EWALD SCHARFENBERG Caracas 11 NOV 2013
El presidente venezolano
alienta el saqueo de las tiendas a las que acusa de disparar los precios y
promete hasta 30 años de prisión para los especuladores
El presidente venezolano, Nicolás
Maduro, dio señales este fin de semana de que se propone desarrollar la
doctrina económica que su par de Zimbabue, Robert Mugabe, intentó para bajar la
inflación por decreto en 2007, cuando los precios tardaban 15 horas en
duplicarse en esa nación del sur de África. Entonces Mugabe, básicamente,
“prohibió” la inflación y procedió a cerrar los establecimientos comerciales
cuyos propietarios, a quienes acusó de avaros, incrementaran los precios.
Apenas 48 horas después de que el
Banco Central de Venezuela (BCV) informara de que en octubre los precios
aumentaron un 5%, y que con ello durante un año la tasa de inflación escalaba
al 54%, Maduro tomó la idea donde Mugabe la dejó.
El viernes por la noche, en cadena
nacional de radio y televisión, anunció la ocupación de las cinco tiendas de
una importante cadena de electrodomésticos, Daka, en la que se habrían
detectado aumentos “injustificados” de precios. Sin aguardar a que la
presunción se convirtiera en certeza, ordenó confiscar los inventarios de Daka
y ponerlos de inmediato a la venta a unos “precios justos” que las mismas
autoridades gubernamentales establecieron de manera sumaria.
La subasta de artefactos para el hogar
resultó un llamado irresistible para miles de compradores que se agolparon
frente a las tiendas. El tumulto derivó en saqueo en al menos una de las
sucursales de Daka, en Valencia, capital del estado de Carabobo, donde se vio a
funcionarios militares y policiales correr con parte del botín.
El sábado, Maduro extendió la
operación de “ventas supervisadas” a otros minoristas de electrodomésticos.
Además, anunció que algunos de los gerentes y dueños de esos establecimientos
fueron detenidos por la policía política, Sebin (Servicio Bolivariano de
Inteligencia), en cuyos calabozos permanecen a la orden de la fiscalía.
Al parecer, el Gobierno habría
considerado exitosa la toma de los comercios —tanto como medida extrema de
distribución de los bienes, por un lado, como freno heterodoxo de la inflación—,
ya que el domingo, en una inusual cadena de radio y TV al filo de la
medianoche, el presidente Maduro anunció que ayer se iniciaría una ofensiva
similar contra expendios de otras categorías: alimentos, calzado, ferretería,
juguetes, vehículos y ropa. “Tengan calma y confíen en el Gobierno”, instó el
mandatario a los cazadores de ofertas, para que en las tiendas donde ahora se
practique la toma y fiscalización no se reproduzcan las largas filas de
ansiosos compradores que, aún ayer, persistían frente a los negocios de
electrodomésticos. “Así iremos bajando los precios en toda la economía hasta
conseguir el equilibrio”.
Durante su alocución dominical, Maduro
no descartó que el Estado deba retener el control de algunos de los comercios
intervenidos “porque sus dueños hayan huido”. A los comerciantes “que
especulen” les prometió penas de 30 años de cárcel —la máxima permitida por la
Constitución Nacional—, que promulgará una vez cuente con los poderes
especiales para legislar que con toda probabilidad esta semana le otorgará la
Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo. También apuntó que entonces
establecerá por ley márgenes “razonables” de ganancias en todos los ramos de la
economía.
Estos vaticinios nada auspiciosos para
las libertades económicas en Venezuela parecen marcar el inicio de una nueva
fase de la autodenominada Revolución Bolivariana. Diversos observadores
hicieron notar que las confiscaciones en Daka, así como la ocupación el mismo
viernes por la noche de una distribuidora de productos lácteos, Agropecuaria
Sudamericana, afectaron a comerciantes vinculados a figuras del chavismo, lo
que dejaría entrever que también en la maniobra se están cobrando facturas
entre las facciones internas oficialistas.
Pero con independencia del paso dado
por el Gobierno, una resaca de quiebra moral parecía impregnar a la opinión
pública que se expresa por las redes sociales. Mientras la anarquía asomaba el
rostro en las principales ciudades, muchos venezolanos se cuestionaban
atormentados por la débil condición cívica de aquellos que corrieron a
aprovechar las gangas forzadas por el Gobierno. Que las medidas amenacen con
clausurar una parte del comercio y hacer aún más escasos algunos bienes de
consumo que ya faltan con regularidad, de ningún modo contribuía a sembrar la
calma.
No debe ser mera coincidencia que
también el presidente Maduro otorgue una categoría espiritual a esta batalla
que libra en medio de lo que viene llamando “la guerra económica”. Aseguró que
no hay ningún motivo de índole económica que explique la continua escalada de
precios, que imputa, en cambio, a un plan diseñado por Estados Unidos y la
oposición para desestabilizar a su Gobierno, y al muy humano afán de riqueza.
Tal vez por eso y porque era domingo,
Maduro hizo las veces de telepastor y dedicó la parte final de su intervención
a referencias ecuménicas del islam, el judaísmo y hasta del taoísmo, que
condenan la usura y la codicia. “A los especuladores les haremos llegar las
leyes”, dijo, mientras sostenía un ejemplar de la Constitución venezolana, el
mandatario, reconocido seguidor del gurú hindú Sai Baba, aunque en su discurso
oficial se asuma como católico. “Pero tengan por seguro que de las leyes de
Dios no se podrán escapar”, dijo.
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