El lamento del párroco por @javiermayorca

Por Javier Ignacio Mayorca

El 3 de junio, el párroco de La Vega Alfredo Infante lanzó un pedido desesperado que nadie escuchó.

Su solicitud de «cese al fuego», enviada a través de un mensaje de voz, tenía como primer destinatario a los integrantes de las bandas criminales que desde enero protagonizan un conflicto armado para asumir el control de la parroquia.

El religioso describió a esta zona como un «escenario de guerra». No es Apure, es parte del Distrito Capital. Contrario a lo que ha sucedido en otras oportunidades, aquí el tiempo pareciera prolongar y acentuar la espiral de conflicto, no mitigarlo. Las ráfagas de armas automáticas se escuchan a toda hora y por doquier, en especial desde las partes más elevadas de la zona montañosa, más allá del sector Las Casitas, donde según fuentes policiales algunos miembros de bandas criminales parecieran estar atrincherados.

En La Vega tienen jurisdicción por lo menos tres cuerpos de seguridad. El municipal, la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional. Los únicos que han intentado ir más allá de la redoma La India son los de la fuerza élite de la PNB. En enero, un primer enfrentamiento cobró 16 vidas. Pero no llevó la tan ansiada calma a los 120.000 pobladores de la parroquia.

La mortandad ha continuado.

El mensaje del religioso fue transmitido poco después del funeral de Diego Alejandro Rivas, un joven de 16 años de edad que falleció luego de ser alcanzado por un proyectil perdido. Poco antes, Blanca Orellana Pérez, de 64 años, también había muerto al ser impactada por otro disparo, propio de un conflicto en el que ella no participaba.

Y así ha sucedido en 2021 con cinco personas que tuvieron la mala fortuna de transitar o vivir en las proximidades del área de conflicto. Por ellos nadie responderá. Allí están los antecedentes.

Los decesos de dos hombres como consecuencia de «balas perdidas» durante las intervenciones militares a los penales de El Rodeo (2011) y La Planta (2012) siguen como averiguaciones abiertas. Ambos se creían resguardados en sus viviendas, a distancias prudenciales de los lugares donde detonaban los fusiles.

En líneas generales, el Ejecutivo ha asumido la postura de un espectador más en el conflicto de La Vega. Como si no fuera con él. Esa táctica la hemos visto antes. En 2013, instauraron desde el ministerio de Relaciones Interiores el programa de las zonas de paz. Despejaron áreas completas del país de policías y militares, y entregaron dinero a las «comunidades organizadas» con la esperanza de que la violencia disminuyera en esas áreas y, en el camino, el oficialismo ganara algunos adeptos.

Sucedió todo lo contrario. Para 2015 las zonas de paz eran hervideros de criminalidad violenta. El entonces director de la policía de Miranda, Elisio Guzmán (hoy fallecido), había establecido que estas porciones de territorio tenían las tasas de homicidios más altas. Las consecuencias de esta decisión todavía son padecidas por los habitantes de Barlovento o por quienes transitan por la Troncal 9. Cumbo, por ejemplo, era el epicentro de una «zona de paz».

La crisis generada por este programa suscitó un clamor popular para que el gobierno de Maduro hiciera algo en materia de seguridad ciudadana. Es decir, otra cosa. Abandonaron formalmente el programa y se fueron al extremo contrario. La «mano dura» tuvo el nombre de Liberación del Pueblo (OLP). Según la Alta Comisionada de la ONU para Derechos Humanos Michele Bachelet, fueron documentadas por lo menos 505 ejecuciones extrajudiciales en el curso de estas operaciones, que comenzaron formalmente muy cerca de La Vega, en julio de 2015.

Seis años después de iniciadas las OLP, La Vega ha pasado a ser la parroquia más violenta de Caracas. El Gobierno lo sabe.

En mayo, fueron verificados 11 homicidios y 18 reportes de lesiones personales. Con 29 víctimas, superó a Sucre, que tradicionalmente ha sido el sitio más violento de la capital. El móvil más frecuente en estos hechos de sangre ha sido el «ajuste de cuenta», pero también hay una porción importante de casos en los que los peritos del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas no han encontrado ninguna explicación. Esto solo anuncia más impunidad.

En las últimas horas, el oficialismo ha pasado de la indiferencia a los señalamientos de que los tiroteos en La Vega serían auspiciados por la oposición. Esto no es nuevo. Lo mismo dijeron a propósito de las «fiestas de plomo» instauradas en mayo de 2020 por la banda de Wilexys Acevedo en José Félix Ribas (Petare). Luego, la Policía Nacional y la Guardia Nacional intentaron sin éxito una razzia en todas las zonas del barrio. Hubo por lo menos 15 muertes. Pero Acevedo todavía continúa mandando en el lugar.

