Por Oscar Lucien, 14/09/2012
1. En la antesala de las elecciones del
próximo 7-O, cuando los venezolanos debemos elegir un nuevo presidente de la
república, han circulado profusamente por las redes sociales iniciativas que
promueven la participación ciudadana. Numerosas etiquetas (hashtag) sobre las
razones para votar el 7-O combinan el humor, propuestas de registros
fotográficos y argumentaciones muy consistentes que ponen en evidencia una alta
movilización ciudadana para acto tan esencial de la democracia como es la
elección de un cargo popular, en este caso del presidente.
Aunque no voy a entrar
en el corazón de una polémica que se deriva de la advertencia de si esta activa
“presencia” en la red no pueda ser un espejismo de participación: “Los
ciudadanos optan por estar sentados frente a una computadora en lugar de estar
pateando la calle”, quiero valorar que disponemos de un espacio para más
protagonismo ciudadano, que gozamos de una posibilidad de generar debates y
participar de la construcción de liderazgos de opinión que en el pasado
reciente eran privilegio de aparatos de control más centralizado y vertical de
organizaciones y medios clásicos. También es cierto que con frecuencia se
produce una sinergia importante entre los medios convencionales y las
plataformas digitales de la web 2.0 que permite a los ciudadanos ser parte
activa, o al menos sentirse como tal, en la construcción de la agenda pública.
Frente a este
dinamismo contrasta la sensible inhibición del Consejo Nacional Electoral. Una
elección es, en lo esencial, un espacio de debate, de evaluación de propuestas,
de confrontación de proyectos y programas, de valoración de una acción de
gobierno, de particular relevancia cuando hay un candidato que se presenta a la
reelección.
Lamentablemente, la
campaña ya casi llega a su final sin la posibilidad de un debate entre los
candidatos a la Presidencia, en un ambiente donde prevalece el ventajismo más
obsceno, de abuso de medios públicos para proselitismo y con alta resonancia
del lenguaje insultante y procaz del candidato a la reelección, amplificado por
su ilegítimo uso de la cadena presidencial. En contraste con los múltiples
debates en elecciones recientes en nuestro continente y del próximo que, por
ejemplo, se anuncia entre el presidente Obama y el candidato republicano Mitt
Romney, en Estados Unidos, los venezolanos no tendremos la oportunidad de valorar
las ofertas electorales a partir de un cara a cara entre los candidatos.
El árbitro electoral,
sumergido en su parafernalia tecnológica como si eso fuera lo único importante,
no promueve las condiciones para garantizar igualdad entre los participantes y
la difusión de sus mensajes, y de manera bastante sospechosa poco ha hecho para
disminuir la percepción en un significativo porcentaje de electores de que su
voto “no es secreto”, lo que potencia una estrategia desmovilizadora e
intimidatoria del comando de campaña oficialista que niega o desnaturaliza un
derecho fundamental como lo es el sufragio.
2. El artículo 63 de la Constitución
consagra el derecho al sufragio, el cual se ejercerá mediante votaciones
“libres”, universales, directas y “secretas”. La intimidación que se hace de
los empleados públicos y los venezolanos más vulnerables que reciben ayuda del
Estado con la siembra de la percepción de la posibilidad de que el secreto del
voto es vulnerable y la poca determinación del CNE en disiparla se cuenta entre
las principales reflexiones con las que he participado en las convocatorias de
las etiquetas: “razones para votar el 7O”.
El 7-O quiero votar
con la expectativa y la exigencia de que el nuevo presidente se comprometa a
que la Constitución venezolana deje de ser una cartica del Niño Jesús olvidada
en un buzón de Ipostel.
Que derechos
consagrados en ella, como el de la vida, un trabajo digno, una vivienda,
servicios eficientes de salud, estén en el corazón de una política pública
democrática, no clientelar. En pocas palabras, votar por la restitución del
Estado de Derecho en nuestro país.
3. Entre las múltiples razones para votar el
7-O no podemos dejar por fuera la reciente decisión del Gobierno saliente de
denunciar la Convención Americana para sustraerse de la jurisdicción de la
Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta arbitraria iniciativa niega a
los venezolanos otro derecho fundamental consagrado en la carta magna: el
derecho de presentar peticiones o quejas ante los órganos internacionales para
solicitar amparos a derechos humanos vulnerados. Votaré, pues, por la
restitución del artículo 31 de la Constitución.
Oscar Lucien es miembro de Ciudadanía Activa
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