Julio María Sanguinetti* Escrito el Sep 6th, 2012
Asunción vio nacer el
Mercosur. En marzo de 1991 se firmó el tratado constitutivo, que cuajaba varios
años de maduración de la idea de una integración comercial liberalizadora y una
mayor sintonía en las políticas económicas.
Los primeros ocho años
fueron de avance sustantivo en todos los frentes, pero la devaluación
brasileña, en enero de 1999, dejó al desnudo la fragilidad de la
institucionalidad y la asimetría en el peso de las decisiones de cada Estado. A
partir de ese momento, ya nada fue igual y vinieron desconocimientos de
sentencias de los tribunales (caso del corte de un puente internacional entre
la Argentina y Uruguay), constantes medidas de restricción en el comercio (la
Argentina viene de instalar un complejo proceso de proteccionismo, respondido
por Brasil con medidas retorsivas) y una incongruencia creciente en las
políticas macroeconómicas. Veintiún años después, ahora en Mendoza, se suspende
de un plumazo al país natal del Mercosur y se abandona definitivamente el valor
jurídico de los tratados. Si Asunción lo bautizó, Mendoza, en esos inolvidables
28 y 29 de junio, le dio la extremaunción a un herido grave.
La
suspensión de Paraguay fue una arbitrariedad. El acuerdo de Ushuaia, que
estableció la cláusula democrática como condición para todo Estado miembro,
prevé claramente que en caso de existir violaciones institucionales se deben
realizar consultas y que sólo en el caso de que ellas sean infructuosas se
podrá ir a las sanciones. En el caso, no medió la menor consideración. Tres
miembros, sin siquiera escuchar al otro, resolvieron suspenderlo, al grito de
que se trataba de un golpe de Estado.
La
caída del presidente Lugo se produjo por un juicio político, previsto en la
Constitución paraguaya, a raíz de un sangriento episodio ocurrido en la
ocupación de un predio rural. La Cámara de Diputados acusó y el Senado condenó.
De 125 legisladores, sólo 5 votaron en contra de la remoción. Y asumió, también
como lo manda la Constitución, el vicepresidente, tan electo popularmente como
el presidente, al igual que los legisladores. Desde ya que no hubo intervención
militar ni policial ni violencia social alguna para influir en el resultado.
Todo ocurrió dentro del sistema jurídico del país.
Se
alega que se actuó demasiado rápido y puede ser cierto. Pero no son los países
vecinos quienes puedan juzgar ese tema procesal, cuando los órganos
constituidos lo han hecho de un modo tan claro y abrumador.
No
entramos a discutir si la resolución fue oportuna, tan cerca del final del
mando del presidente Lugo, ni si el incidente lo ameritaba. Lo que es indiscutible
es que todo ocurrió dentro del sistema y que el doctor Franco, el hoy
presidente, quien no participó de las decisiones, no es un usurpador y
solamente puede ser desconocido por un ejercicio abusivo y prepotente de
gobiernos vecinos, que asumen sobre el Paraguay una inaceptable tutoría.
Como
si todo lo reseñado fuera poco, se resuelve, a tambor batiente, ingresar al
Mercosur a Venezuela, cuya incorporación había sido negada por el Parlamento
paraguayo. Del modo más frangollado que se pueda pedir, se aprovecha la
coyuntura y sin que medie la unanimidad de las aprobaciones legislativas, como
exige el Tratado de Asunción, se hace entrar por la ventana a un país que,
además de su constante violación de libertades públicas, no tiene la menor
condición para integrarse al Mercosur. Simplemente porque éste se basa en la
libre circulación de mercaderías entre los socios y Venezuela posee un comercio
totalmente administrado por el Estado.
Producido
ese desenlace e intentando justificar que había salido de Montevideo con una
posición y terminó con la contraria, el presidente uruguayo afirmó que “lo
político supera ampliamente lo jurídico” y que “en los hechos, la
política entró a sustituir lo que no funcionaba”. Hasta llegó a decir que
como probablemente la próxima elección la gane el Partido Colorado paraguayo,
habría que aprovechar el momento para introducir a Venezuela. Quien le contestó
de inmediato fue su propio vicepresidente, Danilo Astori: es un “grave error
incorporar como miembro pleno a Venezuela”; “no se puede avasallar la ley por
la política”; “se desconocieron normas legales institucionales que considero
fundamentales para todos los miembros del bloque y que están en la base de la
propia existencia del Mercosur. El retroceso más grande y más grave que ha
sufrido el Mercosur en toda su compleja historia es que ahora la única
institucionalidad válida no es la de los tratados, no es la de los mecanismos
que nos protegen a todos y requieren largas y trabajosas negociaciones. Ahora
dependemos de las decisiones de los presidentes de los países”.
En
el terreno de la legalidad internacional, el Mercosur se ha deslizado a un decaimiento
generalizado. Como dice el vicepresidente Astori, a partir de ahora todo puede
esperarse de una reunión presidencial. No importa ya el tratado fundacional ni
los acuerdos posteriores. Todo puede ser rebasado al impulso de decisiones
presidenciales, que suelen ser el producto de momentáneos arrebatos
emocionales.
Si
esto ocurre en el terreno jurídico, nada mejor se advierte en el escenario
político. Está claro que si el presidente es “amigo” -como es el caso- se lo
defiende a cualquier precio; y si no lo es, se lo desconoce arbitrariamente,
como ocurre hoy con el doctor Franco. Aún peor: se ha aceptado pacíficamente el
más grosero intervencionismo en la política interna de un país. El canciller
venezolano, Nicolás Maduro, se trasladó a Asunción y se reunió ostensiblemente
con la cúpula militar paraguaya, que felizmente le respondió como debía,
ateniéndose a sus mandos institucionales.
¿Alguien
imagina en diciembre de 2001 o enero de 2002 a un canciller brasileño
conferenciando con los generales argentinos sobre las alternativas políticas
abiertas por la caída de De la Rúa, en aquel caótico proceso que produjo cuatro
presidencias en dos meses?
Lo
ocurrido en Mendoza es un salto atrás inconmensurable en el proceso de
integración regional, en la validez de los estatutos internacionales y en el
reconocimiento de sus principios inspiradores. En nombre de la democracia, se
han desconocido todos los valores que la sustentan. Ya no hay ley ni
principios. En nombre de solidaridades o enemistades políticas, se actúa sin
las limitaciones del derecho. Ni el principio de no intervención ha quedado en
pie. A partir de ahora, todo es válido. Y es muy triste reconocerlo.
*Julio
María Sanguinetti, Presidente de la Republica de Uruguay 1995-2000
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