Según fuentes del MRI, desde mayo el Gobierno desarrolla una investigación en calle ciega para comprobar que toda la logística mostrada por las bandas de La Vega proviene de un «financiamiento externo». No son las extorsiones de las que se quejan prácticamente todos los comerciantes y conductores de transporte público en la parroquia; no es el tráfico de drogas ni el respaldo de la megabanda del Coqui. Los drones, radios de comunicación y armas largas serían el resultado macabro de un acuerdo con Guaidó.

Tal parece, entonces, que La Vega se aproxima a una nueva OLP. Desde luego, no tendrá ese nombre, ni será «humanista». Por el contrario, solo ofrecerá más violencia a una comunidad que se encuentra atrapada entre dos fuegos: los de las bandas y los de las policías, tal y como lo advirtió el padre Infante.

 

Breves

– ¿Cuáles serían las dimensiones verdaderas de la banda denominada Tren de Aragua? Según el criminólogo Luis Izquiel (miembro del grupo que elaboró la propuesta sobre seguridad ciudadana de Juan Guaidó) esta es la organización criminal más extendida en toda la geografía nacional. Los investigadores de InSightCrime han observado además que tiene presencia en otros cuatro países suramericanos (Colombia, Ecuador, Brasil y Perú). El Tren de Aragua —la megabanda formada a principios de este siglo en torno a los sindicatos para la construcción del inconcluso ferrocarril que recorrería el centro del país— tendría en la actualidad unos 300 integrantes, de acuerdo con estimados policiales. Lo más interesante de esta organización en la actualidad es que habría adoptado la forma de una confederación. Con esa estructura, indican reportes revisados para esta nota, el líder máximo Héctor Guerrero Flores sería capaz de extender sus intereses hasta los estados más remotos del país, pero no ejercería un control absoluto sobre las actividades de cada célula. Lo importante, en todo caso, es que le reporten alguna ganancia hasta el centro de operaciones del grupo, ubicado en el internado judicial de Tocorón. Datos extraoficiales indican que esta banda estaría impulsando la ola de extorsiones en Guárico. Luego de diversas operaciones policiales, el estado llanero quedó como una plaza abierta y el Tren de Aragua intenta tomar posiciones, valiéndose de aliados que operan en poblaciones como Barbacoas y Memo.

-El Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) y la policía judicial avanzan en un plan para extender a las principales ciudades del país las unidades especializadas en entomología y botánica forenses. En otras partes del mundo, los conocedores de los insectos y las plantas asisten con frecuencia en las investigaciones penales desde hace mucho tiempo. Tienen fama bien ganada en el campo de la pesquisa criminalística. En la serie CSI (en cualquiera de sus versiones) numerosos casos han sido resueltos mediante análisis sistemáticos sobre el desarrollo de una larva de mosca o el origen de una hierba o una hoja. Los detalles marcan una diferencia. Pero en Venezuela no se ha llegado a este nivel de desarrollo. La entomología forense está restringida a una pequeña oficina en la morgue de Bello Monte y tiene apenas tres años de existencia. En 2019, sin embargo, fue clave en la identificación del perpetrador de un feminicidio en El Hatillo. La víctima, Scarly González Lucena de 13 años de edad, desapareció el 8 de julio. Su cadáver fue encontrado parcialmente enterrado en una zona boscosa de Turgua, 22 días después. El lapso preciso en el que la víctima estuvo desaparecida no era del conocimiento público. Igualmente, no había exactitud en la data de muerte. Debido a testimonios de personas de su círculo familiar, los investigadores pusieron la lupa sobre dos hombres que la molestaban y que habían suscitado algunas quejas. Uno de ellos dijo haberla visto por última vez en la primera semana de julio. El otro afirmó que tuvo contacto con la joven en vísperas del hallazgo del cadáver. Un análisis a ciertas larvas de mosca colectadas en los restos estableció una data de muerte de, por lo menos, 20 días. Con esa información se determinó a ciencia cierta que el segundo hombre mentía. Lo que lo transformó en el principal sospechoso de esta averiguación.

Javier Ignacio Mayorca es Periodista especializado en criminalística. Consultor. Miembro Observatorio Venezolano del Crimen Organizado.

10-06-21

https://talcualdigital.com/el-lamento-del-parroco-por-javier-ignacio-mayorca/