Revista Semana 04 mayo 2013
El
gobierno venezolano parece combinar mayor flexibilidad en la política económica
con mayor represión política.
Nicolás Maduro lleva dos semanas como
presidente, y por las decisiones que ha tomado hasta el momento, está adoptando
una estrategia contradictoria para un presidente que no ha tenido un solo día
de luna de miel. Su legitimidad es cuestionada por la mitad del país que no
votó por él, y mientras sigue enfrascado en una dura pelea con su
contendor Henrique Capriles, enfrenta una pre-crisis económica grave.
La situación política no contribuye a
la estabilización económica de un país que lo está pidiendo con urgencia. La
semana pasada el gobierno capturó al general retirado Antonio Rivero, del
partido Voluntad Popular, acusado de incentivar la violencia postelectoral,
y a quien ya se considera el primer preso político del régimen.
El martes fueron agredidos varios
diputados opositores que protestaban contra la negativa del presidente de la
Asamblea, Diosdado Cabello, a permitirles hablar mientras no reconozcan a
Maduro. Hay denuncias según las cuales el gobierno está persiguiendo a los
funcionarios sospechosos de haber votado por Capriles, a quien el presidente y
sus subalternos siguen tratando de “fascista” y “asesino” mientras amenazan con
encarcelarlo.
Así las cosas, el diálogo parece
irremediablemente roto, lo que plantea un panorama pésimo para la economía.
Venezuela tiene un déficit fiscal del 12 por ciento del PIB, según Morgan
Stanley, de las tasas más altas para un país emergente, y la devaluación del
bolívar en febrero apenas alcanzó a cubrir un tercio de ese déficit, según la
firma Ecoanalítica.
No se puede hablar de hiperinflación
aún, pero es posible que cierre el año con 35 por ciento, la más alta de
América Latina y una de las peores del mundo. La escasez de ciertos alimentos y
productos de aseo alcanzó su nivel más alto de los últimos cinco años, según
cifras del Banco Central de Venezuela, y el gobierno no ha ajustado los precios
de ciertos rubros en meses. Aunque Maduro prometió elevar el salario
mínimo gradualmente, los venezolanos sienten que el dinero igual no les va a
alcanzar.
Venezuela no está quebrada, pero es
probable que solo crezca un uno por ciento este año. A pesar de que el precio
del barril de crudo ronda los 100 dólares, la economía no crece con suficiente
velocidad y cada vez depende más de las importaciones. Para ello necesita
dólares, pero el gobierno mantiene un estricto control cambiario desde 2003.
La reciente decisión de eliminar uno
de los mecanismos de acceso a divisas, conocido como el Sitme, para crear un
sistema de subasta conocido como Sicad, resultó peor porque terminó por
beneficiar a unos pocos y el gobierno aún no ha anunciado fecha para una
próxima subasta. Ante la falta de acceso el mercado paralelo se ha disparado,
al punto que se ha llegado a pagar 25 bolívares por dólar, mientras la tasa
oficial, con devaluación incluida, es de 6,30.
Gran parte del problema es que el
petróleo que vende Pdvsa provee el 96 por ciento de las divisas que entran al
país. Pero por cuenta de los convenios bilaterales que Venezuela ha firmado con
gobiernos amigos en los últimos cinco años, no solo le pagan el crudo a
precios subsidiados, sino que lo hacen con alimentos u otros bienes, lo que
afecta el flujo de caja para financiar al Ejecutivo.
La producción, además, ha venido
declinando. Hoy la cifra oficial es de 2,9 millones de barriles de crudo
diarios, pero de acuerdo con otros analistas y cálculos del Departamento de
Energía de los Estados Unidos, puede ser aun más baja.
La única forma para producir más sería
que las empresas extranjeras socias de los proyectos de la Faja del Orinoco
inyectaran capital, o que el precio subiera, porque gran parte del dinero que
recibe hoy Pdvsa se destina a otros propósitos, muy distintos a fortalecer su
producción.
