JAVIER
CHICOTE / MADRID Día 17/09/2012
Javier Salas
Collantes, expresidente del INI, y su socio están imputados por el cobro de
comisiones, que también percibieron exmilitares venezolanos
Fue el gran contrato de Navantia, la naviera
pública, durante los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero: la construcción
de ocho patrulleras militares por las que Venezuela ha pagado más de 1.200
millones de euros. El acuerdo se cerró de Estado a Estado, con la implicación
directa de Zapatero, su ministro de Defensa, José Bono, y el presidente
venezolano, Hugo Chávez. Pero este hecho no evitó que Navantia pagara 42
millones de euros a varios comisionistas venezolanos y españoles, un 3,5
por ciento del monto global del contrato.
Un juzgado de instrucción de Madrid
mantiene imputados por tráfico de influencias y delito fiscal a los dos
comisionistas españoles, Javier Salas Collantes, último presidente del
Instituto Nacional de Industria (INI), que salió del Gobierno en 1996, y el que
fuera su subordinado en el INI Antonio Rodríguez-Andía. Cada uno ha
cobrado seis millones de euros. El INI que Salas presidió se transformó en la
actual SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales), que es dueña
del cien por cien del capital de Navantia.
La venta de los buques se firmó el 28
de noviembre de 2005 en Caracas. Poco antes, el 30 de septiembre, Navantia
firmó un acuerdo mediación con la empresa Rebazve Holding Ltd., a la que otorgó
una comisión del 3,5 por ciento de la venta, 42 millones de euros. A su vez,
Rebazve contrató a Rodríguez-Andía, expresidente de la pública Trasatlántica, y
le pagó doce millones de euros, de los que seis terminaron en cuentas del que
fuera fuera su jefe en los primeros gobiernos de Felipe González, Salas
Collantes.
Más comisiones
Rebazve, administrada por los
empresarios venezolanos Juan Rafael Carvallo López y Pedro Enrique Malavé
Benavides, también repartió en su país una parte de los 42 millones de euros
que facturaron. Según fuentes conocedoras de la negociación, hay constancia
documental de que Carvallo y Malavé destinaron «grandes cantidades de
dinero» a exmilitares de la Armada de Venezuela. De hecho, otro grupo de
exmilitares con importantes contactos en el ejército «bolivariano», liderado
por el exoficial Luis Calderón -ya fallecido-, protestó porque las comisiones
no les llegaron a ellos. Contrataron a un despacho de abogados español para que
reclamara su parte a Navantia. La empresa pública se negó a abonar cantidad
alguna «porque ya habían pagado una barbaridad a los de Rebazve», asegura a ABC
una fuente que intervino en la operación.
Fuentes no oficiales de Navantia consideran
«escandaloso» que se pagaran 42 millones de euros en comisiones en una venta
que se había cerrado de Estado a Estado: «Lo que hizo Salas Collantes lo podía
haber realizado alguien de Navantia». La postura oficial de la naviera pública
es que los comisionistas fueron necesarios.
Se trata de cuatro barcos «BVL» (Buque
de Vigilancia de Litoral) y otros cuatro «POVZEE» (Patrullera Oceánica de
Vigilancia de la Zona de Exclusión Económica). Sólo falta por entregar el
último buque, que se está construyendo en el astillero venezolano Dianca con
tecnología de Navantia.
Estados Unidos intentó vetar la
operación. No lo consiguió con los barcos pero sí con una partida de aviones
que la española CASA iba a fabricar y que incluían tecnología estadounidense.
Las noticias de este Diario "ABC" español, en relación y en contra del PSOE, cuando menos hay que tomarlas con ciertas reservas, sin que ello quiera decir que en esta ocasión no lleven razón, pero seguro que existen matices que se ocultan intencionadamente.
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