Luis Manuel Esculpí 25 de octubre de 2016
@lmesculpi
No
fueron hechos casuales, no hubo coincidencias. Todo fue fríamente calculado. El
mismo día -casi a la misma hora- tribunales penales de los estados Aragua,
Carabobo, Bolivar, Monagas y Apure anularon la recolección de firmas del uno
por ciento.
Los
encargados de ejecutar el operativo fueron los “duros” Tarek El Aissami y
Diosdado Cabello. Mientras el mismo día, en un acción posiblemente concertada,
Maduro partía en una “gira relámpago”.
Junto
a la aprobación del presupuesto vía Tribunal Supremo de Justicia – si bien es
cierto no son las primeras- estas constituyen las violaciones a la Constitución
más flagrantes del régimen.
El
gobierno prácticamente ha cerrado las vía constitucional, democrática pacífica;
ruta estratégica definida por la Mesa de la Unidad Democrática, como
alternativa a la grave crisis que confrontamos. Han tensado la cuerda, hasta
romperla, colocándose al margen de lo establecido en la Carta Magna, por lo que
ha recibido una acertada respuesta de la Asamblea Nacional con la aprobación
del acuerdo para la restitución del orden constitucional.
En la
sesión convocada para tal efecto, pudimos observar un atentado a la sede del
poder legislativo, que tiene un solo antecedente en nuestra historia enero del
año 48 del siglo XIX. En esta oportunidad, si bien no tuvo las mismas
consecuencias inmediatas, el asalto no se limitó al hemiciclo, periodistas y
empleados de la AN fueron despojados de sus pertenecías y equipos de trabajo,
situación ya rutinaria en la actuación de los grupos violentos que respaldan al
régimen.
El
gobierno mientras arrecia su política represiva, emitiendo prohibiciones de
salida del país contra representantes de la MUD, persiguiendo y apresando
dirigentes incluso amenazando con ilegalizar organizaciones democráticas y
hasta disolver la Asamblea Nacional; llama al diálogo y sin el menor recato se
presentan ( tal como hizo Elias Jaua) como abanderados de la conciliación y la
paz.
Los
hechos recientes colocan la confrontación de poderes en un plano verdaderamente
álgido, la lucha social y política no debe quedarse en esa esfera, como ha sido
planteado exige una participación y movilización popular para acompañar las
demandas de regreso a la institucionalidad. Para avanzar en el camino del
cambio político necesario y posible
La
sociedad y sus organizaciones tienen que expresarse, manifestarse
mayoritariamente rechazando de manera categórica la interrupción del
ordenamiento constitucional. La dimensión de la lucha hoy trasciende a la
alianza opositora, aun cuando ella sea la orientadora y conductora del proceso
que adquiere otra proyección debido a la magnitud de las violaciones del
régimen.
La
lucha por el rescate de la institucionalidad democrática está íntimamente
vinculada a la conquista del cambio político, no son áreas distintas hoy por
hoy son factores interdependientes, alcanzar el cambio supone reinstalar el
funcionamiento de la vida democrática, y la vigencia plena de la Constitución
requiere del cambio político.
El
proceso de transformación no debe descartar la participación de sectores que no
están situados hoy en territorio opositor, es mas debiéramos promover su
concurso. Hay que evidenciar el aislamiento de la cúpula gobernante, incluso
dentro de sus antiguos partidarios. Hay señales de descomposición en el eje
dominante que no deben ser ignoradas, figuras importantes hasta hace poco del
oficialismo han asumido actitudes francamente críticas.
En
relación a las Fuerzas Armadas Nacionales nuestro llamado, la exigencia de la
sociedad es claramente institucional; el cumplimiento de las funciones
nítidamente establecidas en nuestra Carta Magna, no estando al servicio de
parcialidad política alguna.
El
reto planteado no se resuelve tan solo con diagnosticar acertadamente la
situación, o caracterizar al régimen, resulta decisivo definir criterios y
orientaciones para los tiempos escabrosos que viviremos en el porvenir
inmediato.
Luis
Manuel Esculpi
@lmesculpi
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