Miguel Méndez Rodulfo Caracas,
25 de julio de 2013
El cuarto acuerdo del Pacto por México
se refiere a la “Transparencia,
Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción”, y consiste en primer lugar
en la implantación de una reforma para la rendición de cuentas contables; pero
además abarca la ampliación de las facultades del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos
(IFAI), para que sea un organismo con rango constitucional, dotado con
autonomía presupuestaria y de decisión, encargado fundamentalmente de
garantizar el derecho de acceso de las personas a la información pública
gubernamental, proteger los datos personales que están en manos tanto del
gobierno federal, como de los particulares y de resolver sobre las negativas de
acceso a la información que las dependencias o entidades del gobierno federal
hayan formulado. Por otra parte se crea el Consejo Nacional para la Ética
Pública con la participación tanto de la sociedad civil como de autoridades;
adicionalmente, se establece la creación de una Comisión Nacional
Anticorrupción y también de comisiones estatales, con facultades de prevención,
denuncia, investigación y sanción administrativa.
El quinto acuerdo se refiere a la “Gobernabilidad Democrática” y se
concreta primero en una reforma electoral y en varios otros aspectos: Impulso a
una nueva Ley General de Partidos, que promueve una mayor transparencia del
gasto de las organizaciones políticas; la disminución de los topes de campaña;
la revisión de los tiempos oficiales de radio y televisión; la racionalización
de los anuncios publicitarios; la prohibición del uso y entrega de utilitarios
de promoción electoral (materiales plásticos, materiales textiles, despensas y
materiales de construcción); el fortalecimiento de la legislación para evitar
el uso de esquemas financieros y/o recursos de origen ilícito con el propósito
de inducir y coaccionar el voto; la creación de una Autoridad Electoral
Nacional y una legislación única, que se encargue tanto de las elecciones
federales, como de las estatales y municipales y la incorporación de nuevas
causales de nulidad de una elección tales como como: el rebase de los topes de
campaña, la utilización de recursos al margen de las normas establecidas y la
compra de cobertura informativa. Para control de todo ello, se crea una
Instancia Ciudadana de Supervisión de la Contratación de Publicidad, dotada de
autonomía, que fiscalice en todos los niveles de gobierno el desembolso en
medios de comunicación, establezca un límite en el gasto de publicidad de cada
entidad pública y garantice el derecho de réplica.
Además, se va a revisar el marco legal
de los fueros para eliminar los privilegios desmedidos de que gozan los
políticos. De igual forma también se revisará la reelección de los
legisladores. En otro orden de ideas, se dará cabida a candidaturas independientes
de iniciativa ciudadana. Por otra parte, se impulsará la figura de gobiernos de
coalición que tengan un programa de gobierno común y una agenda legislativa
dirigida a cumplir ese programa.
La reforma electoral mexicana,
significa un cambio radical en la manera de hacer campañas en ese país, y como
sería impensable que un organismo del Estado se coloque servilmente a favor de
una parcialidad política, no tocaron este punto que tanto nos afecta a los
venezolanos. Porque, como está comprobado, Pdvsa, en vez de extraer, refinar y
vender petróleo, se dedica los cuatro meses anteriores a las campañas, a
identificar centros de votación, a elaborar listas de electores, a realizar
activismo político en favor del partido oficial, a realizar la logística para repartir
electrodomésticos u otros bienes con el fin de comprar conciencias, a
coaccionar familias que no se dejen sobornar, a transportar votantes y en
general a toda clase de abusos políticos. Toda una violación de la ley, hecha
tan descaradamente que es imposible de cometer en cualquier otro país
democrático del mundo.
Miguel Méndez Rodulfo
Caracas, 25 de julio de 2013
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