Trino Márquez 28 de febrero de 2021
@trinomarquezc
La
expulsión de Isabel Brilhante Pedrosa, máxima representante de la Unión Europea
en Venezuela, representa un nuevo capítulo de la confrontación de la comunidad
internacional, especialmente de la UE, con el régimen de Nicolás Maduro. El
factor desencadenante fueron las sanciones acordadas por Europa contra
diecinueve funcionarios del Estado venezolano, acusados de violar los derechos
humanos y socavar la democracia, al haber participado en la convocatoria de las
elecciones legislativas del 6 de diciembre.
La reacción de la UE contra Maduro, luego de esas
votaciones, se ha ido dando por etapas. En la primera fase, desconoció los
resultados. No admitió la validez del holgado triunfo del oficialismo y, aunque
no siguió reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino, continuó
aceptando como legítima la Asamblea Nacional del 2015. Ahora, sancionó a los
funcionarios del Estado. La UE no aceptó con los brazos cruzados su fracaso
cuando intentó que el gobierno cambiara la fecha de los comicios de diciembre y
mejorara las condiciones en la cuales la cita se efectuaría. Josep Borrell,
canciller de la UE, y el Grupo de Contacto Internacional, pedían que se
levantara la inhabilitación de los partidos políticos censurados y se
modificara el día de la convocatoria para un momento en el cual se dieran las
condiciones mínimas que garantizaran una campaña electoral ‘normal’, que les
permitiera a los candidatos dar a conocer sus programas legislativos, y a los
electores, conocerlos. La pandemia provocada por la Covid-19 impedía el
desenvolvimiento normal de la campaña.
Las nuevas sanciones se alinean con la que ha sido
hasta ahora la política del gobierno de Joe Biden con relación a Venezuela. Sin
la estridencia que tuvo Donald Trump, la nueva administración ha mantenido la
misma firmeza. No se ha producido ningún giro que permita suponer que habrá un
cambio significativo en el tipo de nexos entre Washington y Caracas. Juan
Sebastián González, el funcionario encargado de llevar las relaciones con
América Latina, ha insistidito en que el patrón no cambiará mientras el régimen
venezolano no dé señales inequívocas de respetar las reglas del juego
democrático. El gobierno norteamericano no ha reconocido los resultados de las
elecciones de mayo de 2018, ni a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela.
Su reciente intervención en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha sido
cuestionada por distintos funcionarios del Departamento de Estado.
Todo este cuadro no hace sino complicar aún más las
posibilidades que en Venezuela se cree el ambiente adecuado para una
negociación eficaz entre el gobierno, la oposición y los factores
internacionales interesados en resolver la fenomenal crisis existente. Estas
son noticias muy desalentadoras para los venezolanos y también para los gobiernos
vecinos, que esperan detener el éxodo venezolano. Su impacto económico y social
en la regional, ya golpeada por la pandemia, está siendo muy fuerte.
No existen ningunas posibilidades de que los problemas
domésticos se resuelvan, mientras no se superen las aristas más filosas de la
crisis política nacional. La permanencia de Maduro en Miraflores es vista por
los venezolanos como la principal barrera para enderezar las cargas. Y así es.
Su desprestigio interno, la desconfianza que genera y el aislamiento internacional,
le impiden colocarse a la vanguardia de los cambios económicos y políticos que
deben acometerse.
Las
tensiones con la UE enrarecen aún más el ambiente. Conspiran contra la
posibilidad de que los sectores democráticos utilicen el apoyo internacional
para intentar alcanzar acuerdos que mejoren la situación. Lo más probable es
que estimulen un giro más autoritario del régimen y una entrega todavía más
incondicional a las Fuerzas Armadas y al amplio e inescrupuloso aparato
represivo legal e ilegal sobre el que se sostiene la autocracia.
La salida de Isabel Brilhante Pedrosa en vez de
fortalecer las posiciones de las fuerzas democráticas, las debilita más de lo
que ya están. En medio de la precariedad en las que estas se encuentran, su
gran fortaleza reside en la corriente de simpatía y en el respaldo internacional
que despierta la posibilidad de restablecer la democracia. Pero, para que la
alianza funcione, resulta crucial que converjan las iniciativas internacionales
con las posibilidades reales de la oposición de afincarse en ese apoyo con la
finalidad de lograr cambios concretos en el panorama nacional. Las sanciones,
aunque parezca paradójico, disminuyen esas probabilidades, pues inducen
reacciones como la expulsión de la embajadora y cohesionan al régimen,
proporcionándole más argumentos para aferrarse a posiciones intransigentes y
autoritarias.
Deploro la expulsión de la embajadora Brilhante. Creo
que la UE no ha diseñado la estrategia correcta para ayudar a salir de Maduro.
Trino Márquez
@trinomarquezc
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