Antes se decía que Pdvsa era un Estado
dentro del Estado. Hoy se dice en Venezuela que Pdvsa es el Estado. A la
petrolera le han ido colgando cada vez más responsabilidades ante la
ineficiencia de los que deben responder por la distribución y adquisición de
alimentos, obras de infraestructura o desarrollo urbano, entre otros.
Pdvsa hoy tiene 7 empresas filiales y
a través de una entidad conocida como el Fondem, es la máquina que financia
prácticamente a todo ese gobierno sobredimensionado, pues el sector público
representa hoy el 44,3 por ciento de la economía y 7 millones de personas,
empleados, contratistas o pensionados, dependen del Estado para subsistir.
Además el gasto público, a través de misiones, subsidios y otros servicios
estatales, representa hoy 45 puntos de su PIB mientras, según Econalítica, en
1999 apenas alcanzaba 26.
El presidente de Pdvsa es Rafael
Ramírez, a su vez ministro de Petróleo y Minería, y vicepresidente de
Reordenación Territorial. Era uno de los hombres más leales a Chávez, cercano a
su hermano Adán, y es conocido por su militancia socialista y por ser un hombre
distante y cerrado ante el sector privado petrolero. Las otras dos cabezas del
triunvirato económico son Jorge Giordani, hasta ahora ministro de Finanzas y
Planificación, y Nelson Merentes. De los tres Giordani es el más radical, le
dicen el monje, y fue quien dirigió la nacionalización y expropiación de varias
empresas.
Era el profesor de Chávez y quien ha
diseñado el híbrido régimen económico conocido como “socialismo del siglo XXI”.
Merentes, por su parte, es el más pragmático de los tres, fue ministro de
Economía durante algunos años y desde 2009, hasta hace una semana, era el
presidente del Banco Central de Venezuela, desde donde mantuvo una política de
diálogo y entendimiento con otros sectores.
Por eso resulta llamativo que Maduro
haya decidido crear el Ministerio de Finanzas separado del de Planificación, y
poner el primero en cabeza de Merentes, quien también asume la vicepresidencia
económica y está sentado en las juntas del Banco Central de Venezuela (BCV) y
de Pdvsa.
Muchos han visto en esa movida, que
dejó a Giordani solo con la Planificación, una señal de que, al menos por
ahora, busca una mayor apertura y flexibilización económica, incluso acercarse
al sector privado, que no solo pide dólares a gritos, sino mayor interlocución
con el gobierno. Maduro ha anunciado además la creación de unas zonas
económicas especiales y se reunió hace una semana con empresarios del estado
Zulia para invitarlos a participar en proyectos conjuntos.
El gobierno busca aumentar la producción
de ciertos bienes, especialmente agrícolas, que le permitan reducir la escasez,
la inflación y aumentar el empleo. Además de estas medidas, podría emitir más
bonos, pedir prestado a Rusia o China, escalonar las tarifas de servicios como
ya lo insinuó para superar la crisis en el sector eléctrico, y en últimas, no
se descarta una nueva devaluación, que ha sido el mecanismo de ajuste fiscal
utilizado en Venezuela.
Merentes saca pecho porque durante su
anterior mandato logró reducir dramáticamente el riesgo país. Este debe ser, de
nuevo, uno de sus objetivos, y no solo porque las empresas no confían en
las reglas del juego de un Estado que oscila entre la radicalización y
flexibilización según haya elecciones o no, sino también por la opacidad existente
en el manejo de los recursos y la forma como el gobierno rinde cuentas no solo
sobre su principal empresa, Pdvsa y especialmente el Fondem, sino también sobre
sus reservas internacionales.
El reto para el nuevo ministro, y para
Maduro, es recuperar esa confianza, lo que además aumentaría su popularidad.
Pero mientras el gobierno siga empeñado en mantener la confrontación política,
la estabilización económica se ve todavía muy lejos.
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