Autonomía Local en crisis

Por Carlos Romero M., 28/07/2013

En España la jurisprudencia constitucional ha interpretado que los legisladores pueden disminuir o acrecentar las competencias municipales, pero no pueden eliminarlas por entero; agrega además la jurisprudencia que el debilitamiento de las competencias municipales sólo puede hacerse con razón suficiente y nunca en daño del principio de autonomía, que es uno de los principios estructurales de la Constitución española.[1]

El tema de la autonomía municipal está en la agenda política del gobierno español en ocasión del anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, cuya aprobación por el Consejo de Ministros ha sido pospuesta luego que fuera anunciada semanas atrás para el pasado 19 de julio de 2013.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, expresó que el anteproyecto de Ley es una “tijera de austeridad” que ahorraría a las arcas públicas más de 7.129 millones de euros en 3 años, a través de la eliminación de duplicidades, sueldos y personal. Para Montoro el anteproyecto de la Ley exigirá que el 82% de los concejales de España no sean a dedicación exclusiva[2].

El anteproyecto de Ley propuesto por Rajoy persigue “adelgazar la administración municipal y engordar los escalones más distantes de la base social”[3], tal y como advierte Antonio Papell en un artículo firmado en el portal web El Economista, cuyo contenido coincide, en términos generales, con el dictamen que sobre el anteproyecto publicó el Consejo de Estado español, como órgano asesor del gobierno, el pasado 26 de junio del 2013.

Para el Consejo de Estado Español, es claro que el anteproyecto promueve una reforma profunda al régimen jurídico que regula las entidades locales en ese país y puede representar un verdadero cambio en el modelo institucional de la Administración Local española; por esa razón, es que sobre el contenido del anteproyecto hay muchas críticas y cuestionamientos, incluyendo de los propios alcaldes del partido de gobierno.

Entre las principales alertas que destaca el dictamen del Consejo de Estado español, está la advertencia que con el esquema planteado del régimen de competencias municipales, el anteproyecto abre el camino hacia un proceso de vaciamiento de competencias municipales que pone en riesgo el principio de autonomía local.

Ese vaciamiento de competencias que advierte el Consejo de Estado español beneficia a las Diputaciones Provinciales, instancias de apoyo a los municipios y cuya representación es de segundo grado, no resultan de la votación directa y en consecuencia, no es fácil exigirles responsabilidad política en caso de que la gestión desarrollada no se adecue a las disposiciones aplicables o, simplemente, no se considere adecuada por los ciudadanos, lo que en última instancia -señala el Consejo de Estado- puede llegar a desvirtuar el principio democrático.

Otro elemento que destaca el Consejo de Estado, es la necesidad de precisar lo que ha llamado el anteproyecto: “coste estándar”, que viene a ser el parámetro que se propone para evaluar el modo como los Municipios deben prestar los servicios mínimos obligatorios. Resulta curioso, y así lo destaca el dictamen, que esos mínimos obligatorios en la prestación de servicios sea dirigido sólo a los Municipios y no haya nada similar o exigencias básicas en este sentido para las Diputaciones Provinciales.

El Consejo de Estado recomienda profundizar o trabajar con mayor detalle el “coste estándar”, pues resulta una herramienta que requiere verla con cuidado pues ella facilita el camino para ir debilitando la autonomía municipal garantizada en la Constitución española, a través de un proceso de reducción excesiva de competencias.

Mientras que en España se abre un debate político sobre la autonomía local, luego de casi 30 años de vigencia de las normas que regulan el régimen local, en Venezuela, la autonomía municipal se encuentra claramente amenazada y debilitada considerablemente en beneficio de las instancias del Poder Popular; además, en el caso venezolano, se trata de un régimen local cuyo régimen jurídico no llega a cumplir aún los 10 años de vigencia; por lo tanto, el municipio que hoy conocemos, es para muchos ciudadanos un diseño político desconocido.

Cuánta falta ha hecho en Venezuela espacios para el debate político sobre la autonomía municipal como principio constitucional y para que el ciudadano pueda informarse con detalle, así como sucedió con la propuesta de reforma constitucional en el 2007, sobre las consecuencias de un proceso de transformación que va anulando poco a poco la autonomía local. El tema de la autonomía local no va a poder ser obviado para las elecciones de diciembre 2013, pues es un tema esencial y vital para la propia existencia de los Municipios.

[1] Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Consejo de Estado: Dictámenes. 26 de junio de 2013. Número 567-2013 http://www.boe.es/buscar/doc.php?coleccion=consejo_estado&id=2013-567

[2] FERNANDEZ, María. La reducción en sueldo de Concejales será de 146 millones, 2% del ahorro.  El País. 15 de febrero 2013. Online: http://politica.elpais.com/politica/2013/02/15/actualidad/1360933314_036019.html

[3] PAPELL, Antonio. La dudosa reforma local. En: El Economista.es. 20 de julio de 2013. Online en: http://www.eleconomista.es/firmas/noticias/5007750/07/13/la-dudosa-reforma-local.html

Carlos Romero M.

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