La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH) manifestó hoy su “profunda preocupación” por los “graves hechos
de violencia” tras las elecciones de Venezuela del 14 de abril y los “ataques
violentos” denunciados por legisladores opositores a finales de mes.
En este sentido, llamó al Estado
venezolano a “adoptar de manera urgente todas las medidas que sean necesarias a
fin de garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal, así como
los derechos políticos, el derecho de reunión y los derechos a la libertad de
asociación y de expresión en este contexto”.
Según explicó en el primer comunicado
en el que se manifiesta sobre la situación en Venezuela -la cual mantiene una
dura disputa con la CIDH, a la que acusa de actuar de forma parcial contra el
gobierno de Caracas- solicitó información al Estado tras recibir la
“preocupante información” del país sudamericano.
El gobierno venezolano respondió el 8
de mayo indicando que desde las elecciones del 14 de abril la Fiscalía General
ha contado nueve muertos y 78 heridos. “Las víctimas eran partidarias del
chavismo que fueron atacadas por grupos afectos a la oposición”, cita del
reporte oficial el organismo de derechos humanos de la Organización de Estados
Americanos (OEA).
La CIDH indica que el recuento de
organizaciones de la sociedad civil aumenta a 13 el número de víctimas mortales
en los hechos de violencia postelectorales. Agrega que éstas han denunciado
además que las muertes y lesiones “habrían sido consecuencia del presunto uso
excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de la Guardia Nacional, así
como detenciones presuntamente arbitrarias a miembros de la oposición, hechos a
los cuales el Estado no hizo referencia”.
“La Comisión llama al estado a iniciar
investigaciones sobre todas las muertes y hechos de violencia reportados, así
como a reforzar todas aquellas acciones que garanticen que las investigaciones
iniciadas se realicen de forma diligente e imparcial”, señaló hoy el organismo.
Asimismo, le recordó a Venezuela que
“el derecho de asociación y la libertad de expresión son derechos fundamentales
garantizados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos y son esenciales
para la existencia y el funcionamiento de una sociedad democrática”.
“La protección de tales derechos
comporta no sólo la obligación del Estado de no interferir con su ejercicio,
sino el deber de adoptar, en ciertas circunstancias, medidas positivas para
garantizarlo de manera efectiva”, puntualizó.
En su largo comunicado, la CIDH
también se hace eco de las denuncias de diputados de la oposición que
denunciaron a finales de mes haber sido golpeados en una plenaria de la
Asamblea Nacional (Congreso), durante una sesión en la que la directiva
insistió en reclamar el reconocimiento de Nicolás Maduro como presidente.
La CIDH “urge al Estado a cumplir con
el deber de investigar de manera pronta e imparcial, con arreglo al debido
proceso, todos los hechos de violencia, hostigamiento, amenazas, presiones
ilegítimas y amedrentamiento contra funcionarios públicos que hayan tenido
lugar, y a juzgar y sancionar a los responsables materiales e intelectuales”,
reclamó hoy la institución con sede en Washington.
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