatorial. Que Dios bendiga a Venezuela y a los venezolanos en esta hora de
definiciones y de renacer de una democracia social que supere la pobreza y la
exclusión.
27-10-16
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