Por Simón García
La estabilidad de la
sociedad exige que el Estado funcione como un poder legítimo por su origen y
por su aceptación. Maduro ha perdido esta segunda fuente de legitimidad por dos
razones: su gobierno ha dejado de contar con el apoyo de prácticamente toda la
población. La segunda es que, después de haber destruido la producción y
restringido la democracia, ha optado por demoler al Estado mismo. Se ha
colocado en modo delictivo contra la Constitución.
Tiene aún cartas bajo la
manga. Pero son las que pertenecen a las despedidas. Unas, como la represión,
que siempre conducen a un último cartucho. Otras como la renuncia, inspirada en
reducir los costos colaterales por el daño inmenso que la cúpula le ha inferido
al país que va a dejar.
Las fuerzas de cambio están
obligadas a derrotar a los sectores minoritarios que son responsables de la
crisis y que ahora se han alzado contra el Estado de Derecho. En esta lucha
cuentan con el punto a favor de que una mayoría de militantes y votantes
oficialistas están en desacuerdo con las políticas de Maduro.
La soterrada guerra interna
por quien va a suceder a Maduro es suficientemente reveladora de que le están
sonando dobles de campana. El Presidente está al borde de un vacío y se niega a
reconocer que carece no sólo de la legitimidad carismática que tuvo Chávez,
sino que pulverizó la votación que heredó de éste y traicionó uno de los
preceptos de la alquimia del llamado socialismo del siglo XXI: fuera de la Constitución
nada.
Maduro se vio obligado a
violar a la Constitución Nacional porque aplicarla significaría su derrota.
Tuvo que desacatarla y avanzar en la destrucción de tres pilares del Estado de
Derecho: la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce a través del voto;
la existencia de la autonomía y separación de poderes.
Todas las decisiones contra
la Asamblea, más que expresar un tradicional conflicto de poderes, son la
consumación de un delito de prevaricato entre el Presidente y las Salas
Electoral y Constitucional del TSJ con el objetivo de alargar a Maduro en el
mando del plan de destrucción del país.
Ya algunos tienen
atragantado el grito “para Miraflores”. Pero ese no es ni el camino más corto
ni el más eficaz para tomar las banderas que Maduro ha abandonado en el plano
constitucional, en el terreno de la democracia y en la aplicación de soluciones
a la crisis.
La estrategia electoral,
pacífica, democrática y constitucional tiene que lograr nuevos niveles de
eficacia y nuevas modalidades destinadas a neutralizar y mover hacia una salida
de Maduro y hacia un cambio de modelo a las fuerzas que constituyen el sostén
real de un gobierno, que sin ese apoyo, estaría en el suelo.
La clave está en reforzar la
relación con la gente y partir de los temas de la crisis para unir al país en
torno a las soluciones que el gobierno no tiene. Y sobre todo, al persistir en
el carácter pacífico y constitucional, concentrarse en mejorar la organización,
la eficacia y la capacidad de las fuerzas políticas y sociales para presionar,
negociar, acordar y lograr un cambio de gobierno y de país.
22-10-16
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